El pulso judicial al Gobierno y al PSOE se intensifica a las puertas del 29N
A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la actividad judicial en torno al Gobierno y al PSOE se mantiene firme, con resoluciones y diligencias de gran relevancia que no han perdido intensidad pese a la proximidad de los comicios. La adopción de decisiones de calado en los tribunales sigue generando debate sobre la influencia que pueden tener en pleno periodo electoral.
- El pulso judicial al Gobierno y al PSOE se intensifica a las puertas del 29N
- Decisiones judiciales en plena campaña
- Investigación por la crisis migratoria en Ceuta
- El ‘caso Leire’ y los requerimientos al PSOE
- Otras causas activas en plena campaña
- Contradicciones en los tribunales y condenas históricas
- Conclusión
Decisiones judiciales en plena campaña
Entre las actuaciones más destacadas de las últimas semanas se encuentran los ultimátums del juez Santiago Pedraz al PSOE en el denominado ‘caso Leire’, la citación de altos cargos del Ejecutivo para comparecer ante la justicia durante la semana electoral y la petición urgente al Consejo de Ministros para desclasificar informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.
España carece de una prohibición expresa para que los jueces adopten resoluciones de peso durante un proceso electoral; sin embargo, existe una regla no escrita que promueve la prudencia para evitar que las decisiones judiciales puedan interferir en los resultados de las urnas. Esta práctica, no obstante, no siempre es seguida estrictamente, como quedó patente en las elecciones europeas de 2024, cuando la citación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, se produjo tan solo cinco días antes de los comicios.
Investigación por la crisis migratoria en Ceuta
Una de las causas más mediáticas en la Audiencia Nacional gira en torno a la entrada irregular masiva en Ceuta desde Marruecos a finales de julio. La jueza María Tardón ha requerido al Consejo de Ministros la desclasificación urgente —en un plazo de 15 días— de documentos e informes del CNI relacionados con los hechos. Entre la información solicitada se incluyen todas las notas e informes enviados a las autoridades desde el 30 de julio, especialmente aquellas que detallan la actuación de Marruecos.
La magistrada argumenta que la información es «relevante» para la investigación y no compromete la seguridad del Estado, remarcando la urgencia tras siete semanas sin respuesta al requerimiento inicial. Además, Tardón ha tomado declaración como testigos a responsables policiales y de la Guardia Civil, así como a consejeros del Gobierno de Ceuta y funcionarios presentes en la gestión de la crisis.
El pasado 21 de octubre, la jueza también solicitó al Ministerio de Defensa información sobre la posible presencia de buques militares marroquíes en aguas españolas próximas a Ceuta durante los acontecimientos investigados.
El ‘caso Leire’ y los requerimientos al PSOE
La convocatoria electoral ha acelerado el pulso judicial en torno al ‘caso Leire’, supuesta trama dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez para neutralizar procesos judiciales contra el partido o el Gobierno.
Aunque el Partido Popular solicitó la imputación del PSOE, el juez Santiago Pedraz la rechazó, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al considerar que no existen pruebas suficientes que lo justifiquen. No obstante, el magistrado advirtió sobre diligencias pendientes, como la declaración de Cerdán y la necesidad de que el PSOE entregue una relación completa de despachos de abogados y consultorías contratados entre 2021 y 2025, así como la documentación justificativa de los servicios prestados.
Ante la falta de respuesta del partido, Pedraz reiteró el requerimiento con un plazo de dos días, al que sumó un ultimátum de 15 días, recordando que el cumplimiento de las diligencias es obligatorio y no puede condicionarse por la proximidad electoral ni por el secreto profesional. El juez también citó como imputado a un exjuez al que la trama habría contactado para actuar contra una magistrada vinculada a causas que afectan al entorno del presidente Sánchez.
Otras causas activas en plena campaña
La actividad judicial no se limita a estos casos. El juez José Luis Calama, a cargo del caso Plus Ultra, rechazó la petición de José Luis Rodríguez Zapatero para enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí con el fin de esclarecer el origen de joyas incautadas en su despacho, valoradas en un millón de euros. Además, estudia la posibilidad de atribuir al expresidente un nuevo delito de malversación por no entregar dichos bienes a Patrimonio del Estado.
En el caso del rescate de Air Europa, el juez José María Escribano ha fijado once declaraciones testificales para la semana electoral, citando a varios altos cargos del Gobierno y de la SEPI, así como al exportavoz parlamentario Íñigo Errejón. El préstamo público de 475 millones de euros otorgado a la aerolínea en 2020 sigue siendo motivo de controversia política y judicial.
- Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno
- Pedro Saura, presidente de Correos
- Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos
- José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI
- Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar
Contradicciones en los tribunales y condenas históricas
La precampaña también ha sido escenario de decisiones judiciales contradictorias respecto a la ley de nietos. Mientras un juzgado de Madrid rechazaba una querella de Vox contra la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, otro admitía a trámite una denuncia similar de la organización Hazte Oír.
En paralelo, el Tribunal Supremo rechazó los incidentes de nulidad presentados por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, confirmando sus condenas de más de 24 y 19 años de prisión, respectivamente, por corrupción. Esta resolución convierte a Ábalos en el exministro con la mayor condena por corrupción en la historia de la democracia española.
Conclusión
La cercanía de la cita electoral del 29 de noviembre no ha frenado la actividad judicial sobre el Gobierno y el PSOE, que afrontan un intenso marcaje desde los tribunales en casos que abarcan desde crisis migratorias hasta presunta corrupción. Las decisiones judiciales tomadas en este contexto ponen de relieve la compleja relación entre la justicia, la política y el calendario electoral en España.
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