Presionan al PSOE para desbloquear la ley que frena los alquileres de temporada

El Sindicato de Inquilinas, Sumar y ERC presionan al PSOE para desbloquear la ley que limita el alquiler de temporada

Este sábado 27 de junio se cumplen dos años desde que el Sindicato de Inquilinas llevó al Congreso una propuesta clave para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, consideradas las zonas más desprotegidas dentro de las políticas de vivienda en España. La iniciativa, respaldada inicialmente por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, ha permanecido estancada en la tramitación parlamentaria, generando creciente frustración entre colectivos de inquilinos y formaciones políticas de izquierda.

Un recorrido legislativo marcado por bloqueos y demoras

La propuesta legislativa surgió en 2024 con el impulso de Sumar y el apoyo de distintas fuerzas de izquierda. Sin embargo, la oposición de Junts en septiembre de ese año impidió su avance inicial. Posteriormente, en otoño, Esquerra Republicana retomó la iniciativa y logró que la ley superase la toma en consideración en diciembre, lo que permitió su paso a la Comisión de Vivienda. Desde entonces, la propuesta permanece a la espera de un dictamen, acumulando más de un año sin avances sustantivos.

Tras 726 días desde su registro, el Sindicato de Inquilinas expresa su preocupación por la falta de avances, especialmente en un contexto político inestable y con el Partido Socialista enfrentando presiones judiciales y políticas. Carme Arcarazo, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, subraya que miles de inquilinos conviven a diario con contratos de alquiler de temporada, arrendamientos por habitaciones y modelos de coliving que, según denuncia, constituyen una “estafa” y dejan a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

Puntos clave de la propuesta: restricciones y garantías

La denominada «Ley Antiestafas Inquilina» propone una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establece:

• La obligación de justificar con una causa real y demostrable (por ejemplo, motivos de trabajo o estudios) cualquier contrato de alquiler temporal.
• Una duración limitada para estos contratos: mínimo de un mes y máximo de doce meses.
• La aplicación automática del régimen de alquiler indefinido si se superan los doce meses o se encadenan contratos, lo que otorga mayor protección a los inquilinos.
• La prohibición de cláusulas abusivas en los contratos, como la imputación de gastos improcedentes (IBI, honorarios de inmobiliarias o seguros de impago) a los arrendatarios.
• La regulación del alquiler por habitaciones para evitar que el precio total supere el valor del piso según índices de referencia y límites en zonas tensionadas.

El Sindicato de Inquilinas considera que esta legislación podría aprobarse en breve si hubiera voluntad política, pero critica la “inacción” de los principales partidos y llama a no disolver las Cortes sin garantizar antes la votación de la ley.

Otros desafíos pendientes: prórroga de contratos y moratoria antidesahucios

Además de la regulación del alquiler de temporada, el movimiento por la vivienda señala otras dos prioridades: la prórroga de contratos y la moratoria antidesahucios. Ambas medidas han perdido respaldo parlamentario en los últimos meses. La prórroga fue rechazada en abril con los votos de PP, Vox, Junts, UPN y la abstención del PNV, mientras que la moratoria antidesahucios expiró con el cambio de año. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclaman datos más rigurosos sobre la situación de los desahucios y denuncian la falta de medidas de protección para los afectados.

Sumar y ERC intensifican la presión sobre el PSOE

Desde Sumar, la diputada Aina Vidal ha reiterado la necesidad de cerrar la legislatura con avances en materia de vivienda, identificando cuatro prioridades: los Presupuestos, la derogación de la “ley mordaza”, el control horario y la regulación del alquiler de temporada. Sumar asegura que continúa negociando activamente la prórroga de contratos y la nueva ley de alquiler con socios clave como Junts.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, se posiciona como actor central en la negociación de un posible macrodecreto que incluya la prórroga de contratos, la regulación del alquiler de temporada y medidas fiscales para pequeños propietarios. Esta propuesta busca atraer apoyos suficientes para desbloquear la situación, en un intento por evitar una legislatura sin avances significativos en vivienda.

Compromís y ERC reclaman acciones inmediatas

El portavoz de Compromís y diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha urgido al PSOE a incluir la prórroga de alquileres en el próximo decreto-ley anticrisis, que el Gobierno prevé aprobar el 29 de junio. Ibáñez responsabiliza directamente al Ministerio de Vivienda si no se logra avanzar en este asunto.

Desde ERC, la senadora Sara Bailac advierte de que la vivienda es el “punto débil” del Gobierno y exige que se aproveche el tiempo restante de la legislatura para abordar el principal problema que afecta a familias y jóvenes. Bailac denuncia que muchos propietarios están recurriendo al alquiler de temporada para esquivar la regulación de precios, lo que contribuye a la expulsión de los vecinos de sus barrios.

Perspectivas para el final de la legislatura

A medida que se acerca el cierre de la legislatura, la presión sobre el PSOE para aprobar la ley que regula el alquiler de temporada y otras medidas clave en materia de vivienda se incrementa. Sindicatos, colectivos sociales y partidos como Sumar y ERC advierten que el fracaso en la aprobación de estas reformas supondría dejar sin respuesta la principal preocupación de la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna y asequible.