Koldo García defiende su inocencia y lealtad a Ábalos en el caso mascarillas
Koldo García, exasesor ministerial, compareció ante el Tribunal Supremo para declarar en el conocido como caso mascarillas, defendiendo su lealtad al exministro José Luis Ábalos y negando haber recibido comisiones o regalos ilícitos. García insistió en que su papel se limitaba a tareas administrativas y a trasladar peticiones, sin capacidad de decisión sobre los contratos bajo investigación.
Un papel secundario y sin toma de decisiones
Durante su declaración, Koldo García afirmó que sus funciones dentro del Ministerio de Transportes consistían en gestionar solicitudes, organizar reuniones y realizar llamadas, tanto en asuntos oficiales como personales, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de Ábalos. Según García, nunca participó en la adjudicación de contratos ni influyó en decisiones clave relacionadas con la compra de material sanitario, la contratación de personal en empresas públicas, el rescate de Air Europa o la concesión de licencias a empresas investigadas.
«Yo no decidí nada», repitió García ante el tribunal, desvinculándose de los hechos que están siendo objeto de investigación en el caso. Aseguró que todas las ofertas de material sanitario que recibió durante la pandemia fueron remitidas a los técnicos del Ministerio para su evaluación, sin intervención personal en la preselección de empresas ni en la ampliación de los pedidos.
Contratos bajo sospecha y el papel de Víctor de Aldama
El caso centra buena parte de sus sospechas en dos contratos firmados por Puertos del Estado y Adif con la empresa Soluciones de Gestión, representada por Víctor de Aldama, por valor de 36,7 millones de euros. La fiscalía investiga si hubo irregularidades en la rápida adjudicación y en las comisiones recibidas. García declaró que desconocía tanto la relación de Aldama con la empresa adjudicataria como el cobro de comisiones millonarias. Según su versión, recurrió a Aldama solo para recibir asesoramiento como «amigo» y negó que este tuviera acceso habitual al Ministerio.
Negativa a las acusaciones de influencia y enriquecimiento
Koldo García negó haber influido en el rescate de la aerolínea Air Europa, señalando que únicamente trasladó mensajes de Aldama, entonces consejero de la compañía, sin decidir nada al respecto. También se desvinculó de la supuesta concesión de prebendas, como el uso de un chalet en Marbella por parte de Ábalos, y de la presunta obtención de licencias a cambio de favores.
Respecto a las contrataciones de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, y Claudia Montes, amiga del exministro, en empresas públicas, García aseguró que simplemente remitió sus currículum como un favor personal, pero sin influir en los procesos de selección. Además, rechazó las afirmaciones de Aldama sobre supuestos pagos mensuales de 10.000 euros, regalos de vehículos o tratamientos médicos, asegurando que cualquier gasto fue reembolsado.
Relación con Pedro Sánchez y justificación del patrimonio
El exasesor también negó mantener contacto directo con el presidente Pedro Sánchez desde la llegada de ambos al Gobierno, desmintiendo así los rumores de acceso privilegiado. En relación con el incremento de su patrimonio y el manejo de grandes sumas de dinero en metálico, García indicó que los fondos provenían de reembolsos del PSOE por gastos de representación y de su actividad como arrendador de apartamentos turísticos, así como de intercambios con agentes de la Guardia Civil y turistas extranjeros.
Esta explicación contrasta con el testimonio del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien aseguró que nunca se usaron billetes de 500 euros para reintegrar gastos, contradiciendo lo sostenido por García.
Un interrogatorio extenso y a la espera de la declaración de Ábalos
La comparecencia de Koldo García, que se prolongó durante cerca de ocho horas, estuvo marcada por su intención de mostrarse como un colaborador leal y ajeno a las decisiones que se investigan. García afronta una petición de 19 años y medio de prisión por parte de la Fiscalía, mientras que la acusación popular eleva la solicitud hasta los 30 años. El próximo lunes está prevista la declaración de José Luis Ábalos, cuyo testimonio será clave para clarificar el alcance de las responsabilidades en este caso.
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