El Tribunal Supremo no aprecia por ahora fraude a la UE en la investigación sobre Ábalos y Cerdán, pero no lo descarta
El Tribunal Supremo ha comunicado a la Fiscalía Europea que, de momento, no existen indicios de que las obras públicas bajo investigación en la denominada trama de Ábalos y Cerdán hayan implicado el uso irregular de fondos provenientes de la Unión Europea. Sin embargo, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha precisado que «no puede tampoco descartarse dicha eventualidad» en el avance de las pesquisas.
Sin pruebas actuales de perjuicio a fondos europeos
Según una providencia reciente, el juez señala que hasta la fecha no consta que ninguna de las obras públicas investigadas haya comprometido recursos financieros de la Unión Europea. No obstante, advierte que si en el transcurso de la instrucción se descubriera dicha implicación, se consideraría como un elemento accidental en la causa.
El objeto principal de la investigación es la posible existencia de organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, mediante presuntas prácticas de cohecho y abuso de influencia, habrían favorecido la adjudicación de determinadas obras públicas. Todo ello, según la resolución judicial, «con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas».
Respuesta a la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea había solicitado información al magistrado sobre las obras analizadas en la causa, con el fin de comprobar si existían coincidencias con denuncias previas realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y así valorar su competencia en el caso.
Detalles de la investigación
El pasado 23 de septiembre, el Supremo abrió una pieza separada centrada en la adjudicación de obras públicas. Entre los investigados se encuentran el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exasesor ministerial Koldo García, así como seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.
En su informe, el juez Puente identifica indicios de la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener adjudicaciones indebidas de obra pública. Las empresas eventualmente favorecidas habrían obtenido un beneficio económico y, a cambio, ciertas autoridades o funcionarios públicos habrían percibido recompensas económicas indebidas, utilizando su influencia sobre los órganos responsables de las adjudicaciones.
La investigación también contempla la posible existencia de una segunda organización, de menor entidad económica y con parte de los mismos funcionarios implicados, que habría actuado de forma similar en relación a otras entidades constructoras.
Obras públicas bajo análisis
El informe detalla las obras públicas específicas objeto de investigación, diferenciando entre las vinculadas a la entidad pública ADIF y las dependientes de la Dirección General de Carreteras. Tras la recepción de los expedientes completos, el pasado 23 de septiembre se solicitó a la Intervención General del Estado un informe exhaustivo, que aún está pendiente de presentación.
Conclusiones provisionales del juez
La conclusión provisional del magistrado es clara: «Hasta el momento presente no consta en esta causa especial que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad». En cualquier caso, insiste el juez, el foco de la investigación es la posible existencia de organizaciones criminales que habrían obtenido adjudicaciones mediante cohecho e influencia indebida, independientemente del origen de los fondos utilizados.
Finalmente, el magistrado recalca que no está probado, al menos por ahora, ningún perjuicio cierto para los fondos europeos ni la existencia de elementos de carácter transfronterizo en la causa.
Nota:
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