El incumplimiento internacional ante las obligaciones de la ONU y La Haya para frenar el genocidio en Gaza
Mientras el mundo espera la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, la actuación de la comunidad internacional frente al conflicto ha sido duramente cuestionada. Las obligaciones fijadas por Naciones Unidas y ratificadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para evitar el exterminio en la Franja de Gaza no solo han sido desatendidas por numerosos países, sino que su cumplimiento ha resultado claramente insuficiente ante la magnitud de la crisis.
- El incumplimiento internacional ante las obligaciones de la ONU y La Haya para frenar el genocidio en Gaza
- Un pacto frágil tras años de violencia
- Reconocimientos y presiones diplomáticas
- Obligaciones internacionales: sanciones, embargos y rupturas
- La Convención para la Prevención del Genocidio y el papel de la CIJ
- Desobediencia a las resoluciones judiciales internacionales
- La Corte Penal Internacional y la orden de arresto contra Netanyahu
- Conclusión
Un pacto frágil tras años de violencia
El reciente acuerdo entre el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y Hamás, que marca la primera fase del plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza, contempla el intercambio de prisioneros y la retirada parcial del ejército israelí del enclave. Este pacto surge dos años después de los ataques de Hamás que desencadenaron una contundente respuesta militar israelí, la cual ha dejado más de 66.000 palestinos muertos según cifras de organismos internacionales.
En paralelo a este acuerdo, el Congreso español aprobó un Real Decreto-ley que establece medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina. Entre las disposiciones se incluyen el embargo de armas, la denegación de tránsito a combustibles con posible uso militar en Israel y la prohibición de importar productos de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado.
Reconocimientos y presiones diplomáticas
España, que reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024, ha impulsado que otros países sigan su ejemplo y ha solicitado la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que actualmente se encuentra parcialmente suspendido. Sin embargo, la respuesta internacional ha sido calificada como insuficiente ante la gravedad de la situación. Diversos partidos políticos reclaman al Gobierno español que adopte medidas más contundentes para frenar las acciones del ejecutivo israelí.
La demora y tibieza de las acciones internacionales, junto a las limitaciones de los tribunales internacionales para juzgar el caso, evidencian la falta de voluntad política a la hora de aplicar las resoluciones pertinentes de la CIJ.
Obligaciones internacionales: sanciones, embargos y rupturas
La comunidad internacional dispone de herramientas diplomáticas y económicas para frenar o no contribuir al genocidio en Gaza. Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas, ha criticado la pasividad de los líderes occidentales y ha recordado las obligaciones legales que pesan sobre los Estados miembros. Entre las principales acciones recomendadas destacan:
- Sancionar a Israel: Aplicar medidas restrictivas similares a las impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania, como la prohibición de entrada de personas, el embargo de bienes y la congelación de activos.
- Embargo total de armas: Prohibir la compraventa y transferencia de armamento de manera directa o indirecta.
- Romper el asedio: Priorizar el envío de ayuda humanitaria y recursos materiales, más allá de lanzar alimentos a la población afectada.
- Suspender acuerdos comerciales: Detener cualquier tipo de relación económica con Israel hasta el fin del genocidio, la ocupación y el régimen de apartheid.
- Investigar y procesar crímenes: Llevar ante la justicia a individuos y organizaciones responsables de crímenes en los Territorios Palestinos Ocupados.
La Convención para la Prevención del Genocidio y el papel de la CIJ
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada tras la Segunda Guerra Mundial, establece la responsabilidad de los Estados en prevenir y sancionar el genocidio, así como la obligación de acudir a la CIJ para resolver controversias al respecto. Desde finales de 2023, la Corte de La Haya mantiene abierto un proceso tras la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza, apoyada por 14 países, incluidos solo dos miembros de la Unión Europea, entre ellos España.
Cabe destacar el contraste con el respaldo recibido por Ucrania en su demanda contra Rusia, en la que hasta 26 de los 27 países de la UE presentaron declaraciones de intervención. Este desequilibrio evidencia la falta de coherencia en la aplicación del derecho internacional.
Desobediencia a las resoluciones judiciales internacionales
En julio de 2024, la CIJ ordenó el fin de la presencia israelí en los Territorios Palestinos Ocupados y exhortó a los Estados a abstenerse de mantener relaciones económicas o comerciales que pudieran consolidar la ocupación. Sin embargo, la mayoría de países ha ignorado esta orden consultiva, permitiendo la continuidad de la situación actual.
La Corte Penal Internacional y la orden de arresto contra Netanyahu
El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la ofensiva posterior al 7 de octubre de 2023. Los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, que no incluye a Israel ni a Estados Unidos, están obligados a ejecutar estas órdenes si alguno de los acusados pisa su territorio.
El artículo 27 del Estatuto de Roma elimina la inmunidad de los jefes de Estado y otorga a los países firmantes la capacidad legal para detener a los acusados, independientemente de su cargo.
No obstante, existen precedentes de incumplimiento, como el caso de Hungría, que recibió a Netanyahu tras la emisión de la orden de arresto y anunció su retirada de la CPI durante dicha visita. Este acto inédito en la Unión Europea supone un grave revés para la justicia internacional, que carece de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.
Conclusión
La falta de acción efectiva por parte de la comunidad internacional y el incumplimiento de las obligaciones legales y morales establecidas por la ONU y la CIJ ponen en entredicho la capacidad del sistema internacional para frenar y sancionar el genocidio en Gaza. Mientras persista la impunidad y la desobediencia a las resoluciones judiciales, la protección de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional seguirán siendo una asignatura pendiente para la comunidad global.
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