El Ministerio de Juventud e Infancia propone limitar a diez plazas los centros de acogida y establece una ratio de un educador por cada cuatro menores
El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado un nuevo Real Decreto destinado a regular y homogeneizar los estándares mínimos de calidad en el sistema de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes en toda España. La nueva normativa, que iniciará su tramitación el próximo viernes 17 de octubre en la Comisión Sectorial, pretende garantizar la protección, seguridad y derechos de los menores en situación de desamparo o bajo guarda provisional, respondiendo así a las desigualdades existentes entre comunidades autónomas.
Hacia un modelo de cuidados más humano y familiar
El Real Decreto se enmarca en la estrategia estatal “Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad”, que impulsa la desinstitucionalización y promueve el acogimiento familiar por encima del residencial. El objetivo es que los recursos residenciales adopten características lo más semejantes posible a un entorno familiar, con una estructura reducida y ambientes acogedores que faciliten la convivencia y el desarrollo integral de los menores.
Priorización del acogimiento familiar y apoyo a las familias
La norma establece como preferente el acogimiento familiar, salvo que esta medida no responda al interés superior del menor. Para ello, las comunidades autónomas deberán dotar de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para fomentar este modelo, garantizando además formación continua y apoyo a las familias de acogida.
El decreto también impulsa la reunificación familiar, siempre que sea posible y respetando el bienestar y la opinión de los menores, quienes tendrán derecho a ser escuchados en todos los procedimientos que les afecten, independientemente de su edad. Este principio se reforzará en la próxima reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
Nuevos estándares para el acogimiento residencial
Aunque la acogida familiar es prioritaria, el texto reconoce la importancia de disponer de plazas residenciales de calidad. Cada comunidad autónoma deberá contar con al menos una plaza residencial por cada 2.250 habitantes. Los centros residenciales tendrán, preferentemente, un máximo de diez plazas, ampliable excepcionalmente hasta quince.
- Los dormitorios tendrán una capacidad máxima para dos menores, con camas individuales y una superficie de cinco metros cuadrados por persona.
- Se deberán habilitar espacios diferenciados para el descanso, estudio y actividades cotidianas.
Requisitos para los equipos profesionales
El Real Decreto fija una ratio mínima de un educador o educadora por cada cuatro menores. Además, la dirección del centro deberá estar a cargo de una persona con formación en intervención social o psicoeducativa, y cada centro deberá contar con al menos un profesional especializado en psicología infanto-juvenil o en derechos de la infancia.
- En cada turno de trabajo, se requerirá la presencia de al menos dos profesionales, incluso si el número de menores es inferior a cuatro.
- En todos los casos, deberá haber un mínimo de tres trabajadores por turno.
Supervisión, formación y programas de transición
La nueva normativa obligará a las instituciones públicas responsables a establecer sistemas de habilitación e inspección de los centros, cuyos resultados deberán comunicarse al Ministerio de Juventud e Infancia a través de informes detallados con indicadores de calidad.
Asimismo, se promoverán programas formativos de apoyo familiar y crianza positiva dirigidos a las familias de origen, con el fin de facilitar una reintegración familiar segura y respetuosa.
Preparación para la vida adulta
El Real Decreto contempla también la obligación de desarrollar programas de preparación para la vida independiente, destinados a que los jóvenes puedan afrontar con éxito la transición a la edad adulta. Estos programas incluirán acompañamiento profesional, formación, inserción laboral, asesoramiento jurídico, acceso a ayudas económicas, becas y soluciones habitacionales adecuadas.
Con estas medidas, el Ministerio de Juventud e Infancia busca garantizar que todos los menores en situación de acogimiento reciban una atención digna, personalizada y adaptada a sus necesidades, promoviendo su bienestar y desarrollo integral en todas las etapas de su vida.
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