El Congreso aprueba la nacionalidad española para saharauis nacidos antes de 1977 y Marruecos expresa su rechazo
El Congreso de los Diputados ha aprobado una ley histórica que permitirá conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977, es decir, durante el periodo en que el Sáhara Occidental era una colonia española. Esta decisión, que afecta a entre 80.000 y 100.000 personas y a sus descendientes directos, ha generado una fuerte reacción por parte de Marruecos, que denuncia “iniciativas desacertadas que generan discordia” y rechaza ser utilizada como herramienta en el debate político español.
Una ley largamente reivindicada
El camino hacia la aprobación de esta ley ha sido complejo. La propuesta ha sido una demanda constante de los partidos situados a la izquierda del PSOE. Unidas Podemos ya la impulsó en 2022 y, en la actual legislatura, Sumar retomó la iniciativa con el apoyo destacado de los diputados Enrique Santiago y Tesh Sidi. Aunque el PSOE inicialmente se mostró reacio y votó en contra de su tramitación el año pasado, el respaldo del Partido Popular permitió que la ley continuara su curso.
Finalmente, tras intensas negociaciones entre Sumar y los socialistas, la iniciativa fue desbloqueada y aprobada en la Cámara Baja, contando únicamente con el voto en contra de Vox. Diversas fuentes parlamentarias señalan que la debilidad del PSOE al final de la legislatura y la necesidad de enviar un mensaje político a la comunidad saharaui fueron factores clave para este giro.
Marruecos reacciona y alerta de tensiones diplomáticas
Pocas horas después de la votación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos emitió un comunicado en el que acusa a las instituciones españolas de adoptar decisiones que “generan discordia”. Rabat rechaza ser utilizado como “peón político preelectoral” y advierte contra ser el “chivo expiatorio” en conflictos internos españoles.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, fuentes oficiales han respondido que se trata de “una decisión soberana del Parlamento español” que el Gobierno “defenderá y apoyará”, como ya había indicado el ministro José Manuel Albares.
Debate político y simbolismos en el Congreso
El debate parlamentario estuvo marcado por la intervención del diputado socialista Artemi Rallo, quien defendió la ley como un acto de soberanía y compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, el PSOE recibió críticas de otras formaciones por su cambio de postura respecto a 2022 y por la percepción de que la decisión responde a intereses electorales más que a convicciones profundas.
En la tribuna del Congreso estuvieron presentes representantes del Frente Polisario, la organización que representa al pueblo saharaui ante la ONU, así como activistas del movimiento solidario español. El ambiente estuvo cargado de simbolismo, con la presencia de vestimenta tradicional saharaui y la participación activa de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, conocida por su apoyo personal a la causa saharaui.
Implicaciones para las relaciones España-Marruecos
La aprobación de la ley ha reavivado el debate sobre las posibles repercusiones en las relaciones bilaterales. Aunque oficialmente Marruecos no ha emitido un pronunciamiento institucional específico sobre la nueva norma, medios próximos al gobierno marroquí han destacado el asunto como un nuevo desafío para los vínculos diplomáticos entre ambos países.
Para el colectivo saharaui, la ley representa un reconocimiento de su identidad diferenciada respecto a Marruecos y, según fuentes de Sumar, contribuirá a proteger los derechos de quienes residen en los territorios ocupados y sufren vulneraciones administrativas y de derechos humanos. Marruecos, por su parte, sigue considerando el Sáhara Occidental como parte de sus “provincias del Sur” y ve la medida como una intromisión en su soberanía.
Contexto histórico de fricciones diplomáticas
La cuestión del Sáhara Occidental ha sido históricamente una fuente de tensiones entre España y Marruecos. Episodios como la crisis migratoria en Ceuta en 2021, o el giro del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 al apoyar la propuesta marroquí de autonomía, han marcado la agenda bilateral. La reciente aprobación de la ley coincide además con un contexto de especial sensibilidad tras la crisis de Ceuta y con la atención puesta en las relaciones entre ambos países por parte de los partidos políticos españoles.
- En 2018, el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, vetó un debate sobre el conflicto saharaui en el Congreso, argumentando posibles efectos negativos en las relaciones bilaterales.
- En 2020, la firma de un convenio de apoyo social con representantes saharauis generó malestar en Rabat, aunque el Gobierno español reiteró su postura oficial de no reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática.
- En noviembre de 2020, un mensaje del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en apoyo al referéndum de autodeterminación motivó contactos diplomáticos para aclarar la posición oficial de España.
Perspectivas y próximos pasos
Por el momento, el Gobierno español insiste en que la aprobación de la ley responde a la voluntad soberana del Parlamento y niega que existan presiones externas. Sin embargo, la evolución de las relaciones con Marruecos seguirá siendo objeto de atención, especialmente en el ámbito migratorio y de cooperación bilateral.
La concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977 supone un gesto de reparación histórica y abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre Madrid, Rabat y el pueblo saharaui.
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