Contratación menor: así paga la sanidad pública madrileña a clínicas privadas por abortos que no se practican en hospitales
En la Comunidad de Madrid, la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) recae de forma abrumadora en clínicas privadas, a las que los hospitales públicos pagan mediante contratos menores. Esta fórmula, reservada legalmente para necesidades excepcionales, se ha convertido en la vía habitual para cubrir un servicio que, por objeción de conciencia de los profesionales, rara vez se realiza en el sector público madrileño.
- Contratación menor: así paga la sanidad pública madrileña a clínicas privadas por abortos que no se practican en hospitales
- Un sistema de externalización consolidado
- Precios congelados y los más bajos de España
- Limitaciones y opacidad del contrato menor
- Intentos de acuerdo marco frustrados
- La objeción de conciencia, un obstáculo persistente
- Modelos en otras comunidades autónomas
- Paralelismos con otras áreas de la sanidad
- Conclusión
Un sistema de externalización consolidado
Según datos de la Dirección General de Salud Pública, en 2025 se practicaron 18.313 abortos en Madrid. De ellos, solo 92 fueron realizados en hospitales públicos; el 99% restante se llevó a cabo en las siete clínicas privadas acreditadas en la región. Para garantizar el acceso de las mujeres a este derecho, la Consejería de Sanidad recurre de manera sistemática a contratos menores para abonar los procedimientos realizados en estos centros.
Entre 2016 y septiembre de 2026, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) desembolsaron 8,88 millones de euros en 2.575 contratos menores para este fin. Solo en 2025 se firmaron 318 contratos por valor de 1,24 millones de euros, y en los primeros meses de 2026 ya suman 171 nuevos contratos.
Precios congelados y los más bajos de España
Las clínicas privadas madrileñas perciben por cada intervención una de las tarifas más bajas del país: 286,89 euros por aborto con anestesia local y 382,53 euros si requiere anestesia general. Estos precios llevan 22 años sin actualizarse, ni siquiera conforme al IPC, según denuncian representantes de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
- En Aragón, los precios ascienden a 369,52 y 519,62 euros respectivamente.
- En Andalucía, la tarifa unitaria es de 468,24 euros, con previsión de aumento hasta 537 euros.
- En el País Vasco, la tarifa alcanza los 690,68 euros.
Hasta noviembre de 2025, las pacientes recibían junto a la notificación de su cita una carta que detallaba el coste del procedimiento según las semanas de gestación, práctica eliminada tras una denuncia política por considerarse discriminatoria.
Limitaciones y opacidad del contrato menor
El contrato menor es un instrumento legalmente reservado para servicios o suministros de hasta 15.000 euros (sin IVA), o hasta 40.000 euros en caso de obras. Permite adjudicar servicios sin concurso público y con menores exigencias de transparencia y control, lo que agiliza la gestión pero también la vuelve más opaca y susceptible a ineficiencias.
La Intervención General de la Comunidad de Madrid lleva tiempo advirtiendo sobre el uso reiterado de esta fórmula para cubrir una necesidad regular como las IVE, recomendando la licitación mediante procedimientos ordinarios o acuerdos marco, práctica ya extendida en otras autonomías.
Intentos de acuerdo marco frustrados
En el verano de 2026, los hospitales Infanta Cristina (Parla) y El Escorial intentaron iniciar acuerdos marco para regularizar la contratación de IVE en clínicas privadas. Sin embargo, ambas licitaciones fueron anuladas poco después por «errores» detectados en los pliegos, según las resoluciones oficiales. Sanidad sostiene que trabaja en nuevas convocatorias, pero hasta la fecha no se han hecho públicas.
Estos acuerdos contemplaban una actualización de precios moderada, pasando de los 286,89 euros actuales por un aborto con anestesia local a 304,03 euros, y de 382,53 a 405,39 euros para los procedimientos con anestesia general, junto a la posibilidad de aumentos adicionales ligados al IPC del sector.
La objeción de conciencia, un obstáculo persistente
La falta de disposición del personal sanitario público para practicar abortos, amparada en el derecho a la objeción de conciencia, es el principal motivo por el que las IVE se derivan masivamente a clínicas privadas. El propio Hospital de El Escorial justificó la necesidad de licitar acuerdos marco por la imposibilidad del Sermas de asumir estos procedimientos debido, entre otros motivos, a la objeción de conciencia del personal.
El Ministerio de Sanidad ha recurrido judicialmente al Gobierno regional por no crear el registro de médicos objetores que exige la ley, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado públicamente su oposición a modificar el sistema actual.
Modelos en otras comunidades autónomas
- Andalucía: Desde 2021 cuenta con un acuerdo marco de cuatro años con 10 clínicas privadas, actualizado en 2025 con un aumento del 20% en el importe y una tarifa unitaria de 537 euros por intervención tras la última revisión. Sin embargo, la última licitación fue anulada tras impugnaciones por deficiencias en los pliegos.
- Galicia: El intento de establecer un acuerdo marco fracasó al no presentarse ninguna clínica privada. Actualmente, el 77% de los abortos se realizan en hospitales públicos.
- Asturias: Ha iniciado recientemente un proceso de licitación para un acuerdo marco que prevé tarifas entre 376,74 y 538,20 euros según el tipo de intervención, con dos clínicas acreditadas en la región.
Los problemas para regularizar la contratación de IVE con clínicas privadas no son exclusivos de Madrid, aunque la situación de precios congelados y uso reiterado de contratos menores en la capital destaca frente a otras regiones.
Paralelismos con otras áreas de la sanidad
La utilización de contratos menores no se limita a las IVE. También se emplea para servicios como los vuelos para el transporte de órganos, donde hospitales como el Gregorio Marañón han contratado servicios al límite legal de 14.999,99 euros en varias ocasiones. La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) señala que, aunque priorizan la inmediatez y el ahorro, preferirían trabajar bajo convenios autonómicos para facilitar la coordinación y asegurar los recursos necesarios.
Conclusión
La Comunidad de Madrid mantiene un sistema singular en la gestión de las interrupciones voluntarias del embarazo, delegando casi en su totalidad la prestación en clínicas privadas a través de contratos menores. Esta práctica, cuestionada por órganos de control e insatisfactoria tanto para las clínicas como para colectivos de mujeres, contrasta con los modelos implementados en otras regiones, donde los acuerdos marco buscan mayor transparencia, actualización de precios y seguridad jurídica. La solución definitiva parece depender de la voluntad política y de la adaptación del marco legal a las necesidades reales del sistema sanitario madrileño.
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