El expresidente del PP de Almería se acoge a su derecho a no declarar en el caso de contratos irregulares en la Diputación
El expresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha decidido no prestar declaración este viernes ante el juez encargado del caso conocido como “caso mascarillas”, una investigación centrada en una supuesta trama de contratos irregulares y cobro de comisiones en la institución provincial. García argumenta que no han surgido novedades en la causa que justifiquen una nueva comparecencia.
Comparecencia marcada por la expectación mediática
García acudió a primera hora de la mañana a la Ciudad de la Justicia de Almería, donde su llegada fue seguida de cerca por numerosos medios de comunicación. Tras permanecer aproximadamente una hora en el edificio judicial, el exdirigente salió apresuradamente, evitando responder preguntas y abandonando el lugar en un vehículo que le esperaba en las inmediaciones.
El letrado de García, Joaquín Monterreal, explicó a los medios que su cliente ya había prestado declaración en noviembre de 2025 tras su detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según Monterreal, desde entonces no se han producido actuaciones relevantes en la investigación y la defensa está a la espera de nuevos informes policiales sobre registros y análisis de dispositivos electrónicos incautados. “En su momento se dieron todas las explicaciones pertinentes y, si surge algo nuevo, se valorará una nueva declaración”, señaló el abogado, insistiendo en que mantener silencio no implica ocultar nada.
Ronda de interrogatorios y estrategia de defensa
Junto a García, también se acogieron a su derecho a no declarar dos de sus hermanos, ambos investigados en la causa, un funcionario del Área de Fomento vinculado al exvicepresidente Óscar Liria, y un empresario presuntamente implicado en la trama. Estas comparecencias ponen fin a una ronda de interrogatorios que comenzó el pasado 4 de junio.
La defensa de García ha reiterado que el origen del dinero en efectivo manejado por el expresidente proviene de varios alquileres familiares gestionados por su hermana y que estos ingresos han sido declarados ante la Agencia Tributaria en sus correspondientes declaraciones de la renta.
Valoración de la acusación popular
El abogado Javier Salvador, representante de la acusación popular, respaldada por el PSOE, calificó la ronda de interrogatorios como “fructífera”, a pesar de la falta de colaboración de los investigados. Salvador subrayó que las declaraciones obtenidas han permitido clarificar la estructura de la presunta red y el reparto de roles entre los implicados.
Según la acusación, la supuesta organización criminal funcionaba como una red jerarquizada con “jefecillos locales”, quienes, fuesen o no alcaldes, gestionaban la adjudicación de contratos bajo la dirección de García. Salvador enfatizó que esta estructura aprovechó la declaración de la pandemia para ver en la adquisición de material sanitario una oportunidad de negocio a través de contratos urgentes.
Documentación clave y conversaciones intervenidas
El abogado José María Terrés destacó la existencia de una “enorme cantidad de documentación” incautada durante la investigación, la cual será fundamental para determinar el grado de implicación y responsabilidad de cada investigado.
Entre las pruebas analizadas figuran conversaciones de WhatsApp en las que García y otros altos cargos utilizaban términos odontológicos para referirse, presuntamente, a comisiones ilegales. Mensajes como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas” o el envío de un emoji de muela, coincidiendo con la firma de un contrato millonario de material sanitario, han sido objeto de especial atención por parte de los investigadores. Según la UCO, el contrato por más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y equipos de protección presentaba un sobrecoste del 42,27%.
García ha alegado que estos mensajes carecen de contexto y que simplemente reflejan conversaciones cotidianas, sin relación con pagos o comisiones ilegales. Además, ha defendido que la firma de contratos se enmarcaba en la normalidad de su cargo y que los expedientes pasaban los controles preceptivos antes de llegar a su despacho.
Origen del dinero en efectivo y sospechas de blanqueo
El origen del dinero en efectivo gestionado por García y sus hermanos ha sido uno de los focos de la investigación. El exdirigente sostiene que los fondos proceden de rentas de alquileres familiares en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano por tradición local. Entre 2016 y la actualidad, García afirma haber percibido entre 160.000 y 180.000 euros, debidamente incluidos en sus declaraciones fiscales. Parte de ese dinero se guardaba en un fondo común gestionado por su hermana y destinado a reparaciones y otras necesidades familiares. Durante los registros, la Guardia Civil halló 7.620 euros en una caja fuerte junto a una nota manuscrita que indicaba que el dinero era propiedad de García.
Frente a las sospechas de la UCO de que este efectivo pudiera tener un origen ilícito y haberse utilizado para adquirir una vivienda en Almerimar, García justificó los pagos con el dinero recibido de los alquileres, argumentando que la operación no quedó registrada en sus cuentas bancarias por esa razón. Asimismo, explicó que la hipoteca de la vivienda quedó a nombre de su hermana tras el fallecimiento de sus padres, aunque él asumió el pago de las cuotas. También atribuyó a sus ahorros familiares los fondos empleados para la compra de una finca en Rodalquilar, unos 20.000 euros.
Perspectivas de la investigación
La investigación, que sigue su curso a la espera de los resultados de los análisis policiales y de la documentación incautada, mantiene en el foco a varios ex altos cargos de la Diputación de Almería y empresarios. El caso sigue generando expectación tanto en el ámbito político como en el judicial, mientras los diferentes actores procesales aguardan nuevos avances que permitan esclarecer el alcance de la presunta trama de corrupción.
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