Dos juzgados admiten recursos contra el Ayuntamiento de Rivas por vulneración de derechos en la Cañada Real
Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Madrid han aceptado tramitar recursos presentados por vecinos de la Cañada Real Galiana contra el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, acusando al consistorio de ejecutar actuaciones que, según los afectados, buscan forzar su salida del barrio y vulneran derechos fundamentales.
Admisión judicial y relevancia constitucional
Los Juzgados nº 7 y nº 25 de lo Contencioso-Administrativo han admitido a trámite sendos recursos especiales para la protección de derechos fundamentales, interpuestos tras intervenciones municipales en el Sector 4 de la Cañada Real el pasado 28 de abril. Según fuentes jurídicas, la admisión implica que los jueces consideran que existen fundamentos suficientes para analizar el fondo de las denuncias, las cuales abordan cuestiones de especial relevancia constitucional sobre los límites de la administración y la protección de los derechos de los residentes.
En esta fase inicial, los tribunales han solicitado al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid que remita el expediente completo sobre las actuaciones realizadas, que incluyeron la demolición de una habitación y parte de otra vivienda, así como la tala de 17 árboles de más de diez años, todo ello presuntamente sin autorización judicial. Asimismo, se ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid para que formule alegaciones y pueda intervenir en el procedimiento.
Acusaciones de acoso institucional y defensa vecinal
Los vecinos afectados denuncian que desde hace años sufren una presión continuada para abandonar sus hogares, algunos de los cuales cuentan con más de tres décadas de residencia. Consideran que las actuaciones municipales contradicen el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las familias.
La dirección letrada de los recursos corresponde al Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que destaca la importancia de estos procedimientos para la defensa de los derechos constitucionales de los habitantes de la Cañada Real. La entidad subraya que los vecinos resisten una presión especulativa sin precedentes, motivada por el crecimiento de los desarrollos urbanísticos desde 2020.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se enfrenta a este tipo de denuncias. Hace dos años, fue condenado por el derribo, también sin autorización judicial, de una vivienda en el mismo sector.
Reacciones y demandas de la comunidad
La Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 ha mostrado su satisfacción por la admisión a trámite de los recursos y confía en que la Justicia esclarezca los hechos y frene lo que consideran una ola de ataques institucionales. Un portavoz de la asociación señaló: “Nuestra reclamación es consolidar nuestras viviendas y pagar las contribuciones que nos correspondan”.
Para visibilizar su situación, los vecinos han convocado una manifestación el próximo domingo 14 de junio a las 11 horas por las calles de Rivas-Vaciamadrid, denunciando lo que califican como acoso institucional continuado hacia los residentes de la Cañada Real.
Las familias mantienen su confianza en el sistema judicial y esperan que estos procedimientos permitan depurar responsabilidades y garanticen que ninguna actuación administrativa se lleve a cabo al margen de las garantías constitucionales.
Respuesta y argumentos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha expresado su respeto por el proceso judicial y ha anunciado que colaborará “con plena transparencia”, remitiendo toda la documentación requerida por los juzgados.
Desde el Consistorio, se defiende la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones ejecutadas el 28 de abril en el sector 4, en el marco de sus competencias en disciplina urbanística y en coordinación con la Comunidad de Madrid, propietaria del suelo. Aseguran que las intervenciones no afectaron a viviendas habituales, sino a “ocupaciones ilegales de suelo público anexas” previamente objeto de expedientes urbanísticos y que habían sido reincorporadas para usos privativos.
- El Consistorio denuncia ocupaciones reincidentes que buscan la apropiación irregular del suelo público mediante parcelaciones para especulación urbanística y su posterior transmisión fraudulenta.
- Advierten de la gravedad de ocupaciones sobre infraestructuras sensibles, como el gasoducto de Enagás, lo que representa un riesgo para la seguridad de la zona.
El Ayuntamiento recuerda que la Cañada Real Galiana es suelo público, calificado como no urbanizable de protección, donde está prohibido edificar. Subraya la responsabilidad de las administraciones en impedir nuevas ocupaciones y frenar procesos que generen inseguridad jurídica y desigualdad.
Política municipal: realojos y legalidad urbanística
La política municipal en la Cañada Real, según el Ayuntamiento, se basa en dos ejes: la defensa del derecho a la vivienda digna para la población vulnerable, promovida a través del programa de realojos del Pacto Regional por la Cañada Real, y la defensa de la legalidad urbanística.
El objetivo declarado es avanzar hacia una solución estable y segura para las familias, evitando perpetuar focos de exclusión social y facilitando el acceso a viviendas dignas con condiciones adecuadas de habitabilidad.
Asimismo, el Ayuntamiento destaca su labor continuada en la zona y la existencia de una mesa de participación con asociaciones vecinales. Sin embargo, lamenta que “determinados despachos de abogados estén aprovechando la vulnerabilidad de las familias para obtener beneficios personales, sin contribuir a la resolución del problema de fondo”.
Soluciones propuestas y retos pendientes
Para el Consistorio, la solución pasa por evitar nuevas construcciones ilegales y potenciar los procesos de realojo, asegurando alternativas habitacionales dignas para las familias vulnerables, conforme al Pacto Regional.
El caso de la Cañada Real sigue evidenciando la complejidad de conjugar la protección de los derechos fundamentales con la disciplina urbanística y la presión inmobiliaria en la Comunidad de Madrid.
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