Una jueza solicita una macrocausa para investigar la posible discriminación en residencias durante la pandemia
Una jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero ha propuesto unificar las investigaciones sobre los protocolos de no derivación hospitalaria aplicados en las residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19. La magistrada sostiene que estos casos no deberían ser analizados de forma individual, sino mediante una investigación conjunta, ante la sospecha de que existió un patrón común de discriminación que pudo afectar a numerosos residentes.
Investigación sobre un posible “marco discriminatorio”
Según el auto emitido, la clave no reside únicamente en esclarecer lo sucedido con cada residente, sino en determinar si los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en las residencias incorporaban criterios discriminatorios. Estos podrían haber condicionado de manera generalizada la atención sanitaria, incumpliendo los estándares médicos en un contexto tan excepcional como el de la pandemia.
La jueza plantea que la decisión de no trasladar a determinados residentes a hospitales podría haber estado influida por factores como el grado de movilidad, el nivel de discapacidad u otros sesgos estructurales. Así, solicita que se investigue si estos criterios establecieron un marco discriminatorio que afectó simultáneamente a múltiples personas mayores que residían en estos centros.
Controversia sobre la competencia judicial
Esta interpretación ha generado un conflicto competencial. La magistrada de Navalcarnero considera que debe ser la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid número 3 la encargada de centralizar todas las denuncias. Sin embargo, este juzgado ha rechazado asumir el caso de forma conjunta, argumentando que cada procedimiento corresponde a una víctima distinta, con circunstancias sanitarias y asistenciales propias, y que no existe suficiente conexión para reunir todas las investigaciones bajo una única causa.
El auto subraya la importancia de evitar una “valoración fragmentada de cada víctima” y propone que la investigación se concentre en los protocolos y su aplicación, como elemento común, para evitar la dispersión judicial. Asimismo, vincula los hechos investigados con el artículo 511 del Código Penal, que sanciona la denegación de prestaciones por motivos discriminatorios.
Riesgo de exclusión sistemática
La resolución judicial advierte que, de probarse que los criterios de exclusión se aplicaron de forma uniforme, podría haber existido una “exclusión sistemática” de personas que no alcanzaban determinados niveles de movilidad o capacidad, impidiéndoles el acceso a la atención hospitalaria durante la pandemia.
Situación actual del proceso judicial
Hasta que se resuelva la cuestión competencial, el caso continuará en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid número 3, dentro de las diligencias previas 982/2021, que investigan un posible delito de denegación discriminatoria de prestaciones en el caso de una residente específica. Mientras tanto, la jueza de Navalcarnero ha acordado el archivo provisional de sus actuaciones. En situaciones de competencia negativa, cuando dos juzgados rechazan asumir un caso, corresponde a la Audiencia Provincial decidir qué órgano debe continuar la instrucción.
Antecedentes de intentos de unificación judicial
El debate sobre la unificación de las investigaciones no es nuevo. El 30 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid ya resolvió no agrupar todas las causas en una macrocausa, manteniendo la dispersión entre diferentes órganos judiciales. El tribunal descartó tanto la centralización total en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid como la opción intermedia de agrupar allí únicamente los procedimientos relacionados con ex altos cargos del Gobierno autonómico.
No obstante, en julio la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid varió el criterio y decidió concentrar ambas investigaciones en una sola causa. Así, el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ya estaba investigando hechos similares. El objetivo de esta decisión fue evitar resoluciones contradictorias y garantizar una administración de justicia más eficaz.
Implicaciones y próximos pasos
- La decisión final sobre la competencia corresponderá a la Audiencia Provincial de Madrid.
- El caso pone el foco en el posible impacto discriminatorio de los protocolos aplicados durante la pandemia en las residencias de mayores.
- La resolución judicial podría sentar un precedente para la investigación de decisiones sanitarias en situaciones excepcionales.
La evolución de este proceso será clave para determinar posibles responsabilidades y establecer si los protocolos de no derivación hospitalaria constituyeron una vulneración de los derechos de las personas mayores residentes en centros asistenciales durante la crisis sanitaria.
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