El Congreso avanza hacia la despenalización de las injurias contra la Corona tras dos décadas de debate
El Congreso de los Diputados se encuentra en la fase final de una de las reformas legislativas más esperadas por los sectores progresistas: la despenalización de las injurias contra la Corona y otros delitos relacionados con la libertad de expresión. Tras veinte años de intentos y numerosos debates, la iniciativa impulsada por Sumar e Izquierda Unida (IU) ha superado etapas clave y encara su recta final en la Cámara Baja.
Un proceso legislativo marcado por el consenso progresista
El pasado 10 de septiembre concluyó el plazo de presentación de enmiendas en la Comisión de Justicia, alcanzando un total de 92 propuestas de modificación por parte de los distintos grupos parlamentarios. Aunque esta cifra anticipa una negociación intensa, los impulsores de la ley confían en que la norma será aprobada antes de finalizar el año. Desde Sumar se marca octubre como fecha clave, mientras que en el PSOE mantienen una posición más prudente respecto a los plazos.
La propuesta de ley, liderada por IU y presentada por el grupo de Sumar, busca eliminar varios artículos del Código Penal que actualmente castigan las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos, los ultrajes a España y las injurias contra instituciones como el Gobierno y las Cortes Generales. El objetivo es reforzar la libertad de expresión y adaptar la legislación a los estándares democráticos europeos.
Principales reformas al Código Penal
La iniciativa prevé la derogación de artículos clave del Código Penal:
- Artículo 490.3: Elimina el régimen penal agravado para las injurias contra la Corona.
- Artículo 491: Completa la despenalización del delito de injurias a la monarquía, incluyendo el uso de imágenes para desprestigiar a la institución.
- Artículo 496: Suprime el delito de injurias contra las Cortes Generales y las asambleas de comunidades autónomas.
- Artículo 525: Deroga las penas por ofensas a los sentimientos religiosos.
- Artículo 543: Elimina las sanciones por ultraje a España y a sus símbolos nacionales mediante expresiones verbales.
Además, Sumar y PSOE proponen modificar el artículo 502 para despenalizar las injurias a instituciones como el Gobierno, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. No obstante, el delito de enaltecimiento del terrorismo permanecerá vigente, tras no alcanzarse un acuerdo en este punto.
La negociación: un reto de mayorías y enmiendas
La aprobación de la reforma depende del respaldo del llamado bloque de investidura, dado el previsible rechazo de PP y Vox. El proceso negociador se prevé complejo, especialmente por las 92 enmiendas registradas y las demandas específicas de Junts, formación que busca introducir cambios significativos en el texto.
Entre las propuestas de Junts destacan la incorporación de la discriminación por lengua de la víctima como agravante penal, así como la inhabilitación de funcionarios públicos que restrinjan la exhibición de símbolos o el uso de lenguas legales en espacios públicos. Además, la formación catalana plantea modificar el delito de rebelión para excluir de su definición actos de protesta, referéndums o manifestaciones que no impliquen violencia grave.
- Agravante por lengua y origen: Junts propone que la discriminación por lengua utilizada por la víctima tenga la misma consideración agravante que la discriminación por etnia, raza o nación.
- Protección de la libertad de expresión: Solicitan la inhabilitación de funcionarios que limiten la exhibición de símbolos o la expresión de opiniones políticas, ideológicas o religiosas en lugares públicos.
- Reforma del delito de rebelión: Plantean que no se considere rebelión la convocatoria de consultas, referéndums, huelgas o protestas sin violencia grave, aunque carezcan de cobertura legal.
Perspectivas y próximos pasos
El proceso de negociación sigue abierto y la duración final dependerá, en gran medida, de la posición de Junts respecto a sus enmiendas. Sin embargo, existe un amplio consenso en el bloque progresista sobre la necesidad de eliminar del Código Penal los delitos que, según sostienen, limitan la libertad de expresión y otorgan protección especial a instituciones y símbolos del Estado.
Si la ley es finalmente aprobada, supondrá el cierre de un largo ciclo de reivindicaciones parlamentarias iniciadas hace dos décadas, consolidando un importante cambio en la legislación española sobre libertad de expresión y derechos civiles.
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