El PP recupera Lugo con el apoyo de una tránsfuga y reaviva el debate sobre el transfuguismo en Galicia

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El PP recupera la Alcaldía de Lugo con el apoyo de una concejala tránsfuga y desata el debate sobre el transfuguismo en Galicia

El pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Lugo se ha convertido en escenario de una nueva moción de censura que permite al Partido Popular (PP) arrebatar el gobierno local a la izquierda. La operación ha contado con el voto decisivo de una concejala tránsfuga que, originalmente elegida en las listas del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), ha sido clave para configurar la nueva mayoría que otorga la alcaldía a Elena Candia, candidata popular.

Un fenómeno recurrente en la política gallega

La moción de Lugo no es un episodio aislado. Se enmarca en una estrategia más amplia del PP gallego que, tras las elecciones municipales de 2023, busca recuperar poder local allí donde no logró mayoría suficiente para gobernar. Desde entonces, los populares han impulsado mociones de censura o han respaldado maniobras similares en diversos municipios, generalmente apoyándose en concejales tránsfugas del PSOE, independientes o aprovechando fracturas internas en gobiernos progresistas.

BNG y PSdeG han levantado la voz contra lo que denominan la “normalización del transfuguismo”. La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha criticado que el PP “blanquee prácticas que degradan la democracia local y convierten las instituciones en piezas de intercambio”. Desde el PSdeG, su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, ha calificado la operación en Lugo de “asalto”, recordando que la concejala tránsfuga, María Reigosa, accedió a su acta tras el fallecimiento de varios compañeros, incluida la anterior alcaldesa Paula Alvarellos.

Legalidad y debate ético

Aunque desde el punto de vista legal la moción cumple todos los requisitos, en el plano político reabre un debate de largo recorrido sobre la ética del transfuguismo. El pacto antitransfuguismo, un acuerdo político que busca evitar este tipo de maniobras, demuestra ser más un código moral que una norma efectiva, pues su cumplimiento depende de la voluntad de los partidos.

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El PP, por su parte, defiende la legitimidad de estas operaciones. Alberto Pazos, portavoz parlamentario del partido, argumenta que la moción refleja “una mayoría alternativa legítima” y niega cualquier contradicción ética, señalando que “lo antidemocrático sería impedir que una mayoría de concejales cambie un Gobierno fallido”.

Una estrategia sostenida en varios municipios

  • En enero, en O Irixo (Ourense), el PP facilitó la alcaldía a una edil socialista que posteriormente incorporó a concejales populares al ejecutivo local.
  • Febrero vio una operación similar en Serra de Outes (A Coruña), donde un tránsfuga socialista permitió al PP desbancar a un alcalde de izquierdas independiente.
  • En marzo, el PP recuperó Viveiro (Lugo) mediante el apoyo de un edil independiente a una moción contra la alcaldesa socialista.
  • Durante el verano, movimientos similares se sucedieron en Forcarei, Touro, Fisterra, Carral y Ribeira, especialmente en la provincia de A Coruña, donde los populares lograron desplazar a gobiernos progresistas.

En Santiago de Compostela, el PP incluso ofreció la alcaldía a una exconcejala socialista expulsada del partido, en un intento por desalojar a la actual alcaldesa nacionalista.

Implicaciones territoriales y políticas

La acumulación de mociones de censura alimenta la tesis en la oposición de que no se trata de respuestas espontáneas a crisis locales, sino de una estrategia territorial diseñada desde la dirección del PPdeG. El objetivo sería reforzar la presencia local del partido antes de las autonómicas de 2027 y recuperar las diputaciones de Lugo y A Coruña, actualmente gobernadas por una alianza de socialistas y nacionalistas.

El PP justifica estas operaciones como una forma de devolver el gobierno a la lista más votada en situaciones de ingobernabilidad, apoyándose en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que flexibilizó el blindaje legal contra las mociones sustentadas por tránsfugas. Así, aunque el pacto antitransfuguismo sigue en vigor, el PP sostiene una interpretación más laxa: si es legal, es legítimo. La oposición, en cambio, alerta de un deterioro democrático.

El transfuguismo como herramienta de poder

El transfuguismo no es solo una cuestión simbólica en Galicia. El control de las alcaldías implica acceso a recursos como la contratación pública, la gestión urbanística y la influencia en comarcas rurales, donde la administración local y autonómica tienen un peso determinante. Para el PP, recuperar ayuntamientos significa fortalecer su red territorial y su capacidad de influencia.

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Desde el entorno del presidente gallego, Alfonso Rueda, se insiste en que las decisiones responden a la autonomía de los grupos municipales, aunque la cultura política del partido en Galicia se caracteriza por una supervisión y control orgánico de las direcciones provinciales y autonómicas.

Un cambio de ciclo en la política municipal gallega

La moción de censura en Lugo trasciende el caso concreto y refleja una nueva etapa de volatilidad en la política local gallega. Las mayorías municipales se muestran frágiles y las estrategias de desgaste y reconquista institucional ganan protagonismo. Así lo resume la oposición, que denuncia que la “nueva normalidad” política en Galicia consiste en gestionar mayorías cambiantes y pactos de conveniencia más que en respetar el resultado de las urnas.

El debate sobre el transfuguismo y la legitimidad de las mociones de censura se sitúa, así, en el centro de la actualidad política gallega, anticipando una legislatura marcada por la pugna por el poder local y la redefinición de alianzas en el tablero autonómico.

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