Investigación judicial a dos miembros de Vox en Murcia por presunto uso indebido de la firma digital de Antelo
Un juzgado de Cartagena ha iniciado una investigación contra dos cargos del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia por su supuesta implicación en el uso no autorizado de la firma digital del diputado José Ángel Antelo. Los hechos habrían ocurrido en el contexto de la destitución de Antelo como presidente provincial del partido y su posterior relevo al frente del grupo parlamentario.
Acusados: un asesor y la coordinadora del grupo
Los investigados son un asesor y la coordinadora del grupo parlamentario de Vox en Murcia, quienes tenían acceso a la firma digital de Antelo. Según la denuncia presentada en julio por el propio Antelo, su firma habría sido utilizada sin su consentimiento para solicitar formalmente su relevo como portavoz del grupo parlamentario.
Denuncia de Antelo y proceso judicial
José Ángel Antelo confirmó que la investigación en curso parte de la denuncia que presentó tras detectar el uso presuntamente fraudulento de su firma digital. El juzgado ha citado a los dos investigados para declarar en enero, mes en el que también comparecerá como testigo Virginia Martínez, exdiputada de Vox que actualmente integra el Grupo Mixto junto a Antelo. Martínez se negó en su momento a firmar el escrito inicial para solicitar el relevo del exportavoz.
Gravedad de los hechos y consecuencias legales
Antelo ha solicitado «dejar que la Justicia haga su trabajo» y subrayó la gravedad de los hechos denunciados. El Código Penal contempla penas de hasta tres años de prisión para delitos relacionados con el uso indebido de firmas digitales, aunque Antelo ha insistido en que no pide ni cárcel ni indemnización, sino que únicamente busca que se esclarezcan los hechos.
«Ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula», ha declarado Antelo, quien lamenta la situación y considera que «nadie se cree que usara mi firma para pedir mi propio cese». A su juicio, lo sucedido no admite debate y señala que este tipo de situaciones se están repitiendo en otras partes de España.
Contexto de la polémica
Los hechos se originaron en febrero, tras la dimisión en bloque del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia, lo que desencadenó la presión para que Antelo abandonara su cargo. Días después, el grupo parlamentario presentó un escrito en la Asamblea Regional, supuestamente firmado por Antelo, solicitando su relevo como portavoz. Antelo alertó a los servicios jurídicos de que no era el autor de dicho documento y que su firma había sido utilizada sin autorización.
Debido a estas irregularidades, los servicios jurídicos de la Asamblea no tramitaron el primer escrito. Posteriormente, Vox presentó un nuevo documento, esta vez cumpliendo los requisitos legales y nombrando a Rubén Martínez Alpañez como nuevo portavoz del grupo. Esto culminó con la expulsión de Antelo del grupo de Vox y su paso al Grupo Mixto.
Próximos pasos en la investigación
El proceso judicial continuará en los próximos meses, a la espera de las declaraciones de los investigados y de la testigo citada. El caso pone de relieve el creciente uso de firmas digitales en procedimientos administrativos y la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad y control dentro de las formaciones políticas.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
