El PSOE defiende que el informe de la UCO descarta la financiación ilegal en el partido
Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los movimientos contables relacionados con los exsecretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como con el exasesor Koldo García, ha vuelto a situar la financiación del partido en el centro del debate político nacional.
Detalles del informe de la UCO
Según el documento, la UCO ha identificado desembolsos realizados por José Luis Ábalos por un importe total de 95.437 euros, que no habrían sido compensados a través de vías bancarias. Entre estos pagos figuran abonos a terceras personas, cuotas a una fundación vinculada al exministro y cerca de 21.000 euros en gastos personales. El informe subraya que, aunque no se descarta la existencia de otros movimientos no detectados, la cifra identificada corresponde a los datos disponibles hasta la fecha.
No obstante, la UCO señala que, en cuanto a las transacciones bancarias, los ingresos y gastos del exdirigente socialista aparecen equilibrados. Cuando se incluyen los desembolsos detectados fuera del circuito bancario, se observa un mayor volumen de gastos, pero no se aprecia un descuadre que apunte a la existencia de financiación ilegal del partido.
El PSOE insiste en la transparencia de sus cuentas
Desde la dirección del PSOE, se interpreta el informe como una prueba de la transparencia y legalidad de las cuentas del partido. Fuentes socialistas destacan que la propia UCO reconoce la inexistencia de un desajuste económico relevante entre donaciones, nóminas y cuotas, rechazando así las acusaciones de financiación irregular que han circulado en los últimos meses desde el Partido Popular (PP), Vox y ciertos medios de comunicación.
El PSOE recalca que todos los pagos a José Luis Ábalos, tanto en efectivo como por transferencia, han sido realizados contra justificantes de gastos y reflejados en la contabilidad interna. Además, la formación recuerda que sus cuentas están aprobadas por el Tribunal de Cuentas y auditadas de manera externa, lo que, a su juicio, respalda la legalidad de todas las operaciones realizadas.
- Pagos a Ábalos justificados mediante recibos y comprobantes.
- Contabilidad auditada y supervisada por órganos externos.
- Colaboración total con la justicia y transparencia en el proceso.
El PP mantiene sus acusaciones y exige elecciones
A pesar de la interpretación del PSOE, el Partido Popular insiste en que el informe de la UCO aporta indicios de una presunta “contabilidad B” en la sede de Ferraz. Conversaciones de WhatsApp entre Koldo García y su entonces esposa, Patricia Uriz, recogidas en el informe, apuntan a la existencia de una doble contabilidad vinculada a los gastos de Ábalos, lo que el PP utiliza para reforzar sus denuncias de prácticas irregulares.
Líderes populares, como Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz, han ironizado en redes sociales sobre la situación del Gobierno, sugiriendo que el presidente Pedro Sánchez podría recurrir a maniobras de distracción para eludir responsabilidades. Cuca Gamarra, vicesecretaria general del PP, ha declarado que el informe “acorralaba” al Ejecutivo y ha reiterado la demanda de convocar elecciones anticipadas ante lo que califica como un “game over” para el Gobierno.
- El PP sostiene que existen pagos no reflejados en la contabilidad oficial.
- Insiste en la necesidad de poner fin a la legislatura y convocar elecciones.
- Acusa al PSOE de normalizar el uso de sobresueldos en efectivo.
Contexto político y repercusiones
El conocido como «caso Koldo» ha supuesto un revés importante para la imagen del PSOE y del propio Pedro Sánchez, con la implicación directa de figuras clave del partido y la detención provisional de Santos Cerdán desde el pasado mes de julio. La oposición aprovecha cada avance en la investigación para presionar políticamente al Ejecutivo y reclamar responsabilidades.
Por su parte, el PSOE insiste en que el informe de la UCO respalda la legalidad de sus cuentas y niega cualquier irregularidad en la financiación del partido, defendiendo la transparencia y la colaboración prestada en todo momento con la justicia.
Conclusión
La publicación del informe de la UCO ha reavivado el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición, en un contexto en el que la financiación de los partidos se convierte nuevamente en eje del debate parlamentario y mediático. Mientras el PP exige responsabilidades y elecciones, el PSOE se aferra a la legalidad de sus cuentas y reclama el cierre definitivo de las acusaciones de financiación ilegal.
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