El “Dedómetro” en Andalucía: Designaciones políticas prevalecen sobre la capacidad en la gestión pública
Un reciente estudio realizado por la fundación Hay Derecho pone de manifiesto la prevalencia de criterios políticos sobre la cualificación profesional en la designación de altos cargos directivos en los entes públicos de la Junta de Andalucía. El informe, presentado en Sevilla, analiza la idoneidad de quienes lideran áreas tan relevantes como la educación, la vivienda o la gestión de emergencias, revelando una preocupante falta de experiencia y formación específica para estos puestos clave.
Confianza política versus profesionalidad
En Andalucía, la designación de directivos en el sector público sigue estando marcada fundamentalmente por la confianza política, relegando a un segundo plano la experiencia y la capacidad profesional. Esta es una de las conclusiones centrales del informe El Dedómetro Andalucía, que estudia la evolución de la dirección en los entes instrumentales de la Junta –organismos creados con el fin de agilizar la gestión pública– durante las últimas dos décadas y media.
Actualmente, la Junta de Andalucía cuenta con 128 entes instrumentales, según el inventario del Ministerio de Hacienda de 2026, situándose solo por detrás de Catalunya en número de estos órganos. El presupuesto anual que gestionan supera los 23.349 millones de euros, lo que otorga a estos organismos un papel fundamental en la implementación de políticas públicas en ámbitos estratégicos como la sanidad, el empleo, la vivienda o la innovación.
Análisis de la idoneidad: resultados insatisfactorios
El estudio de Hay Derecho abarca un análisis detallado de 40 entidades públicas seleccionadas por su relevancia y volumen de actividad, que en conjunto gestionan 3.702 millones de euros y emplean a más de 12.000 personas. El foco está puesto en los cargos de libre designación, es decir, aquellos que no pasan por procesos reglados ni oposiciones, y cuya selección recae en la decisión directa de los responsables políticos.
Uno de los datos más significativos es el Indicador de Mérito y Capacidad Global en la dirección de los entes públicos andaluces, que en 2026 apenas supera el 6 sobre 10, un valor casi idéntico al de hace 26 años. El informe destaca la baja experiencia previa en gestión de los altos cargos, con una media de solo 3 puntos sobre 10, a pesar de la gran envergadura de los presupuestos y proyectos que manejan estas entidades. Si bien el indicador de experiencia profesional oscila entre 7,5 y 8, se detectan numerosos casos de directivos con “poca o ninguna experiencia” relevante.
Rotación y politización: barreras para la planificación
Una característica recurrente señalada por el informe es la elevada rotación en los puestos directivos, principalmente asociada a los cambios de ciclo político. Cuando se produce una renovación en los cargos políticos responsables de un departamento, suele acompañarse de la sustitución de los directivos de los entes dependientes, lo que dificulta la continuidad y la planificación a largo plazo en políticas públicas.
- La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por ejemplo, ha contado con ocho directores en 19 años, pese a gestionar más de 120 millones de euros y ser responsable de tareas que requieren estabilidad y visión a largo plazo.
- En la Agencia Pública Andaluza de Educación, encargada de infraestructuras escolares y con un presupuesto superior a los 879 millones de euros, la falta de alineación entre el perfil técnico requerido y las personas designadas también es motivo de preocupación.
Casos paradigmáticos y buenas prácticas
El informe de Hay Derecho no solo identifica deficiencias, sino que también recoge ejemplos positivos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se cita como caso de buenas prácticas, gracias a la exigencia de prestigio profesional y la intervención parlamentaria en la designación de su responsable, lo que favorece perfiles más adecuados y una función de control más independiente. Sin embargo, el estudio lamenta que estos ejemplos sigan siendo excepcionales en el conjunto del sector público andaluz.
Por el contrario, la Agencia IDEA de Innovación y Desarrollo se analiza como ejemplo de los problemas endémicos: nombramientos discrecionales, alta rotación, falta de requisitos específicos y exposición a escándalos como el caso de los ERE durante los gobiernos socialistas.
Dificultades de acceso a la información y falta de transparencia
La elaboración del Dedómetro se ha visto dificultada por la escasa colaboración de la administración andaluza. Más del 60% de los órganos públicos rechazaron las solicitudes de acceso a información, alegando causas de reiteración, falta de competencia o remitiendo a enlaces poco útiles. Esta opacidad, según la fundación Hay Derecho, ha sido mayor que en el resto de administraciones autonómicas analizadas y penaliza la capacidad de evaluación y mejora en la gestión pública.
Andalucía en el contexto nacional
En comparación con otras comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en una posición intermedia en términos de profesionalización de la alta dirección pública. Mientras persisten prácticas discrecionales en los nombramientos, el informe señala la aparición de dinámicas incipientes de mejora que podrían consolidarse si se implementan reformas estructurales orientadas a reforzar los criterios de mérito y capacidad.
Conclusión
El estudio “Dedómetro Andalucía” concluye que la designación de directivos en los entes públicos andaluces continúa fuertemente influida por criterios políticos, lastrando la profesionalización y la eficacia en la gestión de servicios fundamentales para la ciudadanía. Los autores subrayan la necesidad de avanzar hacia un modelo que prime la experiencia y la formación específica, garantizando así una administración pública más eficiente, estable y transparente, independientemente del color político del gobierno de turno.
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