El Gobierno solicitará de manera inminente la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco
El Ejecutivo español ha anunciado que presentará de forma inminente una solicitud para la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco. Esta decisión se produce tras la finalización del proceso administrativo y al amparo de la Ley de Memoria Democrática, así como de la normativa vigente en materia de fundaciones.
Un expediente sólido remitido al juez
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha informado este martes que el Gobierno ha remitido al juez un expediente “sólido” que, según sus palabras, acredita que la Fundación Nacional Francisco Franco actúa en contra del interés general y supone una humillación para las víctimas de la dictadura.
“Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”, declaró Urtasun en rueda de prensa.
Inicio de los trámites y rechazo de alegaciones
El procedimiento para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco se inició en junio de 2024, momento en el que el Ministerio de Cultura, a través del Protectorado Estatal de Fundaciones, comenzó a recopilar información sobre la entidad.
Durante el proceso administrativo, la Fundación presentó alegaciones en defensa de su continuidad. Sin embargo, estas fueron rechazadas por el Ministerio de Cultura, lo que ha permitido al Gobierno avanzar hacia la vía judicial para solicitar su disolución.
La decisión queda en manos de la Justicia
Con la conclusión de la fase administrativa, el Gobierno ha dado un paso más al trasladar el expediente a los tribunales. Ahora será la Justicia quien deberá decidir sobre la extinción definitiva de la Fundación Francisco Franco.
Esta medida se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que busca garantizar el reconocimiento de las víctimas y evitar la exaltación de la dictadura en el espacio público y a través de organizaciones.
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