Críticas a Trump por solicitar restricciones al voto por correo ante la Corte Suprema
La petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la Corte Suprema autorice restricciones al voto por correo en las próximas elecciones de mitad de mandato ha provocado una fuerte reacción de la oposición política y de organizaciones en defensa de los derechos electorales.
Demanda de estados demócratas y el Distrito de Columbia
Tras la orden ejecutiva de la Administración Trump que busca limitar el acceso al voto por correo, casi dos docenas de estados gobernados por demócratas, junto al Distrito de Columbia, han presentado demandas argumentando que se trata de un “ataque constitucional” y un intento de manipulación electoral. Según los demandantes, las nuevas restricciones suprimen el derecho al voto y sobrepasan la autoridad presidencial en materia electoral.
El contenido de la orden ejecutiva
La medida impulsada por el mandatario republicano establece que el Servicio Postal solo podrá distribuir boletas de voto por correo a los electores que figuren como elegibles en los registros estatales, verificados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta decisión fue parcialmente bloqueada por un tribunal federal de apelaciones, lo que llevó a la Administración a solicitar la intervención del máximo tribunal del país.
Debate judicial y argumentos legales
El principal motivo de la suspensión judicial ha sido la falta de autoridad presidencial para modificar las reglas de las elecciones. Hasta el momento, los tribunales han prohibido que el Gobierno federal acceda a los padrones electorales en tres estados, mientras que el resto de los casos permanece en espera de resolución judicial.
El voto por correo en el centro del debate
El voto por correo cobró especial relevancia durante las elecciones presidenciales de 2020, cuando millones de estadounidenses recurrieron a esta modalidad debido a la pandemia de COVID-19. En la actualidad, el presidente Trump sostiene —sin pruebas— que existen riesgos de fraude asociados, y ha intensificado su presión para que el Congreso apruebe la ley “Save America”, que exigiría pruebas documentales de ciudadanía para votar en elecciones federales.
- La Administración ha presentado demandas contra 29 estados para obtener información detallada sobre los votantes, incluyendo fechas de nacimiento, números de licencia y fragmentos del Seguro Social.
- Funcionarios electorales, tribunales y agencias federales han reiterado que no existen pruebas de fraude electoral generalizado y que el sistema dispone de múltiples mecanismos de verificación y auditoría.
Reacciones de líderes demócratas y organizaciones civiles
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, una de las figuras más visibles en la demanda contra la orden ejecutiva, calificó la medida como “un ataque al derecho constitucional al voto” y defendió la seguridad y accesibilidad del voto por correo en su estado.
El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, manifestó que la iniciativa de Trump responde a la pérdida de apoyo político y acusó al presidente de intentar manipular las elecciones en lugar de atender las preocupaciones ciudadanas. Según Gallego, el 80% de los votantes en Arizona utiliza el voto por correo, un sistema que considera seguro y eficaz.
Otros legisladores demócratas, como la representante por Washington Suzan DelBene y Stephen Lynch de Massachusetts, también han calificado la orden de Trump como “inconstitucional”.
Desde la sociedad civil, la portavoz de Voto Latino, Beatriz López, advirtió que la medida afectaría especialmente a los electores hispanos. “Cada vez que el electorado latino crece, surgen intentos para dificultar su participación”, subrayó López, rechazando que la orden esté motivada por preocupaciones sobre la integridad electoral.
Un contexto de desconfianza y polarización
La controversia sobre el voto por correo refleja una creciente polarización política en torno al acceso y la integridad de los procesos electorales en Estados Unidos. Mientras la Administración Trump insiste en endurecer los controles, amplios sectores políticos y sociales defienden el sistema actual y advierten sobre el impacto de las restricciones en la participación ciudadana.
La decisión final de la Corte Suprema será determinante para el desarrollo de las elecciones de noviembre y podría sentar un precedente en la regulación del voto por correo en el país.
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