Cuatro años de Ley de Memoria Democrática: solo una multa y nulo impacto contra el franquismo

Cuatro años de la Ley de Memoria Democrática: una única multa anulada y sin efecto frente a los actos franquistas

La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el 21 de octubre de 2022, fue aprobada con el objetivo de limitar y sancionar la apología de la dictadura franquista en España. Sin embargo, cuatro años después de su implementación, los expertos y colectivos memorialistas denuncian la falta de efectividad de la normativa, que hasta la fecha solo ha dado lugar a un expediente sancionador, finalmente anulado por la Justicia.

Escasa aplicación de las sanciones previstas

La legislación contempla multas económicas dirigidas a organizaciones o personas que exalten la dictadura franquista o a sus dirigentes. En este periodo, el único caso sancionado fue el de Falange Española de las JONS, tras los actos conmemorativos del 20 de noviembre de 2022 en Madrid. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática impuso una multa de 10.001 euros a la formación ultraderechista por celebrar actos que, según el expediente, vulneraban la ley.

Sin embargo, en mayo de 2026, la Sección de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estimó el recurso presentado por Falange y anuló la sanción. El tribunal argumentó que España no es una “democracia militante” y, por tanto, la apología de la dictadura no queda automáticamente prohibida por la Ley de Memoria Democrática. Además, se señaló que los actos contaban con las autorizaciones pertinentes y no se registraron incidentes.

Actos de exaltación franquista sin consecuencias legales

Según el seguimiento realizado por organizaciones memorialistas y medios especializados, desde la aprobación de la ley se han producido numerosos actos de exaltación del régimen franquista en diferentes puntos del país. Entre los principales promotores destacan el Movimiento Católico Español —registrado como partido político— y Falange Española de las JONS, también con estatuto legal.

La revisión de las agendas de actividades del Movimiento Católico Español revela al menos quince actos en homenaje al franquismo, conmemorando fechas como el aniversario del golpe de Estado, la muerte del dictador o el denominado “Día de la Victoria”. A pesar de la celebración reiterada de este tipo de eventos, sus responsables niegan haber recibido notificación alguna por parte de las autoridades respecto a posibles infracciones de la ley.

• Luz de Trento: Esta asociación, inscrita en la Comunidad de Madrid, ha celebrado actos en defensa de la figura de Franco, incluso con la presencia del presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), el general retirado Juan Chicharro Ortega. Tampoco ha sido sancionada.
• Plataforma 2025: Nacida para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco, ha promovido manifiestos y eventos que ensalzan la dictadura, sin que se hayan iniciado expedientes sancionadores.

Críticas de los colectivos memorialistas

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), lamenta la inacción de la ley ante la persistencia de estos homenajes. Silva, que recientemente acompañó a un grupo de estudiantes estadounidenses al cementerio de Mingorrubio —donde reposan los restos de Franco y abundan los símbolos franquistas—, denuncia que la normativa no ha protegido a las víctimas del franquismo de la misma forma que se protege a las víctimas del terrorismo.

Silva sostiene que la ley podría haber tenido un alcance mayor, prohibiendo el uso de banderas franquistas y modificando la legislación sobre fundaciones para impedir la existencia de entidades dedicadas a exaltar el régimen. De haberse aplicado estas medidas, la Fundación Nacional Francisco Franco habría sido disuelta de inmediato, señala el activista.

Avances judiciales en el caso de la FNFF

En abril de este año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció el traslado a la Justicia del expediente que solicita la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco por presunto incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. En septiembre, la Abogacía General del Estado formalizó la demanda, que ha sido admitida a trámite en el tribunal de instancia de Madrid. El proceso judicial sigue su curso.

Balance crítico tras cuatro años de ley

Jokin de Carlos, miembro de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en 1936 (AFFNA36), fue designado para participar en el Consejo de Memoria Democrática, órgano consultivo creado en diciembre de 2025. De Carlos califica la ley como “bien intencionada”, pero señala su falta de impacto práctico, especialmente en la lucha contra la apología del franquismo y del fascismo. Según afirma, más allá de dos reuniones informativas, el Consejo no ha tenido ningún resultado relevante.

El sentimiento de frustración es compartido por diversas asociaciones memorialistas, que consideran que la ley no ha aportado medidas eficaces para impedir la exaltación pública de la dictadura franquista. La percepción generalizada es que, aunque la normativa supuso un avance simbólico respecto a la anterior Ley de Memoria Histórica, en la práctica su aplicación y consecuencias han sido nulas.

Conclusión

A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, los datos evidencian la escasa aplicación de las sanciones previstas y la continuidad de actos de exaltación franquista sin consecuencia legal. El debate sobre el alcance y la efectividad de la ley sigue abierto, mientras los colectivos de víctimas y defensores de la memoria histórica reclaman mayor voluntad política y normativa para cumplir con sus objetivos originales.