¿Existe una «agenda oculta» para privatizar el patrimonio de la costa gallega?
La reciente transferencia de competencias sobre el litoral gallego a la Xunta ha generado un intenso debate político y social en Galicia. Mientras el Gobierno autonómico defiende la oportunidad de gestionar el patrimonio costero para beneficio de la comunidad, la oposición advierte sobre el riesgo de privatización y especulación en estos terrenos de alto valor ambiental y cultural.
- ¿Existe una «agenda oculta» para privatizar el patrimonio de la costa gallega?
- Un traspaso histórico en la gestión del litoral
- Tensiones entre Xunta y oposición: temor a la especulación
- La postura de la Xunta: transparencia y dinamización del patrimonio
- Planes de uso turístico y desarrollo económico
- Las propuestas de la oposición: protección ambiental y gestión pública
- Un debate abierto sobre el futuro de la costa gallega
Un traspaso histórico en la gestión del litoral
Tras más de 16 años de gobiernos consecutivos del Partido Popular en Galicia, la Xunta ha conseguido la transferencia de la gestión sobre los más de 2.550 kilómetros del litoral gallego, una competencia que hasta el pasado 1 de julio correspondía al Gobierno central a través de la Demarcación General de Costas. Este extenso dominio público marítimo-terrestre incluye costas, rías, islas, islotes, marismas y arenales, muchos de ellos espacios naturales protegidos.
El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha calificado este traspaso como un “hito histórico” y ha destacado que permitirá a los gallegos demostrar su “enorme respeto” por el patrimonio natural. Además, la gestión viene acompañada de una dotación de 1,2 millones de euros anuales para sufragar los costes laborales de los funcionarios implicados.
Tensiones entre Xunta y oposición: temor a la especulación
Pese a las declaraciones oficiales, la oposición —especialmente el Bloque Nacionalista Galego (BNG)— ha manifestado su preocupación ante lo que consideran una “agenda oculta” para favorecer intereses privados y abrir la puerta a la especulación urbanística y turística.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado a la Xunta de preparar “un auténtico pelotazo para favorecer a las empresas amigas”, señalando el riesgo de transformar bienes patrimoniales costeros, como faros, monasterios, antiguas instalaciones portuarias y fábricas de conservas, en establecimientos hoteleros y otras infraestructuras turísticas. El Bloque también advierte sobre una posible intensificación de la presión urbanística, la falta de previsión ante el cambio climático y el abandono de actividades económicas tradicionales, como el marisqueo, la pesca sostenible y la acuicultura extensiva.
La postura de la Xunta: transparencia y dinamización del patrimonio
La Xunta rechaza categóricamente estas acusaciones y asegura que la gestión autonómica será transparente y orientada a la protección y puesta en valor del patrimonio costero. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, ha respondido que no existen planes ocultos y que se ha invitado formalmente a los ayuntamientos afectados —86 de los 313 municipios gallegos— a presentar sus propios planes de gestión.
Según datos de la Xunta, más de 4.000 edificaciones forman parte del patrimonio litoral, en el que operan cerca de un centenar de empresas dedicadas a la industria extractiva y marina. Este sector representa el 50% del empleo pesquero en España y aporta alrededor de 9.000 millones de euros al PIB gallego, equivalente al 5% del total regional.
- La Xunta ha catalogado individualmente todos los bienes patrimoniales costeros.
- Prevé contar antes de fin de año con un registro de concesiones, inexistente hasta ahora.
Planes de uso turístico y desarrollo económico
El Gobierno gallego estima que existen unos 1.600 elementos de valor cultural en el litoral, entre ellos 870 edificaciones históricas, como faros, molinos, hórreos y antiguas factorías pesqueras. El objetivo de la Xunta es otorgarles nuevos usos turísticos para evitar su deterioro y convertirlos en “herramientas generadoras de actividad, empleo y orgullo colectivo”, según palabras de Rueda.
Entre las primeras medidas, se han aprobado ayudas por cinco millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, para el “embellecimiento” de establecimientos turísticos en la costa. Además, se ha anunciado una modificación legal que permitirá a los negocios playeros abrir desde Semana Santa hasta el 31 de octubre, ampliando la temporada de actividad respecto al periodo estival tradicional.
Otra iniciativa destacada ha sido la convocatoria de un concurso de ideas, presentado en A Illa de Arousa, dirigido a profesionales de la arquitectura para diseñar un prototipo de chiringuito “biosostenible y desmontable”, con el objetivo de integrar estas instalaciones en el paisaje natural de las playas gallegas.
Las propuestas de la oposición: protección ambiental y gestión pública
Desde el BNG y otros sectores de la oposición se insiste en que la Xunta prioriza “medidas estéticas” con fines turísticos, dejando de lado la protección integral del patrimonio y los ecosistemas costeros. Entre sus propuestas destacan:
- Blindar el litoral frente a la especulación, la sobreexplotación y actividades contaminantes como la industria papelera o la minería.
- Poner en marcha un plan integral de saneamiento y depuración de las rías.
- Trasladar instalaciones y equipamientos que no requieren estar en zonas de dominio público marítimo-terrestre.
- Priorizar el uso social y público de los edificios históricos, en lugar de convertirlos en “bienes turísticos privatizados”.
- Reclamar la transferencia de más competencias relacionadas con el mar, como el salvamento marítimo, la lucha contra la contaminación, la gestión de centros de investigación oceanográfica y los servicios meteorológicos.
Un debate abierto sobre el futuro de la costa gallega
La gestión del litoral gallego enfrenta a la Xunta y la oposición en un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo que debe primar en las zonas costeras. Mientras el Gobierno autonómico defiende la dinamización económica y turística como vía para preservar el patrimonio y generar empleo, la oposición reclama garantías de protección ambiental y un uso social del legado histórico y natural.
El futuro de la costa gallega, uno de los grandes activos medioambientales y culturales de la región, dependerá en los próximos años de cómo se articulen estas nuevas competencias y de la capacidad de las instituciones para equilibrar desarrollo económico y conservación.
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