Trump convierte cinco ciudades demócratas en epicentro de su ofensiva contra el «enemigo interno

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Radiografía de las cinco ciudades demócratas que Trump ha elegido como laboratorio para combatir al «enemigo interior»

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha transformado la Guardia Nacional en un instrumento de presión y control dirigido principalmente contra los bastiones demócratas de Estados Unidos. Bajo la premisa de combatir lo que califica como “enemigo interno”, el mandatario ha intensificado la intervención militar en cinco ciudades clave, marcando un giro en la función tradicional de este cuerpo de reservistas y generando un profundo debate sobre la militarización de la seguridad interna.

De la protección civil a la represión política

Históricamente, la Guardia Nacional tenía como principal función la asistencia en situaciones de emergencia, como catástrofes naturales, y solo participaba en operaciones militares en el extranjero. Sin embargo, la nueva estrategia presidencial ha convertido a este cuerpo en el eje de un operativo dirigido a reforzar el control federal en ciudades de fuerte predominio demócrata. En lugares como Los Ángeles, la percepción de la Guardia Nacional ha pasado de la confianza al recelo, especialmente tras los despliegues para contener protestas y acelerar redadas migratorias.

El mecanismo de control: federalización y despliegue selectivo

Cada estado cuenta con su propio contingente de la Guardia Nacional, bajo autoridad del gobernador, salvo en el caso de Washington D.C., donde responde directamente al presidente. En los últimos cuatro meses, Trump ha utilizado estratégicamente cinco ciudades para poner a prueba hasta dónde puede extender su control sobre estos efectivos y utilizarlos como herramienta de presión política y operativa.

  • Chicago
  • Portland
  • Washington D.C.
  • Memphis
  • Los Ángeles

Chicago: intervención a pesar de la oposición estatal

El reciente envío de la Guardia Nacional a Chicago se produjo pese al rechazo del gobernador de Illinois, JB Pritzker. Trump federalizó 200 soldados del contingente local y movilizó 300 más desde Texas, sumando cerca de 500 efectivos en las inmediaciones de la ciudad. No obstante, una jueza de distrito bloqueó la operación al considerar que la presencia militar solo agravaría las protestas, que en su mayoría habían sido provocadas por acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La operación “Midway Blitz”, lanzada el 9 de septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional, intensificó las redadas en la comunidad migrante y latina, dejando más de un millar de detenidos. Las imágenes de helicópteros sobrevolando bloques de viviendas y la detención de familias enteras generaron un fuerte rechazo social, mientras que las protestas en la ciudad se mantuvieron en niveles bajos.

Portland: epicentro de la resistencia antifascista

Portland, reconocida por su activa organización Rose City Antifa, fue otro de los focos de intervención. El presidente calificó la ciudad como “bajo ataque de Antifa” y federalizó a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón para reforzar la vigilancia cerca de instalaciones de ICE. Sin embargo, el despliegue fue bloqueado judicialmente después de que las protestas, en su mayoría pacíficas y simbólicas, fueran reprimidas con gases lacrimógenos por agentes federales.

Las escenas de represión, como el uso de gas directamente sobre manifestantes disfrazados, evidenciaron la tensión entre las autoridades locales y federales. Pese a los intentos presidenciales de aumentar el control, los tribunales han frenado en varias ocasiones la federalización de los efectivos.

Washington D.C.: militarización de la capital

En la capital estadounidense, la presencia de la Guardia Nacional en las calles se ha prolongado por dos meses, sin fecha clara de retirada. La declaración de “emergencia criminal” por parte de Trump justificó la militarización, aunque los datos oficiales mostraban una reducción del 26% en el crimen violento y un descenso del 12% en los homicidios respecto al año anterior.

Desde agosto, se han registrado más de 3.550 arrestos, de los cuales cerca de 1.400 corresponden a detenciones administrativas ejecutadas por ICE, principalmente contra personas sin papeles. El resto de arrestos se relaciona con delitos violentos, narcotráfico, posesión de armas y crímenes sexuales.

Memphis: despliegue con apoyo estatal

En contraste con otras ciudades, el envío de la Guardia Nacional a Memphis contó con el consentimiento del gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee. Aunque Trump alegó un aumento “tremendo” de la criminalidad, el alcalde demócrata Paul Young defendió los avances en la reducción del delito tras el repunte de 2023. Los reservistas, en línea con la legalidad, solo pueden retener temporalmente a individuos en situaciones de amenaza hasta la llegada de la policía local.

Los Ángeles: inicio de la escalada militar

La intervención en Los Ángeles marcó el punto de partida para la actual estrategia federal. Tras una redada violenta en un estacionamiento, Trump desplegó más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, acompañando a los agentes de ICE en sus operativos. Esto se realizó en contra de la voluntad del gobernador Gavin Newsom, quien posteriormente logró una sentencia judicial que declaró ilegal el despliegue.

Durante las protestas, se implementó un toque de queda y la policía realizó más de 338 arrestos en los primeros días, muchos de ellos por incumplimiento de las restricciones. Aunque las manifestaciones disminuyeron rápidamente, la presencia militar se mantuvo por dos meses y el gobierno federal sigue controlando a 300 reservistas en la ciudad.

Conclusiones: un laboratorio de confrontación política y social

El uso de la Guardia Nacional por parte del presidente Trump en estas cinco ciudades ha generado un profundo debate sobre los límites de la autoridad federal y la militarización de la seguridad pública. Las intervenciones, diseñadas como un “laboratorio” para testar el alcance del poder presidencial, han intensificado la polarización política y la desconfianza social, especialmente en los enclaves demócratas más críticos con la administración actual.

La instrumentalización de los cuerpos de seguridad y la retórica de la “zona de guerra” han dejado un saldo de cientos de arrestos, escenas de represión y un clima de incertidumbre respecto al futuro de las libertades civiles en Estados Unidos. Los tribunales y las autoridades estatales han jugado un papel clave en frenar algunos de estos excesos, pero la tensión entre el gobierno federal y los gobiernos locales persiste y marca un nuevo capítulo en la historia política del país.

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