El Tribunal Supremo anula el decreto que endurecía los requisitos para nuevas universidades privadas
El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto del Gobierno dirigido a endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades en España, una medida que buscaba controlar la proliferación de centros privados que no alcanzaran los estándares de excelencia académica. La decisión se produce tras estimar un recurso presentado por la comunidad autónoma de Baleares, centrando el fallo en la falta de justificación de la tramitación urgente del procedimiento, sin entrar a valorar el contenido del decreto.
Motivo de la anulación: tramitación urgente injustificada
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha determinado que el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril de 2025, que declaró la tramitación urgente del decreto, no aporta una justificación suficiente sobre la necesidad extraordinaria de acelerar el proceso y omitir el trámite de consulta pública. Según el tribunal, la única razón expuesta —la voluntad de que la reforma estuviera en vigor para el curso académico 2025/26— responde más a una decisión política que a una urgencia objetiva derivada de la normativa vigente.
La resolución señala también que las circunstancias alegadas por el Gobierno no pueden considerarse como extraordinarias o imprevisibles. El Supremo subraya que la urgencia no puede basarse únicamente en la intención de introducir reformas en el sistema universitario, ya que esto no ampara legalmente la omisión del trámite de consulta previa, previsto para garantizar la transparencia y el debate público.
Contenido del decreto anulado
El real decreto 905/2025 establecía nuevas condiciones para la creación y funcionamiento de universidades, con especial énfasis en las privadas. Entre sus principales disposiciones se incluían:
- Exigir un mínimo de 4.500 estudiantes para autorizar la apertura de un centro de educación superior.
- Regular la verificación de nuevos títulos en universidades ya existentes.
- Imponer requisitos específicos sobre el número de profesores doctores.
- Establecer criterios para la acreditación de centros extranjeros con sede en España.
El objetivo declarado de la norma era reforzar la calidad de la educación superior y evitar la aparición de universidades con baja exigencia académica, conocidas popularmente como “chiringuitos”. En palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la intención era frenar la creación de estos centros y asegurar que las universidades ofrecieran proyectos sólidos y de calidad, evitando que se convirtieran en meras “máquinas expendedoras de títulos”.
Implicaciones de la decisión judicial
La anulación del decreto implica que, por el momento, no entrarán en vigor los requisitos más estrictos para la creación de nuevas universidades privadas. La decisión del Supremo pone de manifiesto la importancia de respetar los procedimientos legales y las garantías de participación pública en la elaboración de normativas que afectan al sistema educativo.
El fallo no se pronuncia sobre el fondo de la reforma, es decir, sobre la conveniencia o no de endurecer los requisitos para la creación de universidades, sino que se limita a señalar que la tramitación urgente carecía de la justificación necesaria. Esto deja abierta la puerta a que el Gobierno pueda volver a impulsar una regulación similar, siempre que respete los trámites legales establecidos.
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