Afganistán cumple cinco años de represión talibán y retroceso en derechos humanos

Afganistán: cinco años de retroceso en derechos humanos bajo el régimen talibán

El 15 de agosto de 2026 se cumplen cinco años desde la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, una fecha que marca un periodo de profundo deterioro en materia de derechos humanos, especialmente para mujeres y niñas. Mientras la comunidad internacional debate cómo relacionarse con el gobierno de facto, la ONU advierte contra la normalización de un régimen que, según analistas, ha instaurado un «apartheid de género» sin precedentes en el mundo contemporáneo.

La consolidación talibán y el colapso institucional

La reconquista talibán comenzó a gestarse en 2020 tras la firma de un acuerdo en Catar con Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump. Este pacto buscaba poner fin a la presencia militar extranjera en Afganistán, pero resultó insuficiente para sostener unas instituciones políticas frágiles frente a una insurgencia en ascenso. En agosto de 2021, la toma de Kabul y la huida del entonces presidente Ashraf Ghani inauguraron una nueva etapa marcada por la instauración de un régimen fundamentalista y el aislamiento internacional.

Durante este lustro, el poder talibán ha emitido 264 decretos que vulneran los derechos humanos, de los cuales 166 afectan directamente a las libertades de mujeres y niñas, según datos de organizaciones internacionales. Estas medidas restringen la educación, el acceso al trabajo, la asistencia sanitaria y la movilidad, privando de derechos fundamentales a unos 20 millones de afganas.

“Apartheid de género”: una política de Estado

Expertos en derechos humanos, como Alessia Schiavon, directora ejecutiva de FIBGAR, alertan de que Afganistán se ha convertido en un laboratorio de “apartheid de género”. Las restricciones no solo afectan a la educación, vetada para las niñas a partir de los 12 años y con la universidad prohibida para las mujeres, sino que extienden su control a todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluso al entorno doméstico y sanitario.

El régimen ha institucionalizado la figura del “maharam” —tutor masculino obligatorio—, imponiendo la presencia de un hombre en cualquier actividad pública realizada por una mujer. Inspectores morales vigilan el cumplimiento de estas normas, llegando incluso a intervenir en hospitales para asegurar la segregación y el control.

• Limitación del acceso a la educación superior para mujeres
• Prohibición de trabajar y restricciones al acceso a servicios de salud
• Obligatoriedad de la compañía de un tutor masculino en espacios públicos
• Vigilancia doméstica ejercida por familiares varones

Presión internacional y tímidos avances

Ante este panorama, la rendición de cuentas avanza con dificultad. Si bien existen procedimientos preliminares en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la respuesta internacional se ha visto desdibujada por intereses políticos y migratorios. Organizaciones como FIBGAR critican la postura de países europeos, que priorizan el control migratorio sobre la defensa de los derechos humanos, e instan a la Unión Europea y a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el régimen talibán.

La reciente recepción de una delegación talibán en la Unión Europea evidenció la realidad: aunque la mayoría de los países no reconoce formalmente al gobierno talibán, este ejerce el control absoluto sobre Afganistán. Algunos estados, como Rusia, han restablecido relaciones diplomáticas; otros, como Irán, China, Uzbekistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí y Turquía, mantienen vínculos pragmáticos por motivos económicos y de seguridad.

Preocupaciones de la ONU y crímenes documentados

Expertos de Naciones Unidas, encabezados por el relator especial Richard Bennett, advierten que aceptar la opresión talibán como una realidad inmutable es una postura peligrosa. Las pruebas acumuladas durante estos cinco años demuestran que el régimen no tiene intención de moderar su control ni de mejorar la situación de los derechos humanos. La normalización, subrayan, solo legitima la represión.

En este contexto destaca la orden de arresto internacional contra el líder talibán, el mulá Haibatulá Ajundzada, dictada por el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad relacionados con la persecución de género. Ajundzada, atrincherado en Kandahar desde la caída de Kabul, consolidó a su gobierno el pasado año, eliminando la interinidad de los ministros y asegurando el control del poder.

Decreto 18: refuerzo del control patriarcal

Uno de los ejemplos más recientes de esta opresión es el Decreto 18, promulgado en mayo de 2026. Esta normativa reconoce los matrimonios concertados durante la infancia, refuerza el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales y dificulta que mujeres y niñas impugnen estos vínculos, exigiendo la aprobación judicial como requisito indispensable para cuestionar o abandonar un matrimonio. En contraste, los hombres pueden divorciarse de manera unilateral y sin trabas.

• Obstáculos judiciales para que las mujeres puedan disolver matrimonios forzados
• Reconocimiento legal de matrimonios infantiles
• El silencio de una niña tras la pubertad puede interpretarse como consentimiento

Organizaciones como Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante denuncian que el matrimonio forzado es solo uno de los múltiples ejemplos de una represión estructural y exigen una reforma integral del sistema jurídico afgano, algo inviable en el escenario político actual.

Desafíos y perspectivas

Cinco años después del regreso talibán, Afganistán sigue siendo un epicentro de violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente para mujeres y niñas, que ven restringidas sus libertades en todos los aspectos de la vida. Mientras la comunidad internacional debate entre la presión y el pragmatismo, la falta de avances reales amenaza con consolidar un modelo de represión que puede sentar un peligroso precedente global.