Feijóo se desmarca de Ayuso en el debate sobre el registro de objetores al aborto
El Partido Popular ha evidenciado una inusual brecha interna a raíz del debate sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP han comunicado su intención de acatar la legislación sobre el registro de médicos objetores en casos de aborto, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, mantiene su rechazo frontal a la medida.
Madrid, la única comunidad en desacato
El conflicto ha cobrado protagonismo después de que el Gobierno central advirtiera a varias autonomías sobre la obligación de crear un registro de profesionales sanitarios que se acojan a la objeción de conciencia para no participar en interrupciones voluntarias del embarazo. Tras la advertencia, Asturias, Aragón y Baleares anunciaron avances para cumplir la normativa, mientras Madrid reafirmaba su negativa.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha manifestado abiertamente que no implementará este registro en su región. Durante una intervención en la Asamblea de Madrid, Ayuso fue tajante: «No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado», apuntó, desafiando la legislación estatal.
Feijóo apuesta por el cumplimiento de la ley
La reacción de la dirección nacional del Partido Popular no se hizo esperar. Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido, utilizó la red social X para expresar una postura distinta a la de Ayuso: «Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte a la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes». Este mensaje, aunque ambiguo, fue interpretado como un distanciamiento del desafío de la presidenta madrileña y una reafirmación del compromiso de Feijóo con el cumplimiento de la ley.
El lema «cumplir la ley» ha sido recurrente en el discurso de Feijóo durante la última legislatura, tanto para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por asuntos presupuestarios como para marcar diferencias frente a la extrema derecha, que aboga por el desacato en otras materias, como la acogida de menores migrantes.
Vox presiona para ampliar el desacato
La postura de Ayuso ha sido utilizada por Vox para presionar por un mayor desacato institucional. Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, instó a la presidenta madrileña a extender su oposición a la ley también en el reparto de menores migrantes, cuestión que el PP, por el momento, no ha contemplado.
El objetivo de la ley: garantizar derechos
La ley aprobada durante la pasada legislatura bajo la dirección del Ministerio de Igualdad establece el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia, siempre que la atención médica a las mujeres esté garantizada. El texto legal señala: «Se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario».
- Cada comunidad autónoma y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán crear y mantener este registro.
- El objetivo es compatibilizar la libertad de conciencia de los profesionales con el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
Sólo Madrid resiste
Mientras Aragón, Asturias y Baleares han comunicado que están en proceso de desarrollar los decretos necesarios para implementar el registro, Madrid sigue siendo la única región que mantiene su rechazo y no prevé acatar esta parte de la ley. Esta posición ha aislado a Ayuso dentro del propio Partido Popular y le ha granjeado críticas tanto desde el Gobierno central como desde sectores sociales y políticos partidarios del cumplimiento de la normativa.
El debate sobre el registro de objetores en el aborto pone de manifiesto las tensiones internas en el principal partido de la oposición y abre un nuevo frente en la relación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro del debate.
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