Israel reactiva la criminalización de la solidaridad con Palestina: polémica por el señalamiento a ONG españolas
Un reciente informe del Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora ha generado controversia tras vincular a cinco organizaciones no gubernamentales españolas —Unadikum, Paz con Dignidad, Rumbo a Gaza, la asociación Al Quds y Human Appeal España— con grupos considerados terroristas por la Unión Europea, como Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Las ONG afectadas rechazan enérgicamente estas acusaciones, que consideran parte de una estrategia para desacreditar la solidaridad internacional con Palestina.
Acusaciones basadas en asociaciones y sin respaldo judicial
El informe, difundido en España a través de la agencia EFE y replicado por numerosos medios, no procede de una investigación judicial ni policial, sino de un documento ministerial israelí. En él, se señala a las ONG españolas por supuestamente canalizar fondos “directa o indirectamente” hacia organizaciones palestinas incluidas en listas de terrorismo internacionales. Sin embargo, las organizaciones implicadas niegan cualquier vínculo con actividades ilegales y denuncian la falta de evidencias sustanciales.
- Paz con Dignidad: Acusada de transferir fondos a una supuesta “rama sanitaria de Hamás”.
- Rumbo a Gaza: Relacionada con Hamás a través de Unadikum y su fundador, Manu Pineda.
- Al Quds: Vinculada al Centro Palestino para los Derechos Humanos.
- Human Appeal España: Señalada por la relación histórica de su matriz británica con una organización vetada en Israel.
El informe no presenta pruebas documentales de transferencias a estructuras armadas ni se basa en sentencias firmes en España. Las acusaciones citan, en su mayoría, resoluciones de tribunales militares israelíes, cuya imparcialidad ha sido cuestionada por entidades internacionales de derechos humanos.
Respuesta de las ONG: denuncian campaña de criminalización
En un comunicado conjunto, Paz con Dignidad, Unadikum y Rumbo a Gaza recalcan que las imputaciones “carecen de pruebas verificables” y de cualquier respaldo judicial, administrativo o financiero. Consideran que la finalidad principal es “desacreditar, intimidar y silenciar” tanto a organizaciones europeas como a la sociedad civil palestina que documenta violaciones de derechos humanos y presta servicios esenciales en el territorio.
Sandra Barrilaro, portavoz de Rumbo a Gaza, subraya que la estructura de la campaña —que no es una ONG formalmente constituida— justifica que Unadikum gestione sus fondos de manera transparente. Manu Pineda, fundador de Unadikum y destacado activista, recalca que su organización apenas cuenta con recursos humanos y que las acusaciones carecen de fundamento. Insiste en que “Israel considera terroristas a organizaciones que defienden derechos humanos básicos en Palestina” y lamenta que algunos medios españoles difundan estas afirmaciones sin contraste.
Preocupación por la difusión mediática y el efecto en la opinión pública
Las ONG españolas advierten sobre el peligro de que este tipo de acusaciones, al ser difundidas por medios sin el debido rigor periodístico, puedan poner en riesgo su seguridad y la de sus colaboradoras. Subrayan que nunca han sido investigadas o condenadas por la justicia española. El fenómeno de “señalamiento mediático”, afirman, multiplica la sombra de sospecha y desacredita su labor, aunque no exista base legal para ello.
El informe israelí, según las organizaciones, contiene errores e imprecisiones, como atribuir la fundación de Unadikum a personas que nunca formaron parte de la entidad.
Antecedentes de estrategias similares
La táctica de vincular ONG solidarias con Palestina a actividades terroristas no es nueva. En 2021, el Ministerio de Defensa israelí catalogó a seis ONG palestinas de referencia como “organizaciones terroristas”, acusándolas de desviar fondos europeos. La comunidad internacional, incluidos nueve Estados miembros de la UE, exigió pruebas que nunca fueron presentadas públicamente. Incluso un informe clasificado de la CIA, conocido posteriormente, constató la ausencia de evidencias que sostuvieran tal acusación.
En el ámbito internacional, se han registrado otros casos de criminalización del activismo propalestino:
- Alemania: Prohibición de la red Samidoun y redadas en domicilios de activistas.
- Reino Unido: Proscripción de Palestine Action bajo legislación antiterrorista, con cientos de detenciones y cuestionamientos judiciales sobre la proporcionalidad de la medida.
En 2024, Israel acusó a empleados de la UNRWA —la agencia de la ONU para refugiados palestinos— de participación en atentados, lo que llevó a la suspensión temporal de fondos internacionales pese a la falta de pruebas. Una investigación independiente confirmó posteriormente la ausencia de evidencias que sustentaran la acusación.
Contexto actual y consecuencias
La publicación del informe coincide con un contexto de creciente tensión: el gobierno israelí ha intensificado su control en Gaza y Cisjordania, acompañado de desplazamientos forzosos y expansión de asentamientos. Según Manu Pineda, el objetivo último de estas campañas es “penalizar la franqueza y el compromiso” con la causa palestina, dificultando la labor de quienes denuncian la vulneración de derechos y ofrecen apoyo humanitario.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y el intento de criminalización, las organizaciones españolas mantienen su compromiso con la solidaridad hacia Palestina. En sus propias palabras, “quieren que paremos, pero no lo van a conseguir”.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
