Juicio en Barcelona a una organización que utilizó a personas sin hogar como testaferros para estafar 860.000 euros
La Audiencia Provincial de Barcelona ha comenzado este miércoles el juicio contra una red criminal acusada de utilizar a personas en situación de vulnerabilidad extrema como testaferros para cometer una estafa que asciende a cerca de 860.000 euros, mediante operaciones fraudulentas de compraventa de vehículos.
Un entramado familiar dedicado a la estafa
Según el escrito de la Fiscalía, la organización estuvo activa entre 2013 y 2016 y estaba conformada principalmente por siete miembros de una misma familia, junto a otro implicado externo, identificado como el principal responsable de la elaboración de documentación falsa. Su función consistía en generar nóminas y documentos laborales ficticios a nombre de las personas captadas, simulando relaciones laborales inexistentes con empresas en las que nunca habían trabajado.
La estructura de la red permitía adquirir de forma fraudulenta vehículos nuevos, especialmente aquellos en exposición o stock. Posteriormente, estos coches eran vendidos en países como Francia y Alemania, donde la reserva de dominio –una medida que impide la venta hasta la finalización del pago– no tiene validez, o bien eran vendidos a compradores particulares que desconocían el origen ilícito de los vehículos.
Captación de personas vulnerables como testaferros
La trama seleccionaba a personas en situación de indigencia o con graves dificultades económicas, prometiéndoles una compensación económica o la posibilidad de un empleo. Estas personas facilitaban voluntariamente sus datos personales y documentación, convirtiéndose en titulares aparentes de los contratos de compraventa y financiación de los vehículos. Sin embargo, tras la adquisición, los vehículos eran entregados de inmediato a los miembros de la organización.
En total, de las 40 operaciones investigadas, en al menos 17 de ellas se utilizó a seis personas en situación de carestía económica. Estas personas figuran ahora como coautoras del delito de estafa en concurso con falsedad documental y se enfrentan a una posible condena de cuatro años de prisión, inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros. No obstante, la Fiscalía les reconoce la atenuante de estado de necesidad, en aplicación del artículo 21.1 del Código Penal.
Detalles del fraude y consecuencias legales
El perjuicio total causado por la organización alcanza los 859.939 euros. Algunas de las operaciones fraudulentas llegaron a concentrar en un solo acusado hasta 254.285 euros.
- Para los cinco principales acusados (cuatro familiares y el encargado de la documentación falsa), la Fiscalía solicita penas de hasta 15 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
- Otros tres miembros de la familia podrían enfrentarse a 13 años de cárcel.
- El resto de los acusados afronta peticiones que oscilan entre los ocho años y los dos años y medio de prisión.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que los ocho principales responsables indemnicen de forma conjunta y solidaria a diversas entidades financieras, por un importe superior a los 700.000 euros.
Situación de los implicados
Sobre otros seis captados que intervinieron en ocho operaciones adicionales, el proceso judicial fue archivado por encontrarse en paradero desconocido.
Este juicio pone de manifiesto la vulnerabilidad social de las personas sin hogar o en situación económica límite, quienes, en ocasiones, pueden verse involucradas en delitos como consecuencia directa de su precariedad y necesidad.
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