Moncloa denuncia «persecución» y «obsesión» en la decisión judicial contra Begoña Gómez
El Palacio de la Moncloa ha calificado de “persecución”, “obsesión” y “desproporción” la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de imponerle medidas cautelares tan restrictivas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
Fuentes gubernamentales, citadas por la agencia EFE, sostienen que la instrucción judicial carece de fundamento jurídico y responde únicamente a motivaciones políticas. Desde Moncloa subrayan que las actuaciones del magistrado Peinado se alejan de los principios de proporcionalidad y justicia.
Medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez
En el auto hecho público el sábado, el juez Peinado ordena las siguientes medidas cautelares para Begoña Gómez:
- Retirada del pasaporte
- Prohibición de abandonar el territorio nacional
- Comparecencia quincenal en sede judicial
Estas decisiones se enmarcan en la investigación que se sigue contra Gómez, aunque desde el Gobierno consideran que se trata de acciones desproporcionadas y sin base legal suficiente.
Críticas a las consideraciones sobre la Policía Nacional
El auto judicial también incluye referencias a la labor de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que acompañan y escoltan a Begoña Gómez. El magistrado asegura que “no cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en una acción que facilite una eventual fuga de la acusada”.
Desde Moncloa, estas afirmaciones son interpretadas como un nuevo ejemplo del “despropósito” que, a su juicio, caracteriza la actuación del juez Peinado, al poner en duda la profesionalidad y la lealtad de la Policía Nacional.
Comparación con otras actuaciones judiciales
El Gobierno también ha recordado la decisión del juez José de la Mata Calama, instructor de la causa relacionada con Plus Ultra, quien consideró injustificadas las medidas restrictivas contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Calama argumentó entonces que la imposición de medidas como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado resultaría una restricción injustificada de derechos fundamentales para una persona “de pública notoriedad”.
El juez Calama subrayó que tales medidas serían incompatibles con el principio de proporcionalidad, estableciendo así un precedente que, según fuentes gubernamentales, debería aplicarse en el caso de Begoña Gómez.
Contexto y repercusiones
La polémica en torno a la actuación judicial sobre Begoña Gómez se enmarca en un clima de creciente tensión política y mediática. Desde el Gobierno se insiste en que la instrucción responde a intereses ajenos a la justicia, mientras que la oposición y parte de la opinión pública exigen transparencia y rigor en el proceso.
El debate sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares y la independencia judicial continúa abierto, con la expectación puesta en las próximas decisiones que adopten los tribunales.
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