Miles de costarricenses se movilizan en defensa del Poder Judicial ante tensiones con el Gobierno
Miles de ciudadanos costarricenses se congregaron este jueves en la Plaza de la Democracia, en San José, para manifestar su apoyo al Poder Judicial y la democracia, en un contexto de creciente conflicto institucional con el Gobierno nacional. La movilización se produjo después de que la presidenta Laura Fernández calificara de «golpistas» a varios magistrados de la Sala Constitucional, intensificando así la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Un llamado a la defensa de la democracia
Con pancartas y consignas a favor de la democracia y el Estado de derecho, la manifestación reunió a estudiantes universitarios, líderes sindicales, figuras políticas y ciudadanos de diversos sectores. El objetivo principal fue respaldar al Poder Judicial frente a los señalamientos y críticas persistentes del Gobierno encabezado por Fernández, así como de su antecesor y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves.
«Vine a defender a Costa Rica y a nuestra democracia. No queremos que se quiebre la división de poderes y rechazamos la concentración de poder y el autoritarismo», expresó José Mario Gutiérrez, estudiante universitario participante en la protesta.
Preocupación por la concentración de poder
Entre los asistentes destacó la presencia del expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien advirtió sobre los riesgos de la concentración de poder en el país y recordó los antecedentes de situaciones similares en otras naciones de la región. «Esto es muy peligroso para la democracia», subrayó Rodríguez, quien instó a buscar soluciones a través del diálogo y el consenso.
Crisis por nombramientos en la Sala Constitucional
El conflicto institucional se agudizó tras la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar los nombramientos de sus magistrados suplentes, que habían vencido en diciembre pasado. El Congreso, dominado por el oficialista Partido Pueblo Soberano, se ha negado durante meses a aprobar nuevos nombramientos, alegando desacuerdo con los candidatos propuestos por la Corte Suprema.
La medida adoptada por la Sala Constitucional buscaba evitar la paralización de casos y garantizar el funcionamiento del tribunal, pero provocó la reacción inmediata de la presidenta Fernández, quien denunció presuntos intentos de «golpe de Estado» por parte de un sector del Poder Judicial. Además, el oficialismo presentó una querella por prevaricación contra los cuatro magistrados que avalaron la prórroga.
Acusaciones cruzadas y recorte presupuestario
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Gobierno actual y el Poder Judicial, que mantiene abiertas investigaciones sobre varios funcionarios, incluido el ex presidente y ahora ministro Rodrigo Chaves. Tanto Fernández como Chaves han acusado reiteradamente a la cúpula judicial de favorecer intereses particulares y han anunciado un recorte del 5% en el presupuesto del Poder Judicial para el año 2027.
Contexto y perspectivas
La confrontación entre los poderes del Estado ha generado inquietud en amplios sectores de la sociedad costarricense, que ven amenazada la independencia judicial y la estabilidad democrática. Las manifestaciones y el debate público reflejan la preocupación ciudadana ante el riesgo de erosión de la división de poderes, un pilar fundamental en la tradición democrática de Costa Rica.
- La concentración de poder y las acusaciones de autoritarismo han encendido la alarma en diferentes sectores sociales y políticos.
- El conflicto institucional podría tener consecuencias de largo plazo para la gobernabilidad y el Estado de derecho en el país.
- La sociedad civil, a través de movilizaciones pacíficas, ha reiterado su compromiso con la defensa de la democracia y la independencia judicial.
A medida que avanza el conflicto, la atención está puesta en las posibles vías de diálogo y solución institucional, en un momento clave para el futuro político de Costa Rica.
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