El Gobierno recurre la autorización al Colegio de Abogados para crear un centro universitario en Madrid
El Ministerio de Universidades ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que autorizó la creación de un centro universitario vinculado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y su adscripción a la Universidad Complutense.
Argumentos legales del Ministerio de Universidades
Según fuentes ministeriales, el recurso, interpuesto el pasado 13 de abril, tiene como objetivo impugnar la orden que permite al ICAM poner en marcha un centro universitario. El Ministerio sostiene que los colegios profesionales, como el ICAM, no cuentan con habilitación legal para impartir docencia universitaria oficial, ni en grados ni en másteres.
Entre los principales argumentos jurídicos presentados se encuentran:
- La falta de base legal para que un colegio profesional pueda asumir funciones de docencia universitaria oficial.
- La vulneración de la normativa estatal, en concreto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y el régimen regulador de la creación de centros universitarios.
- Una posible extralimitación competencial, al atribuir al Colegio de Abogados de Madrid funciones propias del sistema universitario sin respaldo normativo.
- El riesgo de «quiebra del modelo institucional», ya que, según el Ministerio, se desdibuja la separación entre la formación universitaria y la ordenación profesional.
En resumen, el Gobierno central considera que la autorización concedida por la Comunidad de Madrid afecta a competencias estatales y contraviene el marco jurídico vigente al permitir que un colegio profesional ejerza funciones propias de una universidad sin la base legal necesaria.
Respuesta del Colegio de Abogados de Madrid
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha comunicado, a través de su página web, que se encuentra personado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender la legalidad de su proyecto. El ICAM afirma que su iniciativa universitaria es «plenamente conforme a la legalidad, coherente con su trayectoria formativa y alineada con el sistema universitario público».
El Colegio subraya que el nuevo centro universitario es un proyecto «estrictamente académico y profesional», resultado de más de cuarenta años de experiencia en formación jurídica, y que busca complementar la educación pública mediante una alianza con la Universidad Complutense de Madrid.
Retraso en la apertura y otros recursos presentados
El recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno llega después de que, el 12 de enero, el Ministerio solicitara formalmente al Gobierno madrileño el expediente completo relativo a la autorización del centro universitario.
Ante la situación judicial, el ICAM anunció la semana pasada que la apertura del nuevo centro universitario se retrasará un año, hasta septiembre de 2027, a la espera de que se resuelvan los recursos presentados. El objetivo, según el Colegio, es garantizar una «apertura sólida» del proyecto.
Cabe destacar que, además del recurso presentado por el Gobierno central, el grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid también ha recurrido la autorización del centro universitario promovido por el ICAM.
Perspectivas y próximos pasos
El futuro del centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la autorización concedida. Mientras tanto, tanto el Gobierno central como el ICAM mantienen sus posiciones, a la espera de una resolución judicial que podría sentar precedente en la relación entre colegios profesionales y el sistema universitario español.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
