Gobierno y Podemos redefinen plazos y condiciones medioambientales para la ampliación de El Prat

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La ampliación del aeropuerto del Prat: situación actual tras el acuerdo entre el Gobierno y Podemos

La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat se mantiene como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes y controvertidos en Cataluña. Tras el reciente acuerdo entre el Gobierno y Podemos, la hoja de ruta para su ejecución experimenta ciertos matices, especialmente en lo que respecta a los plazos y requisitos medioambientales, aunque los elementos fundamentales del plan se mantienen casi intactos. A continuación, se analizan las claves del proyecto, las posturas de los actores implicados y el potencial impacto en el desarrollo aeroportuario y medioambiental de la región.

El acuerdo político y sus interpretaciones

La abstención de los diputados de Podemos en la votación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso fue determinante para su aprobación. A cambio, Podemos alcanzó un acuerdo con el Gobierno que establece que las obras de ampliación del aeropuerto no comenzarán, al menos, hasta después de 2031. Sin embargo, la interpretación sobre el alcance del pacto varía según las partes.

Desde la perspectiva de Podemos, el acuerdo supone una “paralización” del proyecto hasta 2031 y su exclusión del Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III), el plan estratégico de inversiones de Aena para la red aeroportuaria estatal, cuya aprobación está prevista para 2026.

En contraste, el Ministerio de Transportes sostiene que el DORA III contempla la elaboración del plan director de la ampliación, su evaluación ambiental, la justificación del interés público y la redacción del proyecto, así como la ejecución de las obras ambientales previas. Según el ministro Óscar Puente, el calendario y la inversión permanecen sin cambios sustanciales, una postura respaldada también por la Generalitat de Cataluña.

Requisitos ambientales y proceso de participación

El Ministerio de Transportes ha confirmado que el plan director de la ampliación incluirá la obligación de presentar un informe vinculante que certifique el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización, que exigen una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030. Además, el proyecto será sometido a una consulta pública amplia y a una evaluación ambiental estratégica, dada su incidencia sobre espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000.

Calendario previsto y fases de la ampliación

Aunque la versión definitiva del DORA III no se aprobará hasta 2026, Aena ya anticipó que la mayor parte de las actuaciones vinculadas a la ampliación del Prat quedarían fuera de este periodo (2027-2031) y se ejecutarían principalmente bajo el DORA IV (2032-2036). De los 3.200 millones de euros estimados para el proyecto, solo 1.000 millones estaban previstos para la etapa inicial, destinándose el resto a fases posteriores.

Entre 2027 y 2031 se prevé la aprobación del plan director, la adquisición de terrenos para medidas compensatorias, la reconfiguración de las terminales T1 y T2, y actuaciones preliminares en las pistas. Sin embargo, la concreción de estos pasos dependerá del contenido final del DORA III y de la aplicación de los compromisos medioambientales pactados.

Detalles del proyecto de ampliación

El plan presentado por la Generalitat incluye la prolongación en 500 metros de la tercera pista del aeropuerto, la más cercana al mar, lo que tendría un impacto directo sobre la laguna de la Ricarda y la reserva natural del Remolar. Además, contempla la construcción de una nueva terminal satélite, la remodelación de las terminales existentes, la adecuación de aparcamientos y la creación de un tren lanzadera entre las terminales.

La previsión inicial apuntaba a que las obras estarían finalizadas en 2033, aunque este plazo parece poco realista si el inicio de los trabajos se retrasa hasta 2032 y si se endurecen las exigencias ambientales.

Compensaciones y exigencias de la Unión Europea

El proyecto incluye actuaciones medioambientales para mejorar el delta del Llobregat, entre ellas la renaturalización de más de 270 hectáreas de terreno agrícola, una superficie diez veces mayor a la afectada por la ampliación. Estas medidas responden a las exigencias de la Comisión Europea, que mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber compensado adecuadamente los impactos de anteriores ampliaciones del aeropuerto.

La comisaria europea de Medio Ambiente ha reiterado que cualquier plan que afecte a la Red Natura 2000 debe someterse a una evaluación rigurosa. Incluso si el dictamen ambiental resultara negativo, la ampliación podría seguir adelante si se alegan razones de interés público de primer orden.

Posturas políticas y sociales ante la ampliación

  • A favor: El PSC, liderado por Salvador Illa, junto con los partidos de derecha como Junts y PP, defienden la ampliación, apoyados por organizaciones empresariales y lobbies económicos catalanes.
  • En contra: ERC, los Comuns y la CUP, así como grupos ecologistas y movimientos en favor de la reducción del turismo, se oponen al proyecto. Plataformas como Zeroport continúan movilizándose para detener la expansión aeroportuaria.

El retraso en el inicio de las obras podría evitar conflictos políticos inmediatos en el Parlament, donde el Gobierno catalán necesita el apoyo de ERC y los Comuns. Asimismo, mantener el compromiso con la ampliación favorece la relación con los sectores económicos que la impulsan.

Crecimiento del tráfico aéreo y capacidad del aeropuerto

Entre enero y agosto de 2025, el aeropuerto del Prat ha registrado más de 38 millones de pasajeros, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Si se mantiene la tendencia, 2025 cerrará con cifras récord, superando ampliamente los 55 millones de viajeros, que es la capacidad teórica máxima de la infraestructura. No obstante, los operadores consideran que aún hay margen para aumentar la operativa, optimizando las franjas horarias menos utilizadas.

Conclusión

La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat sigue siendo objeto de debate político, social y medioambiental. El acuerdo entre el Gobierno y Podemos ha pospuesto el inicio de las obras al menos hasta 2032, sin modificar de fondo el proyecto ni la inversión prevista. La decisión final dependerá de la aprobación del DORA III, del cumplimiento de los estrictos requisitos europeos en materia ambiental y del equilibrio entre los intereses económicos, las demandas sociales y la protección del entorno natural.

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