Ayuso rechaza crear un registro de médicos objetores al aborto en Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado de manera contundente que su Gobierno no elaborará un registro de profesionales sanitarios que se declaren objetores de conciencia frente a la práctica de abortos. Esta declaración se produce después de que el Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez, instara a varias comunidades autónomas, incluida Madrid, a cumplir con la ley y remitir el listado de objetores sanitarios.
Respuesta a la petición del Gobierno central
Durante la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid celebrada este jueves, Ayuso se mostró tajante ante la reclamación del Gobierno central: “No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado”, expresó ante los diputados.
Con estas palabras, la presidenta madrileña dejó claro que la Comunidad de Madrid no tiene intención de cumplir la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que establece la obligación de crear un registro de objetores de conciencia entre el personal sanitario. El objetivo de este registro, según la normativa, es garantizar tanto la seguridad jurídica de los profesionales como el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.
Alegaciones constitucionales y críticas políticas
Ayuso defendió su postura argumentando que la Constitución española asegura que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias”. Además, en respuesta a las preguntas del grupo parlamentario Más Madrid, la presidenta hizo referencia a otros artículos constitucionales en defensa de la libertad de conciencia de los médicos. En un tono polémico, retó a la oposición a consultar “a sus amigos de Hamas” sobre su opinión respecto al aborto.
La presidenta madrileña insistió en que no forzará a ningún profesional sanitario a actuar en contra de sus convicciones: “No voy a obligar a un médico de la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, afirmó. Ayuso calificó el aborto como un “fracaso”, argumentando que en la mayoría de los casos es evitable.
Obstáculos adicionales para las mujeres migrantes
La Comunidad de Madrid no solo se resiste a crear el mencionado registro de objetores, sino que también se encuentra entre las ocho regiones españolas que presentan mayores dificultades para el acceso gratuito al aborto por parte de mujeres migrantes. Diversos colectivos y organizaciones han denunciado que la administración madrileña exige el empadronamiento para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, un requisito que contradice la normativa nacional en materia de salud sexual y reproductiva.
- Implantación de trabas administrativas y burocráticas que retrasan la atención sanitaria.
- Demora en los plazos para la realización de la intervención.
- Exigencia de empadronamiento como condición de acceso, incluso en casos donde la ley lo prohíbe.
Tensión entre administraciones y debate social
La situación en Madrid ha reavivado el debate nacional sobre el derecho al aborto y la objeción de conciencia en la sanidad pública. Mientras el Gobierno central insiste en la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, la Comunidad de Madrid defiende la libertad de los profesionales sanitarios a no participar en estos procedimientos por razones de conciencia.
La controversia se enmarca en un contexto político y social en el que los derechos reproductivos y la protección del personal sanitario se mantienen en el centro del debate, con posturas enfrentadas entre las administraciones autonómica y estatal.
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