Tiroteo en el Senado de Filipinas durante arresto de exjefe policial aliado de Duterte

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Disparos en el Senado de Filipinas durante operativo para detener a exjefe policial vinculado a Duterte

En una jornada marcada por la tensión y la incertidumbre, el Senado de Filipinas fue escenario este miércoles de un tiroteo mientras la Policía Nacional ejecutaba un operativo para detener al senador Ronald “Bato” dela Rosa, antiguo aliado del expresidente Rodrigo Duterte. El incidente se produjo tras la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el legislador, quien permanece atrincherado en la cámara legislativa desde el lunes.

Evacuación y despliegue policial en el Senado

Testigos presenciales relataron a medios locales haber escuchado al menos diez detonaciones dentro del edificio, lo que obligó a la evacuación inmediata de periodistas y trabajadores ubicados en el segundo piso. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autoría de los disparos ni la existencia de víctimas.

Imágenes difundidas por los medios filipinos muestran a fuerzas de seguridad equipadas con cascos y chalecos antibalas patrullando el recinto, el cual permanece completamente bloqueado, impidiendo tanto el acceso como la salida de personas.

Versiones encontradas y mensajes a la ciudadanía

El propio senador Dela Rosa, a través de un mensaje publicado en redes sociales, alertó sobre un supuesto “ataque” al Senado y solicitó ayuda urgente a la población. Sin embargo, el presidente de la cámara alta, Alan Peter Cayetano, intentó calmar los ánimos asegurando que “todo el mundo está a salvo” y que no se han registrado heridos.

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La Policía Nacional informó que continúa evaluando la situación y, en una primera verificación, ratificó la ausencia de víctimas, describiendo el suceso como un “tiroteo dentro del Senado”.

Contexto del operativo y situación de Dela Rosa

El operativo de detención se enmarca en la orden de arresto internacional emitida por la CPI, que señala a Dela Rosa como presunto “coautor indirecto” de crímenes cometidos durante la denominada guerra contra las drogas, impulsada por el gobierno de Rodrigo Duterte entre 2016 y 2022. Según cifras oficiales, este operativo dejó al menos 6.000 muertes extrajudiciales, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 30.000.

Dela Rosa, quien fuera jefe de la Policía Nacional durante el mandato de Duterte, ha permanecido en el Senado desde el lunes, eludiendo la orden de captura. Ha sido visto ingresando a un ascensor tras el desalojo parcial del edificio y previamente pidió a sus seguidores que se manifestaran frente al Senado para frenar su detención.

  • El senador alega que aún dispone de recursos legales para evitar su arresto y sostiene que no puede ser detenido dentro del recinto sin una autorización específica.
  • La CPI lo acusa de incentivar la violencia mediante declaraciones públicas que “autorizaban, toleraban y promovían” los asesinatos, además de alentar a agentes de policía a justificar las muertes por supuestos enfrentamientos.

Reacciones y medidas de seguridad

El incidente ha motivado un importante despliegue policial en el perímetro del Senado, con controles estrictos para impedir el ingreso de simpatizantes del expresidente Duterte y garantizar la seguridad de los presentes.

Por el momento, la situación del senador Dela Rosa sigue siendo incierta, mientras las autoridades continúan negociando su entrega y la evaluación de los hechos ocurridos en la cámara legislativa.

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Antecedentes y repercusiones

La orden de arresto de la CPI, originalmente confidencial y hecha pública el lunes, ha reactivado el debate nacional e internacional sobre la responsabilidad de altos funcionarios en la estrategia de mano dura contra el narcotráfico implementada en Filipinas en los últimos años. El expresidente Duterte, actualmente detenido en La Haya, enfrenta cargos similares por crímenes de lesa humanidad.

Este episodio, sin precedentes en la historia reciente del país, pone de manifiesto la creciente presión internacional sobre las autoridades filipinas para rendir cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la denominada “guerra contra las drogas”.

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