La Fiscalía solicita duras penas para los principales implicados en el caso Mediador
El Ministerio Público ha solicitado penas de prisión que oscilan entre los ocho y los trece años para los principales acusados en la trama conocida como el caso Mediador, una investigación que involucra a antiguos cargos públicos y empresarios en presuntos delitos de corrupción en Canarias.
Principales acusados y penas solicitadas
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni y exdiputado socialista, once años para su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y trece años para Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien actuaba como intermediario en la red y da nombre al caso.
A los tres principales acusados se les atribuyen delitos continuados de cohecho y prevaricación, así como pertenencia a grupo criminal. Además, a Fuentes Curbelo se le suma un delito de estafa y, en el caso de Navarro Tacoronte, se le imputan también tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Desglose de la acusación y otros implicados
En total, el Ministerio Público ha presentado cargos contra 16 de las 23 personas procesadas en la pieza principal del caso Mediador. Según la investigación, la trama consistía en el cobro y la exigencia de sobornos y comisiones a cambio de favores y ventajas administrativas y políticas, favoreciendo especialmente a empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables.
El fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, solicita penas menores, de hasta dos años de prisión, para otros implicados, como el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, así como para funcionarios intermedios y empresarios colaboradores en la red.
Funcionamiento de la trama
Según el escrito de acusación, Tito Berni, Taishet Fuentes y Navarro Tacoronte diseñaron un “plan criminal” con funciones claramente diferenciadas. Mientras que Navarro Tacoronte se encargaba de captar empresarios dispuestos a cumplir las exigencias ilícitas, los Fuentes aprovechaban sus cargos públicos para identificar a posibles empresarios y facilitar el acceso a la administración, utilizando información privilegiada y su posición de poder.
La implicación del general retirado Francisco Espinosa Navas se habría producido para intermediar en la obtención de contratos públicos y privados, recibiendo a cambio regalos, comisiones o pagos en efectivo a través del mediador.
- El plan incluía la organización de visitas guiadas al Congreso de los Diputados, encabezadas por Tito Berni, para impresionar y ganar la confianza de los empresarios.
- Los encuentros no se limitaban al Congreso, sino que los empresarios también accedían a otras instituciones públicas, siendo recibidos por altos cargos, como el propio Taishet Fuentes.
Pruebas y desarrollo judicial
Buena parte de las pruebas que sustentan la acusación proceden de los teléfonos móviles de Marco Antonio Navarro Tacoronte, donde además de evidencias sobre los presuntos delitos, se han encontrado referencias a fiestas privadas y reuniones en locales de ocio, utilizadas para cerrar acuerdos y negocios ilícitos.
Tras estallar el escándalo, Juan Bernardo Fuentes Curbelo dimitió de su cargo como diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados.
El caso Mediador ha sido fragmentado en varias piezas judiciales. Una de ellas ya ha concluido en juicio, con sentencias inferiores a un año de prisión por cohecho continuado para el mediador, un exgeneral de la Guardia Civil y un empresario vinculado al sector eólico.
Contexto y repercusión
El caso Mediador ha supuesto un golpe a la imagen de las instituciones canarias y del propio Congreso, al poner de manifiesto la utilización de cargos públicos para el beneficio privado y el favorecimiento de intereses empresariales a través de prácticas corruptas.
Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se celebren nuevos juicios que podrían arrojar más luz sobre el alcance real de la trama y determinar las responsabilidades penales de los acusados.
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