El Senado de México aprueba reforma histórica para homologar el feminicidio en todo el país
El Senado de México dio un paso significativo en la lucha contra la violencia de género al aprobar, por unanimidad, una reforma constitucional que permitirá al Congreso expedir una Ley General en materia de feminicidio. Esta iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca unificar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional.
Unificación de criterios y justicia para las víctimas
Actualmente, el feminicidio –definido como el asesinato de mujeres por razones de género– es investigado y sancionado de manera diferente en cada estado mexicano. Esta disparidad ha generado inconsistencias en la clasificación de los crímenes y ha contribuido a altos niveles de impunidad, según denuncian organizaciones no gubernamentales.
La reforma aprobada establece bases comunes para combatir el feminicidio y fortalecer la coordinación entre autoridades. Además, garantiza el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, una medida considerada urgente ante la alarmante cifra de 10 mujeres asesinadas cada día en México, de las cuales menos de una cuarta parte de los casos son investigados como feminicidio.
Datos alarmantes y necesidad de homologación
- Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26,600 asesinatos de mujeres en México.
- Solo 6,781 de esos casos fueron investigados oficialmente como feminicidio.
- Organizaciones civiles señalan que esta baja proporción evidencia deficiencias en la clasificación del delito.
La iniciativa presidencial propone homologar el tipo penal, unificar los protocolos de investigación y establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión para los responsables. También busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada en principio como feminicidio, lo que representa un cambio trascendental en el tratamiento judicial de estos crímenes.
Fortalecimiento institucional y atención a víctimas indirectas
La reforma modifica el artículo 73 de la Constitución para otorgar al Congreso facultades que permitan establecer un tipo penal homogéneo, así como sanciones y agravantes específicas. Además, refuerza la coordinación entre autoridades federales y estatales y garantiza el acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño para las víctimas.
El proyecto incluye también medidas para atender a víctimas indirectas, como niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa del feminicidio, reconociendo el impacto social y familiar de estos crímenes.
Siguiente etapa y reacciones
Tras su aprobación en el Senado, la reforma ha sido remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, así como a los congresos estatales. La secretaria de las Mujeres de México, Citlalli Hernández Mora, celebró la decisión y la consideró “un paso histórico que reconoce la gravedad de esta violencia y fortalece las herramientas del Estado para investigarla y sancionarla”.
Cabe destacar que, según datos oficiales, el gobierno mexicano reportó una disminución del 14,9% en los feminicidios durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advierten que esta reducción puede no reflejar la realidad, dado que muchas muertes violentas de mujeres no se investigan bajo la figura de feminicidio.
Perspectivas y retos
La reforma representa un avance fundamental en la respuesta institucional ante la violencia de género en México. No obstante, su éxito dependerá de la correcta implementación de la futura Ley General y de la voluntad de las autoridades para garantizar justicia y protección a todas las mujeres del país.
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