La Unión Europea acuerda nuevas medidas para agilizar deportaciones y crear centros de retorno en terceros países
Las instituciones de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo político provisional sobre el nuevo reglamento de Retornos, que busca endurecer la política migratoria del bloque, acelerar las deportaciones y permitir la creación de centros especiales para migrantes en terceros países, distintos a los de origen.
Centros de retorno en terceros países: principal novedad
El texto pactado por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE introduce la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes hacia denominados “centros de retorno” situados en países no pertenecientes a la UE ni al país de origen de la persona migrante. Estos traslados solo podrán realizarse si existe un acuerdo previo entre las partes y siempre respetando el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un país donde su vida o libertad puedan estar en peligro.
La entrada en vigor de la legislación será inmediata tras su aprobación formal, tras superar los desacuerdos iniciales sobre la fecha de su implementación.
Medidas para acelerar y endurecer los retornos
Según explicó Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración de Chipre y presidente de turno del Consejo de la UE, «la nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE».
En estos centros de retorno, los países anfitriones estarán obligados a garantizar el respeto a los derechos humanos, y se prohíbe expresamente la detención de menores no acompañados.
- Se exigirá a los migrantes colaborar activamente en su proceso de retorno.
- En caso de negativa, se contemplan sanciones que incluyen la retirada de prestaciones sociales, permisos de trabajo e incluso penas de prisión.
- La detención preventiva será posible en función del riesgo de fuga u otros motivos de seguridad.
- Para aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública o nacional, se prevé expulsión prioritaria, reclusión en prisiones separadas y prohibiciones de entrada indefinidas.
España, única voz en contra entre los Estados miembros
España ha sido el único país que se ha opuesto a la normativa desde que los ministros de Interior de los Veintisiete alcanzaron el enfoque general sobre el reglamento. El resto de Estados miembros respaldó el acuerdo, que ahora avanza hacia su aprobación definitiva.
Críticas de partidos y organizaciones sociales
El nuevo reglamento ha recibido críticas de partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que consideran que la medida representa un giro político hacia la extrema derecha y supone un retroceso en la protección de los derechos de las personas migrantes.
Mélissa Camara, eurodiputada de Los Verdes y jefa negociadora de su grupo, calificó el acuerdo como «vergonzoso» y señaló que «pone ideas y retórica xenófobas en la legislación a expensas de los derechos fundamentales de las personas exiliadas, cuyo único delito era nacer con el pasaporte equivocado». Camara añadió que la normativa «debilita los derechos procesales, amplía la duración de las detenciones y permite redadas domiciliarias».
Por su parte, Silvia Carta, responsable de incidencia política de la plataforma internacional PICUM, advirtió que la nueva legislación «creará un sistema draconiano de detención y deportación», exponiendo a cientos de miles de personas a posibles daños, violencia, separación de familias y largos periodos de detención de hasta 30 meses, incluso en países desconocidos para los migrantes afectados.
Próximos pasos para la entrada en vigor
El acuerdo político alcanzado debe someterse ahora a una revisión jurídico-lingüística antes de su votación en el Parlamento Europeo y, posteriormente, recibir el aval definitivo del Consejo de Ministros de Interior de la UE. Solo entonces el reglamento podrá entrar plenamente en vigor y aplicarse en todos los Estados miembros.
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