Escándalo en el Tribunal de Cuentas: Chicano mantiene bloqueadas las solicitudes del PP para fiscalizar al Gobierno y sus aliados
El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse su falta de respuesta ante diversas peticiones de fiscalización que afectan al Gobierno, el PSOE y sus socios parlamentarios, como el PNV y Bildu. Según información revelada recientemente, existe una paralización prolongada de solicitudes formuladas por el Partido Popular (PP) y avaladas por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Bloqueo de seis peticiones clave desde hace más de un año
Desde septiembre de 2023, Chicano mantiene inactivas seis peticiones aprobadas en la Comisión Mixta, todas ellas dirigidas a examinar actuaciones e instituciones relacionadas con el Ejecutivo y sus socios. La más antigua de estas solicitudes busca fiscalizar la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2018 hasta 2023, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta del organismo.
Ante la pregunta de la diputada popular Pilar Alía, realizada el pasado 7 de octubre, la presidenta del Tribunal de Cuentas respondió de manera escueta: «El asunto está en marcha, ¿cuándo estará? no se lo puedo decir». Esta actitud ha sido calificada por algunos representantes del PP como «el congelador» de Chicano, en alusión a la práctica de demorar o archivar iniciativas que podrían resultar incómodas para el Gobierno.
Solicitudes sin avances y asuntos pendientes
Sobre las cinco restantes peticiones, no existe información concreta ni indicios de que se estén tramitando con diligencia. Entre ellas destaca la investigación de las cuentas y contrataciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2018 hasta 2024, cuya solicitud fue aprobada en marzo de este año.
En mayo, el Congreso ordenó la fiscalización de las contrataciones de personal en las empresas públicas Tragsa, Tragsatec, Ineco y Emfesa, en el marco de la investigación sobre el denominado «caso Ábalos». Este caso apunta a la presunta contratación irregular de personas para recibir sueldos públicos sin desempeñar funciones, circunstancia que podría afectar gravemente la imagen del Gobierno.
- Palacete de París: También en mayo, se solicitó examinar la cesión del antiguo Palacete de París, sede previa del Instituto Cervantes, entregado al PNV. Esta operación generó controversia al interpretarse como una concesión política a cambio de apoyo parlamentario.
- Subvenciones a Bildu: En octubre, se pidió fiscalizar los adelantos de subvenciones percibidos por Bildu en las elecciones locales de 2023, pese a la polémica inclusión de exmiembros de ETA en sus listas.
- Justificación de subvenciones: En junio, el PP solicitó un análisis detallado sobre el momento de devengo de las subvenciones a Bildu por las mismas elecciones, trámite que aún no ha sido atendido.
Dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Cuentas
La pasividad del Tribunal de Cuentas ante estos requerimientos ha suscitado interrogantes acerca de su independencia y la influencia política en su funcionamiento. Las dudas se han intensificado tras la comparecencia de Enriqueta Chicano en la Comisión Koldo del Senado, especialmente después de conocerse que su nombramiento fue propuesto por Santos Cerdán, figura relevante del PSOE.
Cabe recordar que la designación de Chicano al frente del Tribunal de Cuentas fue resultado de un acuerdo entre el PSOE y el PP en la etapa de Pablo Casado, lo que añade un elemento de complejidad al actual contexto de desconfianza y críticas sobre la transparencia institucional.
Reacciones y consecuencias
La actitud del Tribunal de Cuentas ha motivado al PP a anunciar acciones legales, incluyendo una querella y un recurso ante el Tribunal Constitucional. La formación popular denuncia una supuesta estrategia de dilación deliberada de aquellas investigaciones que podrían perjudicar políticamente al Gobierno y sus aliados.
El escándalo pone en cuestión la función de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas, institución clave para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas por parte de las administraciones y partidos políticos.
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