Una delegación europea investigará en España posibles ataques al Estado de derecho
España será objeto de una misión de investigación europea a comienzos del próximo año, en respuesta a crecientes preocupaciones sobre el respeto al Estado de derecho en el país. Así lo ha decidido la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, sumando a España a una lista hasta ahora reservada únicamente a Hungría y Eslovaquia en la actual legislatura.
Motivos de la investigación
La decisión de enviar una delegación a España responde a denuncias reiteradas sobre la situación judicial y política nacional. Entre los principales motivos figuran la aprobación de la Ley de Amnistía, acusaciones de corrupción y la supuesta persecución a jueces. Tanto asociaciones judiciales como partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular (PP) y Vox, han señalado en numerosas ocasiones la erosión de la independencia judicial y el debilitamiento de las garantías institucionales.
En el caso de Eslovaquia, las conclusiones de la Comisión Europea apuntaron a una vulneración de la separación de poderes, así como al señalamiento de jueces y ataques a la prensa. La situación en España presenta paralelismos que preocupan en Bruselas, lo que podría derivar en un dictamen similar y la posible aplicación de sanciones por parte de la Unión Europea.
Aspectos clave bajo análisis
- El funcionamiento de la Fiscalía: El fiscal general, Álvaro García Ortiz, actualmente investigado, ha sido señalado por la falta de independencia del Ministerio Público, una preocupación reiterada por las instituciones europeas, que exigen una reforma en el sistema de designación.
- La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): El modelo de elección de este órgano sigue pendiente de modificación, a pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP con mediación europea.
- La conocida como Ley Bolaños: Jueces y fiscales han mostrado su rechazo a esta reforma, llegando incluso a convocar huelgas en protesta por el impacto que podría tener en la independencia judicial.
Preocupaciones europeas y próximos pasos
El presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos, ha subrayado que las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han derivado en “un marco jurídico menos eficaz contra la corrupción, con menos garantías para la independencia judicial, lo cual no se corresponde con los estándares de un país líder en respeto al Estado de derecho”.
La Ley de Amnistía ha sido uno de los detonantes del malestar en Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe pronunciarse sobre su legalidad, y se espera que el fallo llegue a principios de 2026, coincidiendo con la visita de la delegación europea. Antes, en noviembre, el abogado general de la UE emitirá un dictamen que servirá de referencia sobre la opinión europea respecto a la norma.
La Comisión Europea ya ha elaborado informes críticos sobre la amnistía, y la resolución definitiva está también a la espera del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, quien podría decidir retrasar su fallo hasta conocer la postura del TJUE, buscando con ello evitar un conflicto institucional de mayor envergadura.
Contexto europeo
La inclusión de España en este tipo de misiones investigadoras refleja la creciente inquietud de las instituciones europeas en cuanto al respeto a los valores fundamentales de la Unión. Hasta ahora, solo Hungría y Eslovaquia habían sido objeto de procedimientos similares, lo que subraya la gravedad de la situación y la relevancia de los asuntos que se investigarán durante la próxima visita.
El resultado de esta misión europea será clave para determinar el futuro de la relación entre España y las instituciones de la Unión Europea en materia de Estado de derecho, así como para el desarrollo de eventuales reformas legislativas en el país.
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