James Fergie Chambers solicita su libertad tras el aplazamiento de su extradición a Estados Unidos
La Audiencia Nacional ha pospuesto la decisión sobre la extradición a Estados Unidos del filántropo estadounidense James Fergie Cox Chambers Jr., después de que el Departamento de Justicia norteamericano reconociera «errores sustanciales e involuntarios» en la traducción al español de la documentación presentada ante la Justicia española.
Reconocimiento de errores en la traducción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió, mediante una carta remitida al tribunal al día siguiente de la vista de extradición, que existían tres errores relevantes en la traducción de los documentos enviados a España. El organismo atribuyó estos fallos a la empresa privada contratada para realizar las traducciones.
Ante esta circunstancia, el tribunal presidido por el juez Fernando Andreu ha decidido aplazar su resolución sobre la entrega de Chambers, a la espera de que las partes, incluida la Fiscalía, presenten sus alegaciones sobre la validez de la documentación afectada.
La defensa solicita la puesta en libertad
La defensa de James Fergie Chambers, encabezada por el abogado Aitor Martínez del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ha solicitado la inmediata puesta en libertad de su representado. Chambers permanece en prisión preventiva desde el 10 de julio, tras ser detenido en Ibiza.
El letrado sostiene que la petición de extradición se fundamenta en una traducción errónea de la declaración de una agente del FBI, relativa a una protesta en una empresa israelí. Según la defensa, los errores reconocidos alteran la gravedad de los hechos atribuidos y afectan directamente a la calificación de los actos como terrorismo.
Antecedentes del caso
Las autoridades estadounidenses reclaman la extradición de Chambers por presuntos delitos de blanqueo de capitales, posible financiación de la organización palestina Hamás y por su implicación en una protesta en una compañía israelí. En Estados Unidos, otros acusados por estos hechos fueron condenados a penas de hasta 60 días de prisión, mientras que para Chambers la petición es de cinco años de cárcel.
La documentación remitida por Estados Unidos afirma que durante las protestas se produjeron incendios y situaciones de riesgo que obligaron a los vigilantes a desenfundar sus armas. Chambers reconoció en la vista judicial su participación como activista propalestino, pero negó haber cometido actos violentos o ilegales.
Acusaciones de persecución política
Chambers considera que la solicitud de extradición es consecuencia de una persecución política impulsada por la administración de Donald Trump, debido a su apoyo financiero a la causa palestina. Asegura que nunca ha tenido contacto con organizaciones terroristas ni ha financiado actividades ilícitas, y que todas sus contribuciones han sido legales y transparentes.
«Podría asumir haber participado en episodios que han causado disturbios, pero se ha construido una narrativa sobre mi implicación en actividades terroristas para perjudicarme», lamentó Chambers durante la audiencia.
Postura de la Fiscalía
El fiscal Juan Hernández Villalba argumentó que, incluso si se aceptaran las alegaciones de la defensa sobre la inexactitud de la traducción en términos clave como «incendios» y «violencia», ello no alteraría lo fundamental del caso, dado que es indudable, a su juicio, que se produjeron «daños significativos y una situación de riesgo para terceros».
Próximos pasos del tribunal
El tribunal de la Audiencia Nacional deberá decidir en los próximos días si los fallos en la traducción afectan a la situación procesal de Chambers y si procede su puesta en libertad mientras se resuelve la solicitud de extradición.
Nota:
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