La UCO desmantela la estrategia de Ignacio González para desvincularse de los negocios irregulares de su hermano con el Canal de Isabel II
La investigación judicial sobre la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II ha puesto en evidencia las contradicciones en la defensa de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, quien intentó desligarse de los negocios presuntamente fraudulentos realizados por su hermano y su cuñado a través de la empresa TCT. Así lo ha confirmado el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de liderar la investigación, al detallar ante la Audiencia Nacional el entramado de comisiones y facturación ficticia que salpica directamente al entorno familiar del exdirigente madrileño.
Declaraciones de Ignacio González y su entorno
Durante su comparecencia como acusado, Ignacio González negó cualquier implicación en la adjudicación de contratos públicos relacionados con el campo de golf del Canal de Isabel II. González aseguró ante el tribunal que nunca participó en gestiones a favor de ninguna empresa y que desconocía la relación de sus familiares con TCT. Según su declaración, la primera vez que tuvo noticia de estos vínculos fue a través de informaciones periodísticas, y subrayó que sus familiares se habrían incorporado a la empresa en 2008, cuando ya no existía relación contractual con el ente público.
Tanto el hermano de González, Pablo González, como su cuñado, Juan José Caballero, siguieron una línea similar en sus declaraciones, negando cualquier participación en contratos previos y limitando su colaboración con TCT a trabajos posteriores y puntuales.
Conclusiones de la UCO: relaciones familiares y facturación ficticia
Las afirmaciones de los acusados fueron refutadas por el agente de la UCO, quien sostuvo que la relación entre Ignacio y Pablo González era no solo familiar sino también profesional y de confianza. La investigación recogió pruebas de que Pablo González actuaba como «asesor de confianza» de su hermano en asuntos relacionados con el Canal de Isabel II.
Según el informe policial, entre 2006 y 2007, TCT —la empresa adjudicataria de los contratos investigados— contaba realmente con solo tres empleados: el administrador, el contable y un supuesto trabajador ficticio que también figuraba como administrador de otra empresa. A través de esta estructura, se generaba facturación falsa que justificaba la retirada de fondos en efectivo, fondos que posteriormente eran repartidos entre Pablo González y Juan José Caballero.
- El 94% de los ingresos de TCT en 2006 y el 88% en 2007 provenían directamente de Dragados, la empresa principal adjudicataria del proyecto.
- La facturación de la empresa experimentó un crecimiento inusual durante esos años, atribuible a su relación con Dragados y, de manera indirecta, con el Canal de Isabel II.
- Los fondos extraídos en efectivo se emplearon, según la investigación, tanto para el reparto de comisiones como para sufragar bienes personales, como la compra de un vehículo.
Dudas sobre la capacidad de TCT y la intervención de Dragados
El agente de la UCO también cuestionó la capacidad real de TCT para ejecutar el contrato de la envergadura del campo de golf, ya que los trabajos fueron realizados finalmente por la empresa Only Golf. A pesar de ello, TCT obtuvo ingresos superiores a los tres millones de euros en dos años.
La investigación halló además documentos internos de Dragados que recogían anotaciones como «a petición del Canal», corroboradas por responsables de la constructora, aunque no se pudo identificar a la persona concreta del ente público que realizó tal solicitud.
Vínculo personal y profesional con Dragados
Ignacio González intentó desvincularse también de la compañía Dragados. Sin embargo, la UCO presentó pruebas que demuestran la relación entre González y la constructora, entre ellas, presupuestos para la reforma del jardín de la vivienda familiar tramitados por una paisajista, cuyos servicios fueron finalmente abonados en efectivo por la esposa de González.
El papel de la dirección del Canal y situación judicial
Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II y designado por Esperanza Aguirre, negó en el juicio haber impuesto a Dragados la subcontratación de TCT ni tener conocimiento de la composición accionarial de la empresa investigada.
Con la declaración de los acusados y la presentación de los informes de la Guardia Civil, el juicio entra en su fase final. La Fiscalía solicita para los implicados penas de seis años de prisión por delitos de cohecho, además de multas que ascienden a 550.000 euros. Se prevé que la fiscalía introduzca ligeras modificaciones en sus conclusiones finales, aunque ha aclarado que estas no perjudicarán a los acusados sino que responderán a una mejora en la redacción del informe.
Conclusión
El caso refleja la compleja red de relaciones personales y empresariales en torno a la gestión de contratos públicos en la Comunidad de Madrid, y cómo la labor de la UCO ha servido para desmontar la estrategia de desvinculación de Ignacio González respecto a los negocios irregulares atribuidos a sus familiares con el Canal de Isabel II. El proceso judicial determinará en las próximas semanas la responsabilidad penal de los acusados y el alcance de las irregularidades detectadas.
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