El Tribunal Supremo respalda ocultar la identidad de grandes tenedores de vivienda en Catalunya
El Tribunal Supremo ha dictaminado que la identidad de los grandes tenedores de vivienda en Catalunya puede mantenerse en el anonimato. Según la resolución, revelar esta información supondría un riesgo para la seguridad pública al facilitar posibles ocupaciones ilegales de los inmuebles.
Contexto del fallo judicial
La decisión del Supremo respalda una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que se pronunció en el marco de un litigio entre la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y el medio de investigación catalán Crític. Este último había solicitado en 2021 a la Generalitat un listado completo con la identidad de los grandes tenedores de vivienda en el territorio catalán.
En su sentencia, el Supremo considera acertado el razonamiento del TSJC, que argumentaba que la divulgación de la identidad de las personas jurídicas grandes tenedoras «incrementa de modo relevante el riesgo de ocupación ilegal de sus viviendas».
El litigio: acceso a la información y protección de datos
El origen del caso se remonta a una solicitud de información pública presentada por Crític, que en 2021 obtuvo un listado anonimizado de grandes tenedores de vivienda con fianzas depositadas en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). El medio reclamó conocer la identidad de los diez principales tenedores, quienes sumaban más de 25.000 pisos de alquiler en toda Catalunya.
La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) y la Autoridad Catalana de Protección de Datos determinaron que la Generalitat debía proporcionar esa información, aunque establecieron que los datos relativos a personas físicas debían mantenerse en el anonimato. Posteriormente, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona recurrió esta decisión y consiguió que el TSJC le diera la razón en diciembre de 2023.
Argumentos sobre el riesgo de ocupación ilegal
El TSJC consideró probado que revelar la identidad de los grandes tenedores podría facilitar la ocupación ilegal de sus viviendas. En su argumentación, citó un manual sobre ocupaciones y la estadística de que el 82% de las ocupaciones en Catalunya afectan precisamente a grandes tenedores.
La Generalitat recurrió en casación la sentencia del TSJC, sosteniendo que el derecho de acceso a la información pública debe interpretarse de forma amplia y que no se había evidenciado un perjuicio real para la seguridad pública. Sin embargo, el Supremo ha confirmado el criterio del tribunal catalán.
Consecuencias del fallo y reacciones
La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha celebrado la decisión del Supremo, destacando que la sentencia confirma plenamente la doctrina del TSJC y protege la identidad de las personas jurídicas grandes tenedoras de vivienda.
Asimismo, la patronal de la propiedad ha advertido que este fallo afecta directamente al proyecto de decreto para el despliegue del Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título, así como al Registro de grandes tenedores, actualmente en tramitación. En concreto, ha señalado que el artículo 20.2 de dicho proyecto prevé la publicación en la web de la Agència de l’Habitatge de Catalunya de la relación de personas jurídicas inscritas, incluyendo su razón social y NIF, una disposición que, según la Cambra, debería revisarse para adaptarse a la nueva doctrina judicial.
¿Qué información seguirá siendo pública?
- Número total de grandes tenedores de vivienda.
- Condición de persona física o jurídica de los titulares.
- Cantidad de viviendas poseídas por cada titular, de forma anonimizada.
- Municipios donde se ubican los inmuebles.
El Supremo sostiene que con esta información se satisface el interés público sin poner en riesgo la seguridad de los titulares ni facilitar posibles ocupaciones ilegales.
Perspectivas futuras
Esta sentencia fija doctrina sobre la protección de la identidad de los grandes tenedores de vivienda en Catalunya y podría tener impacto en otras comunidades autónomas con problemáticas similares de acceso a la vivienda y ocupaciones ilegales. El debate entre el derecho a la información y la seguridad de los propietarios sigue abierto y previsiblemente continuará generando controversia en los próximos meses.
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