El Congreso tramita una ley que acelera los desahucios y endurece el criterio de vulnerabilidad
El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la tramitación de una nueva proposición de ley sobre vivienda impulsada por el Partido Popular (PP), con el respaldo de Vox, Junts y UPN. Esta iniciativa, que coincide con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por parte del Gobierno, introduce medidas para agilizar los procedimientos de desahucio y modifica significativamente el concepto de vulnerabilidad económica en los procesos judiciales relacionados con la vivienda.
- El Congreso tramita una ley que acelera los desahucios y endurece el criterio de vulnerabilidad
- Un apoyo parlamentario dividido
- Principales cambios en los procedimientos de desahucio
- Nuevos criterios de vulnerabilidad económica
- Eliminación de las zonas tensionadas y del índice de precios de alquiler
- Reformas en la Ley del Suelo y agilización urbanística
- Coordinación administrativa y cambios en la evaluación ambiental
- Límites a las impugnaciones urbanísticas y plazo de recursos
- Competencias urbanísticas para Ceuta y Melilla
- Próximos pasos y reacciones sociales
Un apoyo parlamentario dividido
La proposición fue admitida a trámite gracias a los votos a favor de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que el PNV y Coalición Canaria optaron por la abstención. El resto de los grupos parlamentarios, incluidos los partidos que conforman el Gobierno, votaron en contra. A pesar de este apoyo mayoritario, la norma aún debe superar el proceso de enmiendas y debates en la Cámara Baja antes de su aprobación definitiva.
Principales cambios en los procedimientos de desahucio
Entre las medidas más destacadas de la proposición figura la reducción de los plazos de suspensión de los desahucios por motivos de vulnerabilidad. Para los demandantes personas físicas, el periodo se acorta de dos meses a uno; para las personas jurídicas, de cuatro a tres meses. Además, la norma permite a bancos y fondos recurrir a juicios rápidos para agilizar estos procesos.
Nuevos criterios de vulnerabilidad económica
La iniciativa endurece sensiblemente el umbral de ingresos que define la vulnerabilidad. En lugar del límite anterior de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), la propuesta establece el umbral en 1,5 veces el Iprem mensual. Con el Iprem situado actualmente en 600 euros, cualquier familia que supere los 900 euros de ingresos mensuales dejaría de ser considerada vulnerable a efectos de los desahucios.
Esta modificación ha suscitado críticas entre los grupos parlamentarios de la izquierda. Oskar Matute, diputado de EH Bildu, calificó la medida de “aporofóbica”, mientras que Alberto Ibáñez, portavoz de Sumar, acusó al PP de promover propuestas “salvajes y crueles”, cuestionando si una familia puede subsistir con 900 euros al mes.
Eliminación de las zonas tensionadas y del índice de precios de alquiler
La proposición contempla la eliminación de las denominadas zonas tensionadas y del índice de precios de referencia de los alquileres, elementos centrales de la Ley de Vivienda de 2023 promovida por el anterior Gobierno. Según el PP, estas herramientas son “perjudiciales” para el mercado inmobiliario y dificultan el acceso a la vivienda.
Reformas en la Ley del Suelo y agilización urbanística
El proyecto legislativo también implica una reforma de la Ley del Suelo con el objetivo de simplificar los trámites urbanísticos. Entre las novedades, destaca la introducción del silencio administrativo positivo en la concesión de licencias para nuevas edificaciones, de modo que si la administración no resuelve en un plazo de tres meses, se entenderá concedida la autorización salvo en casos específicos de protección ambiental o histórico-artística, donde el silencio será negativo.
- Silencio positivo para nuevas construcciones si no hay respuesta administrativa en tres meses.
- Silencio negativo para intervenciones en edificios protegidos o suelos rurales no urbanizables.
- La nulidad de un instrumento urbanístico no afectará automáticamente a los actos derivados, permitiendo su subsanación.
Coordinación administrativa y cambios en la evaluación ambiental
La ley prevé la creación de una plataforma tecnológica para agilizar la emisión de informes sectoriales y fomentar la interoperabilidad entre administraciones. Asimismo, se eliminan referencias a los procedimientos de evaluación ambiental de la Ley del Suelo de 2015, por considerarse redundantes frente a la legislación ambiental específica vigente.
Límites a las impugnaciones urbanísticas y plazo de recursos
Se introduce la acción pública para restringir las impugnaciones de instrumentos de planeamiento con fines exclusivamente económicos, exigiendo que respondan a la protección de intereses colectivos. Además, se limita a cuatro años el plazo para recurrir de manera indirecta las normativas derivadas de los instrumentos de ordenación territorial.
Competencias urbanísticas para Ceuta y Melilla
La proposición reconoce a Ceuta y Melilla la capacidad para aprobar definitivamente sus propios instrumentos de ordenación urbanística, siempre que cuenten con el informe previo de la Administración General del Estado.
Próximos pasos y reacciones sociales
La tramitación de la ley ha provocado la convocatoria de protestas por parte de colectivos de inquilinos y organizaciones sociales, especialmente en Madrid, donde se espera una concentración en la sede nacional del PP. Los organizadores demandan la prórroga de la actual regulación de alquileres y protestan contra lo que consideran un retroceso en la protección de los hogares vulnerables.
El debate parlamentario y social sobre el acceso a la vivienda y la protección frente a los desahucios continúa abierto mientras la proposición de ley avanza en su tramitación.
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