Naama Asfari: 15 años de prisión, torturas y una huelga de hambre contra la represión en el Sáhara Occidental
El activista saharaui Naama Asfari cumple ya 15 años en una prisión marroquí tras ser condenado en un proceso judicial ampliamente cuestionado por organismos internacionales. Su caso se ha convertido en un símbolo de la represión ejercida por Marruecos sobre la población saharaui en el Sáhara Occidental, territorio ocupado por el reino alauita desde 1975. En las últimas semanas, la salud de Asfari se encuentra en estado crítico tras iniciar una huelga de hambre indefinida para denunciar su situación y la de decenas de compañeros encarcelados.
Denuncias de tortura y aislamiento
Desde su reclusión en la prisión marroquí de Kenitra, Naama Asfari ha denunciado reiteradamente torturas físicas y psicológicas, así como la restricción casi total de visitas familiares y comunicaciones. Según el Frente Polisario, su estado de salud se agrava rápidamente debido a la falta de atención médica y a las condiciones de aislamiento.
Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), han documentado el uso sistemático de tortura en las cárceles marroquíes contra activistas saharauis. Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó en 2023 de «irregular» el juicio en el que Asfari fue condenado a 30 años de prisión por supuesta pertenencia a organización criminal y complicidad en actos violentos contra las fuerzas de seguridad marroquíes.
Obstáculos a la verificación internacional
La labor de verificación de estas denuncias por parte de organismos internacionales se ha visto obstaculizada por Marruecos. La visita prevista de la ex relatora especial sobre la Tortura de la ONU, Alice Jill Edwards, fue cancelada por las autoridades marroquíes alegando coincidencia con la festividad del Eid al-Fitr, impidiendo así la comprobación in situ de las denuncias.
Reacciones y campaña internacional
Ante la gravedad de la situación, diversas formaciones políticas españolas a la izquierda del PSOE, junto a sindicatos y movimientos sociales, se han sumado a la campaña «Salvemos la vida de Naama», lanzada el 15 de julio desde la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Entre los apoyos figuran partidos como Izquierda Unida, MÉS Mallorca y el Bloque Nacionalista Galego, así como organizaciones como CCOO y asociaciones de amistad con el pueblo saharaui.
La esposa de Asfari, Claude Mangin, ha tratado de visibilizar la causa liderando una marcha desde Francia hasta la prisión de Kenitra, sin que las autoridades marroquíes le permitieran visitarlo, pese al amplio eco mediático y social de la iniciativa.
El precedente de Gdeim Izik: protestas y represión
El caso de Naama Asfari está íntimamente ligado a los acontecimientos de Gdeim Izik. En octubre de 2010, miles de saharauis se concentraron pacíficamente en las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para reclamar derechos sociales y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. La protesta se tornó trágica tras la muerte de un adolescente saharaui a manos de la policía marroquí y el posterior asalto violento al campamento el 8 de noviembre de ese año.
El saldo de víctimas tras los enfrentamientos varía según las fuentes. Marruecos reconoció 13 muertos (de los cuales solo dos saharauis) y 255 policías heridos, mientras que el Frente Polisario elevó la cifra a 19 fallecidos, 723 heridos y 159 desaparecidos. En los días siguientes, 25 activistas saharauis, entre ellos Asfari, fueron arrestados y sometidos a procesos judiciales bajo acusaciones graves.
Procesos judiciales sin garantías
Durante las detenciones, los informes internacionales constataron prácticas de tortura que incluyeron palizas, quemaduras y privación de alimento, según el Comité contra la Tortura de la ONU. En 2013, 23 saharauis fueron condenados a penas de entre dos años y cadena perpetua por un tribunal militar. Posteriormente, el caso pasó a la jurisdicción civil, donde las penas se mantuvieron en la mayoría de los casos por encima de 10 años, basándose en confesiones que los acusados aseguran se obtuvieron bajo coacción y tortura.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó en 2023 que estos procedimientos carecieron de garantías procesales esenciales, considerándolos como detenciones arbitrarias. Además, el organismo subrayó que Marruecos no respondió adecuadamente a las denuncias de tortura, y que aún hoy 19 de estos activistas permanecen en prisión.
Exigencias a la comunidad internacional
La huelga de hambre indefinida de Naama Asfari representa un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que intervenga en la situación de los presos saharauis y exija a Marruecos el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. El caso sigue siendo un ejemplo emblemático de la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de una respuesta global ante las violaciones sistemáticas de derechos en el Sáhara Occidental.
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