España, Irlanda y Eslovenia solicitan revisar el acuerdo de asociación con Israel y mantienen «todas las acciones sobre la mesa»
Los gobiernos de España, Irlanda y Eslovenia han instado a la Unión Europea a debatir formalmente la revisión del Acuerdo de Asociación con Israel, considerando todas las opciones posibles, incluida su suspensión, ante la situación actual en Oriente Medio y las acciones adoptadas por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.
Petición formal ante la Alta Representante de la UE
La solicitud ha sido trasladada mediante una carta dirigida a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en vísperas de la próxima reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete, que se celebrará el martes en Luxemburgo. La misiva, firmada por los ministros de Exteriores de los tres países, subraya la necesidad de «una acción valiente e inmediata» por parte de la Unión Europea.
Precedentes y contexto del acuerdo
El Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel exige, entre otros puntos, el respeto a los Derechos Humanos, tal como establece su artículo 2. Según los ministros, la revisión llevada a cabo en junio del año pasado ya evidenció que Israel no estaba cumpliendo con estas obligaciones, y desde entonces la situación ha continuado deteriorándose.
Entre sus argumentos, los representantes de España, Irlanda y Eslovenia mencionan el aumento de la violencia y la gravedad de la situación en territorios como Gaza, Cisjordania y el Líbano. Asimismo, hacen referencia a las propuestas presentadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en septiembre pasado, que incluían la posibilidad de una suspensión parcial del acuerdo con Israel.
Acción conjunta y llamado a la coherencia europea
Los tres países, que ya actuaron conjuntamente en la primavera de 2024 al reconocer oficialmente a Palestina, consideran fundamental que la UE no permanezca «en los márgenes» ante el deterioro de la situación humanitaria y política en la región. Reclaman que todas las opciones sean consideradas y que la respuesta europea esté a la altura de las circunstancias.
- Pena de muerte: Citan como ejemplo la aprobación de la pena capital para terroristas palestinos, medida que consideran contraria al artículo 2 del acuerdo y a los compromisos de Derechos Humanos.
- Situación en Gaza: Señalan la crisis humanitaria debido a la falta de ayuda suficiente y la violación del alto el fuego.
- Violencia en Cisjordania: Denuncian el deterioro provocado tanto por colonos radicales como por operaciones militares israelíes.
En relación al Líbano, los ministros celebran el anuncio de un alto el fuego de diez días, pero piden contención y responsabilidad a todas las partes implicadas para detener la violencia. Instan especialmente a Israel a cesar de inmediato las operaciones militares que, según denuncian, han causado la destrucción de infraestructuras civiles y el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas.
Desafíos para la toma de decisiones en la UE
La Comisión Europea ha recordado que cualquier medida para suspender parcialmente el acuerdo requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros, un consenso que todavía no se ha alcanzado. No obstante, la petición podría ser debatida en la próxima reunión de ministros en Luxemburgo, aunque las decisiones de calado solo podrían adoptarse en un marco formal y no en el encuentro informal de líderes europeos previsto en Chipre.
Preocupación por la credibilidad y responsabilidad europea
En su argumentación, los ministros de Exteriores expresan su profunda preocupación por las decisiones militares y legislativas del gobierno israelí, que consideran contrarias al Derecho Internacional y Humanitario. Reclaman que la UE ejerza su «responsabilidad moral y política» y no permanezca en silencio o inactiva ante estas violaciones, tanto por coherencia interna como por la credibilidad internacional del bloque comunitario.
Finalmente, los ministros advierten que las declaraciones de las autoridades israelíes sobre la permanencia en territorios ocupados del sur de Líbano constituyen, en su opinión, una «violación flagrante del Derecho Internacional» que no debe quedar sin respuesta por parte de la comunidad internacional.
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