Acusación contra cinco antifascistas por los incidentes en el mitin de Vox en Granada
La Policía Nacional ha presentado ante el juzgado cargos de desorden público y atentado a la autoridad contra cinco jóvenes que participaron en una protesta antifascista durante un mitin de Vox en Granada el pasado 16 de abril. Los hechos ocurrieron en la Plaza de las Pasiegas, junto a la Catedral, en un contexto de alta tensión política previo a la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.
Enfrentamientos durante el acto de Vox
Según fuentes policiales y testimonios de los propios implicados, la protesta se originó de manera espontánea a través de redes sociales y congregó a un grupo numeroso de manifestantes que expresaban su rechazo a la ideología defendida por Vox. Un cordón policial impedía el paso a los manifestantes, que se encontraban cerca del lugar donde el líder del partido, Santiago Abascal, ofrecía su discurso.
Durante el mitin, Abascal arengó públicamente a sus seguidores para que avanzaran hacia la calle ocupada por los manifestantes, denunciando que se estaba cometiendo “un delito electoral” y que el acto no continuaría hasta que los opositores fueran expulsados. Tras sus palabras, varios asistentes al mitin, entre ellos miembros de la seguridad de Vox, sobrepasaron el cordón policial y se produjeron enfrentamientos directos.
Investigación policial y acusaciones
El resultado de estos altercados fue la detención de cinco jóvenes manifestantes, quienes fueron citados como detenidos en mayo y acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, basándose en imágenes grabadas durante los incidentes. Uno de los acusados, Pablo, destaca que todos forman parte de la Plataforma Apoyo 16 de abril, creada para visibilizar su situación y defender su inocencia.
La Policía también arrestó ese mismo día a un hombre del entorno de Vox, acusado de agredir a un agente con el mástil de una bandera. Sin embargo, según denuncian los manifestantes antifascistas, la actuación policial se ha centrado principalmente en ellos, mientras que las denuncias presentadas contra miembros de Vox aún no han derivado en actuaciones policiales similares.
Denuncias por parte de organizaciones y partidos
- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía: Presentó una denuncia por perturbación del derecho de manifestación, desórdenes públicos y tenencia de armas prohibidas, al constatar que algunos asistentes al mitin portaban porras extensibles. La denuncia ha sido admitida a trámite.
- Podemos: Presentó sendas denuncias ante la Fiscalía solicitando investigar posibles delitos de lesiones, coacciones, desórdenes públicos y tenencia de armas prohibidas. Hasta la fecha, la Policía no ha recibido instrucciones para investigar estos hechos.
Ambas organizaciones consideran que la alteración del orden público fue provocada por la movilización de asistentes al acto político y no por la protesta pacífica, y exigen que se investigue la utilización de material prohibido y la actuación policial durante los incidentes.
Posturas y reacciones
Pablo, uno de los acusados, señala que la actuación policial evidencia un “sesgo ideológico”, ya que considera que la intervención se dirigió principalmente contra los manifestantes antifascistas. Relata que la protesta fue pacífica y que los incidentes se desencadenaron cuando los seguidores de Vox, animados por Abascal, cruzaron el cordón policial y se enfrentaron a los manifestantes.
Desde Podemos, la portavoz provincial Alejandra Durán critica la actitud de Santiago Abascal, calificando su arenga como impropia de un acto democrático y denunciando la presencia de porras extensibles entre los asistentes. Además, cuestiona la “pasividad” de la Fiscalía y la “hipocresía” del Gobierno, al considerar que la Policía solo ha actuado contra los manifestantes antifascistas.
Por su parte, Vox niega que su seguridad portara armas prohibidas y sugiere que quienes las llevaban podrían ser miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de paisano cumpliendo con su deber.
Preocupación por posibles consecuencias judiciales
Los jóvenes acusados, que han optado por no declarar ante la Policía siguiendo el consejo de su abogada, temen las posibles repercusiones judiciales. Las penas asociadas a los delitos imputados van desde uno hasta cuatro años de prisión por atentado a la autoridad, y de seis meses a tres años por desórdenes públicos.
Desde la Plataforma Apoyo 16 de abril subrayan que casos similares, como el ocurrido en Zaragoza durante otro mitin de Vox, han terminado con condenas de prisión, por lo que expresan su inquietud ante la posibilidad de verse envueltos en un proceso largo y costoso.
Solicitudes de investigación y transparencia
La denuncia admitida a trámite por un juzgado de Granada incluye la petición de que Vox entregue todo el material audiovisual grabado durante el mitin y los altercados, así como información detallada sobre la empresa de seguridad contratada y el dispositivo de seguridad desplegado. También se solicita que la Policía informe sobre las personas que portaban armas prohibidas y las actuaciones realizadas al respecto.
Conclusión
La situación generada tras los enfrentamientos en el mitin de Vox en Granada sigue abierta, con cinco jóvenes antifascistas a la espera de un proceso judicial y una investigación que, según denuncian varias organizaciones, muestra un tratamiento desigual hacia los diferentes actores involucrados. Las demandas de transparencia y de una investigación exhaustiva continúan sobre la mesa, mientras crece la preocupación por el respeto a los derechos de manifestación y la imparcialidad en la actuación policial.
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