El Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el ‘caso mascarillas’: los 11 hechos probados
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el conocido como ‘caso mascarillas’, condenando al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años. Ambos han sido considerados responsables de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El empresario Víctor de Aldama, implicado en la trama, ha recibido una condena de cuatro años y medio, aunque evitará la prisión por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos y el compromiso de no reincidir, junto con la obligación de presentar informes periódicos y realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
- El Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el ‘caso mascarillas’: los 11 hechos probados
- 1. Origen de la red y vinculación de los acusados
- 2. Acuerdo para obtener beneficios ilícitos
- 3. Estructura y permanencia de la organización
- 4. Remuneraciones periódicas y pagos en efectivo
- 5. Cobertura de otros gastos personales
- 6. Adjudicación irregular de mascarillas durante la pandemia
- 7. Contrataciones y ‘enchufes’ en empresas públicas
- 8. Pagos en especie: vacaciones y propiedades
- 9. Intentos para obtener licencias y propiedades
- 10. Emisión de certificados de movilidad durante el estado de alarma
- 11. Intermediación para el aplazamiento de deudas fiscales
- Colaboración de Víctor de Aldama en el proceso judicial
- Conclusión
La resolución, adoptada por unanimidad y redactada por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, recoge en 224 páginas un total de 11 hechos probados que fundamentan la sentencia. A continuación, se detallan los elementos claves que han llevado a la condena.
1. Origen de la red y vinculación de los acusados
La sentencia sitúa el inicio de la trama en el nombramiento de Koldo García como conductor de Ábalos, por recomendación de Santos Cerdán, lo que derivó en una relación de confianza y disponibilidad total. El empresario Víctor de Aldama, a través de su hermano Rubén, conoció a García en 2018, lo que facilitó la creación de una red de intereses entre los tres acusados.
2. Acuerdo para obtener beneficios ilícitos
Según el Supremo, los acusados vieron la oportunidad de enriquecerse aprovechando los cargos de Ábalos en el Gobierno y el PSOE. Pactaron que, a cambio de beneficios económicos, se facilitarían contratos públicos a empresas promovidas por Aldama, quien también obtendría acceso privilegiado a la administración.
3. Estructura y permanencia de la organización
Cada integrante asumió un papel específico y complementario dentro de la organización, que operó de manera continuada durante años, extendiendo sus actuaciones delictivas a varias esferas administrativas, incluso después de la salida de Ábalos y García del Ministerio de Transportes.
4. Remuneraciones periódicas y pagos en efectivo
El tribunal considera probado, pese a la ausencia de prueba material directa, que Aldama se comprometió a entregar un pago mensual de 10.000 euros a Ábalos y García, cantidad que fue abonada entre octubre de 2019 y junio de 2022, primero a Koldo García y después a su hermano Joseba García, incluso en el extranjero.
5. Cobertura de otros gastos personales
Junto a los pagos periódicos, se cubrieron otros gastos, como el alquiler de la vivienda de Jessica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. Además, se formalizó un contrato de arrendamiento con opción de compra de una propiedad de Aldama a Ábalos, a un precio muy inferior al de mercado, que el Supremo interpreta como una garantía encubierta de comisiones ilegales.
6. Adjudicación irregular de mascarillas durante la pandemia
La sentencia acredita que la organización facilitó la adjudicación de contratos para la compra de hasta 13 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, a través de organismos del Ministerio de Transportes como Puertos del Estado y Adif. Algunas contrataciones se acordaron incluso antes de la publicación oficial de las órdenes ministeriales.
7. Contrataciones y ‘enchufes’ en empresas públicas
El Supremo da por probado que Ábalos y García favorecieron la contratación de Claudia Montes y Jessica Rodríguez en empresas públicas como Renfe, Adif, Ineco y Tragsatec. En muchos casos, estas personas percibieron salarios sin realizar actividad laboral alguna, según las pruebas recogidas.
8. Pagos en especie: vacaciones y propiedades
Se considera acreditado que el disfrute de una vivienda vacacional en Marbella por parte de Ábalos y su familia fue una contraprestación por gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa, donde Víctor de Aldama asesoraba a la aerolínea. Los gastos de la estancia fueron cubiertos con fondos procedentes de la trama.
9. Intentos para obtener licencias y propiedades
El fallo recoge que, aunque las gestiones para lograr una licencia de mayorista de hidrocarburos para la empresa Villafuel no tuvieron éxito, se materializó la compra y posterior alquiler con opción a compra de un chalé en La Línea de la Concepción para Ábalos, quien dejó de pagar la renta tras la denegación de la licencia.
10. Emisión de certificados de movilidad durante el estado de alarma
El tribunal señala que desde el gabinete de Ábalos se emitieron certificados de movilidad a ciudadanos venezolanos durante la pandemia, aunque no se ha probado el uso indebido de estos permisos ni que las reuniones justificadas fueran ficticias.
11. Intermediación para el aplazamiento de deudas fiscales
Aldama, con la intermediación de Koldo García y conocimiento de Ábalos, buscó un aplazamiento de una deuda con Hacienda para su empresa Pilot Real State. Aunque la gestión no logró el resultado esperado, quedó acreditada la intervención del grupo en favor de intereses privados.
Colaboración de Víctor de Aldama en el proceso judicial
La sentencia reconoce la aportación de pruebas y datos relevantes por parte de Víctor de Aldama, lo que ha facilitado la instrucción judicial y la confirmación de los hechos. No obstante, el tribunal advierte que parte de su testimonio ha incluido acusaciones sin suficiente respaldo probatorio.
Conclusión
El ‘caso mascarillas’ marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la gestión de fondos públicos durante la pandemia. La sentencia del Supremo detalla una compleja trama donde cargos públicos y empresarios aprovecharon la emergencia sanitaria para beneficio propio, dejando al descubierto prácticas ilícitas en la adjudicación de contratos y el uso de influencias políticas.
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