Ocho estados de Estados Unidos demandan a OpenAI por presuntos daños a menores e infracción de leyes con ChatGPT
Los fiscales generales de ocho estados de Estados Unidos han presentado demandas formales contra OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, acusándola de poner en peligro a usuarios vulnerables, especialmente menores de edad, y de infringir regulaciones de protección al consumidor. Entre los estados demandantes se encuentran tanto administraciones demócratas como republicanas, reflejando una preocupación bipartidista sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.
Acusaciones centrales: riesgos para menores y falta de salvaguardas
Las demandas, presentadas por los fiscales generales de Iowa, Arizona, Idaho, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Kansas y Montana, argumentan que OpenAI habría continuado con el desarrollo y despliegue de sus productos de inteligencia artificial sin implementar adecuadas medidas de seguridad, pese a tener conocimiento de los riesgos asociados a su uso por parte de menores.
En palabras de la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, la acción legal busca responsabilizar a la empresa por “causar daño a los niños, engañar a los padres e infringir la Ley contra el Fraude al Consumidor de Iowa”. Una postura similar han adoptado los fiscales de los otros estados involucrados.
Preocupación por la salud mental y la seguridad infantil
Entre los argumentos presentados en los comunicados oficiales, las fiscalías alertan sobre el posible uso de ChatGPT para obtener instrucciones relacionadas con autolesiones o suicidio. El fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, destacó que algunos usuarios han conseguido eludir las medidas de seguridad de OpenAI, generando respuestas que la propia empresa afirma intentar prevenir con sus sistemas de protección.
Por su parte, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, subrayó que “OpenAI puso en riesgo la seguridad de los habitantes de Arizona al no implementar protecciones adecuadas para los usuarios ni medidas de transparencia, a pesar de existir claros indicios de que los menores interactuaban habitualmente con su chatbot”. Mayes ha asegurado que la demanda busca tanto proteger a los menores como exigir responsabilidades a la compañía por sus presuntas infracciones reiteradas.
Aumento de los desafíos legales para OpenAI
Estas demandas se suman a una creciente lista de desafíos legales que enfrenta OpenAI, mientras los tribunales estadounidenses y de otros países debaten la responsabilidad de los desarrolladores de inteligencia artificial en casos relacionados con la salud mental o la seguridad pública. Un caso reciente en Canadá involucra a la familia de una joven herida en un tiroteo escolar, que argumenta que la empresa tenía información sobre el incidente pero no alertó a las autoridades.
Políticas de edad y respuesta de OpenAI
Actualmente, ChatGPT solo está disponible para usuarios mayores de 13 años, y los menores de 18 requieren el consentimiento de un padre o tutor. OpenAI asegura que verifica la edad de los usuarios a través de varios mecanismos, como la edad declarada, señales de comportamiento y, si es necesario, verificaciones adicionales.
El portavoz de OpenAI, Drew Pusateri, ha defendido que la empresa incorpora “protecciones específicas por edad líderes en el sector”, superando en este aspecto a otras compañías tecnológicas. Además, ha subrayado que OpenAI colabora con expertos para mejorar sus salvaguardas, implementando controles parentales, recordatorios de descanso y protecciones adaptadas a la edad.
“Si bien ningún sistema puede ser perfecto, seguiremos colaborando con expertos para orientar nuestra labor y desarrollar salvaguardias adicionales… Estamos comprometidos a trabajar con los estados para promover políticas pragmáticas sobre IA que se apliquen a toda la industria, y no solo a una empresa”, afirmó Pusateri.
Perspectivas a futuro
El resultado de estas demandas podría sentar un precedente importante sobre las responsabilidades legales de las empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos. Mientras tanto, OpenAI deberá seguir ajustando sus políticas y colaborando con autoridades para responder a las crecientes demandas sociales y regulatorias en torno a la protección de usuarios vulnerables en entornos digitales.
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