Organizaciones denuncian en el Congreso las grietas del embargo de armas a Israel
Pese a la aprobación de un embargo de armas a Israel en septiembre de 2025, España mantiene o ha adjudicado nuevos contratos con la industria militar israelí por valor de miles de millones de euros. Así lo han denunciado diversas organizaciones en el Congreso de los Diputados, donde han expuesto cómo las excepciones y vacíos legales han permitido la continuidad de estos acuerdos.
Un embargo con fisuras legales
El 23 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 10/2025, estableciendo restricciones al comercio de armas con Israel. Sin embargo, según expertos como Eduardo Melero Alonso, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el texto no constituye un embargo integral, sino un conjunto de limitaciones sujetas a numerosas excepciones.
Entre los puntos débiles del decreto destaca la exclusión de los intercambios de armamento dentro de la Unión Europea, lo que permite a España participar en operaciones triangulares con países miembros que adquieren material militar israelí. Ejemplos de ello son la compra de productos a empresas como EuroSpike o EuroPulse, ambas con participación israelí.
Organizaciones y voces críticas en el Congreso
Durante las jornadas El fin al comercio de armas con Israel como obligación legal y respuesta ética ante el genocidio en Palestina, celebradas el 25 de mayo en el Congreso, participaron representantes de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), Greenpeace, el Centre Delàs y Addameer, entre otros. El evento fue acogido por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y contó con la presencia de diputados de Sumar, EH Bildu y Podemos.
Los asistentes subrayaron que las excepciones del embargo coinciden con una tendencia europea hacia el rearme y con la represión de las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza. Se recordaron episodios recientes como la actuación de la Ertzaintza contra activistas en el Aeropuerto de Bilbao o la infiltración policial en movimientos de solidaridad con Palestina.
Excepciones y contratos vigentes
El Centre Delàs ha señalado la existencia de una “excepción” en el propio decreto, que permite a la Administración autorizar operaciones si considera que la prohibición perjudica los intereses nacionales. Según informó la Secretaría de Estado de Comercio, esta excepción se aplicó en diciembre de 2025 para transferencias de armas vinculadas a aviones militares y drones.
Además, el embargo no impide la colaboración entre empresas españolas e israelíes en terceros países. Un caso destacado es la fabricación del vehículo de combate Hunter, ensamblado en Letonia con participación de la industria israelí Elbit System y empresas europeas.
Contratos previos y maniobras administrativas
Pese a los anuncios oficiales, la realidad muestra que muchos contratos anteriores al decreto siguen vigentes. El Centre Delàs reveló que hasta abril de 2025 la Administración española había adjudicado 46 contratos aeronáuticos a compañías israelíes, valorados en torno a 1.200 millones de euros.
Aunque el Gobierno central anunció la anulación de algunos contratos, expertos jurídicos advierten que cancelar anuncios de licitación no equivale a resolver un contrato público. Solo el desistimiento o la resolución formal implican la verdadera anulación de un acuerdo.
Presión social y avances políticos
El embargo, aunque limitado, fue fruto de la presión social y del activismo en las calles, según destacaron participantes como Mertxe Aizpura (EH Bildu) y Laura Ferre Sanjuan (RESCOP). Ambos recordaron que el cambio de postura del Gobierno respecto a la cuestión palestina responde principalmente a la movilización ciudadana.
Desde Sumar, el diputado Agustín Santos Maraver reconoció los avances logrados, aunque insistió en la necesidad de un embargo integral. Advirtió que endurecer las restricciones podría acarrear sanciones para España, dada la interconexión de la industria militar europea, israelí y estadounidense, así como la existencia de normativas israelíes que sancionan a países que discriminen sus productos.
La realidad en Gaza y la represión en aumento
Sahar Francis, abogada y exdirectora de Addameer, alertó sobre la grave situación de los presos palestinos en Israel, con más de 9.400 personas encarceladas y al menos 98 muertes bajo custodia desde 2025, según organizaciones de derechos humanos. La reciente reforma del Código Penal israelí permite la pena de muerte exclusivamente para palestinos, lo que genera aún más preocupación internacional.
El periodista palestino Kayed Hammad describió la devastación total de Gaza y subrayó la importancia de mantener la presión internacional para frenar el genocidio. Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, enfatizó que la paz también implica condiciones dignas de vida y acceso a recursos básicos como el agua potable.
Demandas de la sociedad civil y perspectivas futuras
- Bloquear el tránsito de barcos con armamento hacia Israel en puertos españoles.
- Detener la compra de tecnología militar israelí, especialmente la probada en combate.
- Reformar el decreto para eliminar las excepciones y avanzar hacia un embargo integral.
La RESCOP y otras organizaciones continúan su labor para señalar las debilidades del embargo y exigir un compromiso más firme del Ejecutivo español, en consonancia con el sentir mayoritario de la sociedad civil y las demandas de justicia internacional.
Mientras en el Congreso se negocian posibles reformas al decreto y se debate el levantamiento del periodo de enmiendas, el futuro del embargo de armas a Israel sigue en el centro de la agenda política y social española.
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