El Congreso rechaza la propuesta de Vox para separar los recuentos del voto presencial y por correo
El pleno del Congreso de los Diputados ha desestimado este martes la iniciativa legislativa de Vox que buscaba modificar el procedimiento de recuento electoral, proponiendo que el voto presencial y el voto por correo fueran contabilizados de forma separada. Salvo los diputados del Partido Popular (PP), que se han abstenido, todos los grupos parlamentarios han votado en contra por considerar que el sistema actual ya garantiza la transparencia y la integridad del proceso electoral, y que no existen pruebas de fraude.
Detalles de la propuesta de Vox
La proposición de ley, defendida en el hemiciclo por el diputado Ignacio Hoces, planteaba una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Entre las medidas sugeridas, destacaban la utilización de urnas diferenciadas para el voto presencial y el voto por correo, la proclamación pública y separada de los resultados y la inclusión de estas medidas también en los comicios autonómicos.
Según Vox, esta modificación pretendía reforzar la trazabilidad y la transparencia del voto por correo tanto dentro como fuera del territorio nacional, bajo la premisa de “ni un solo voto bajo sospecha”. La formación argumentaba que la “opacidad” actual, sumada a la situación judicial que afecta al entorno del Gobierno y el PSOE, podría poner en peligro la limpieza de futuros procesos electorales.
Rechazo mayoritario en el Congreso
La propuesta no consiguió el respaldo de ningún otro grupo parlamentario, salvo los propios diputados de Vox. El PP optó por la abstención, mientras que el resto de formaciones votó en contra al considerar que el sistema electoral español es uno de los más garantistas y que no existen evidencias de fraude electoral.
- El diputado del PP, Antonio Hernando, reconoció que “la creciente desconfianza institucional puede generar dudas”, pero insistió en que “la respuesta a la corrupción no puede ser cuestionar la limpieza de nuestras elecciones sin pruebas”, subrayando que las incidencias con el voto por correo son “excepcionales” y que sería “prácticamente imposible alterar masivamente esos votos sin dejar rastro”.
- José Zaragoza, del PSOE, acusó a Vox de “ensuciar la democracia” y de promover “teorías de la conspiración”, insistiendo en que el Parlamento debe centrarse en realidades y no en “inventos”.
- Desde Sumar, Txema Guijarro reprochó a Vox no haber aportado ninguna evidencia de fraude, calificando la propuesta de “teoría conspiranoica” propia de la extrema derecha.
- Álvaro Vidal, de ERC, consideró que la iniciativa de Vox es una “copia del manual de Donald Trump” y acusó a la formación de preparar el terreno para justificar una posible derrota electoral.
- Mikel Legarda, del PNV, tachó de indefendible la reforma por “dudar sin fundamento” de los mecanismos del voto por correo y alertó del daño que ello puede causar en la confianza ciudadana.
- Javier Sánchez Serna (Podemos) y Águeda Micó (Compromís) calificaron la propuesta de “ocurrencia” y acusaron a Vox de “sembrar sombras” para desestabilizar el sistema electoral.
Contexto y argumentos de Vox
Vox justificó su propuesta señalando que el Gobierno estaría supuestamente intentando modificar el censo electoral mediante la regularización de migrantes y la conocida como “ley de nietos”, que facilita el acceso a la nacionalidad española a descendientes de españoles sin necesidad de residir en el país. Ignacio Hoces llegó a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen de 1978”.
Sin embargo, la mayoría del Congreso ha coincidido en que no existen pruebas que justifiquen el cambio en el sistema de recuento, defendiendo la fiabilidad del proceso electoral español y rechazando las acusaciones de falta de transparencia.
Conclusión
El Congreso ha cerrado la puerta a la reforma propuesta por Vox, reafirmando su confianza en el sistema de recuento electoral vigente y descartando la existencia de fraude o irregularidades en el voto por correo. El debate ha puesto de manifiesto las diferencias entre los partidos respecto a la integridad electoral, pero la mayoría parlamentaria ha considerado que no hay motivos para modificar una legislación que, según sostienen, ya garantiza la transparencia y la seguridad del proceso democrático.
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