España enfrenta alto riesgo de embargo tras sexta condena en Estados Unidos por impagos a renovables
La justicia estadounidense ha asestado un nuevo revés al Estado español en el marco de la disputa internacional por los recortes retroactivos aplicados a las energías renovables. El Tribunal de Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones de euros a favor de la empresa NextEra Energy, sumando así la sexta condena consecutiva contra España en tribunales de Estados Unidos y elevando la factura total a 644,4 millones de euros.
El fallo del caso NextEra refuerza la presión sobre el Gobierno
La jueza Tanya S. Chutkan ha rechazado de forma categórica todas las alegaciones presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. En su decisión, recordó que los laudos arbitrales dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) deben recibir en Estados Unidos “la misma plena fe y crédito que si fueran una sentencia definitiva de un tribunal estatal”. Además, el tribunal desestimó el argumento de “inmunidad soberana” esgrimido por el Ejecutivo, confirmando la posibilidad de ejecutar los laudos en territorio estadounidense.
Una cadena de condenas millonarias
La sentencia favorable a NextEra Energy se suma a los fallos ya dictados en otros cinco casos: Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones) e Infrared (35 millones). Esta serie de derrotas judiciales ha incrementado significativamente el riesgo de embargo de activos españoles en Estados Unidos.
- NextEra Energy: 290,6 millones de euros
- Cube: 40,2 millones de euros
- Watkins: 79,5 millones de euros
- Infrastructure Services/Antin: 125,1 millones de euros
- RREEF: 74 millones de euros
- Infrared: 35 millones de euros
Extensión de la ofensiva judicial a otros países
La presión legal sobre el Estado español no se limita a Estados Unidos. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de Australia dictó sentencia ordenando la ejecución de cuatro laudos arbitrales por un importe de 469 millones de euros, rechazando igualmente la defensa de inmunidad soberana presentada por España y desestimando la intervención de la Comisión Europea.
Preocupación por la reputación y la estabilidad financiera
Los inversores afectados insisten en la necesidad de alcanzar un acuerdo negociado que ponga fin a la actual oleada de litigios y sentencias, ya que la acumulación de condenas no solo eleva el riesgo de embargo de bienes públicos en el extranjero, sino que también afecta de manera directa a la credibilidad internacional de España como destino de inversiones.
La persistencia de estos conflictos legales y el endurecimiento de las resoluciones judiciales internacionales obligan al Ejecutivo español a reconsiderar su estrategia y buscar soluciones que eviten mayores consecuencias económicas y reputacionales.
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