El testimonio clave en el ‘caso residencias’ podría esclarecer quién decidió no medicalizar los centros en Madrid
La investigación judicial sobre la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de covid-19 vive esta semana un momento crucial. Este miércoles está previsto que Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional y encargado de elaborar el denominado ‘Plan de Choque’, declare como investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. Su comparecencia se considera esencial para arrojar luz sobre las decisiones que marcaron la atención sanitaria en los centros de mayores en aquellos meses críticos de 2020.
- El testimonio clave en el ‘caso residencias’ podría esclarecer quién decidió no medicalizar los centros en Madrid
- Un plan que nunca se aplicó
- Otros comparecientes y contexto judicial
- Expectativas de las familias de las víctimas
- El contenido y los límites del ‘Plan de Choque’
- Origen de la causa judicial en Collado Villalba
- Nuevas líneas de investigación
- Conclusión
Un plan que nunca se aplicó
En marzo de 2020, el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso confió en Burgueño para coordinar la respuesta a la emergencia sanitaria, otorgándole la responsabilidad de diseñar un plan que preveía, entre otras medidas, la medicalización de las residencias. Esta actuación, que pretendía llevar atención médica directamente a los centros, es uno de los puntos centrales de la causa judicial. Sin embargo, el plan nunca se aplicó en su totalidad, y la falta de atención médica adecuada quedó en el centro de la polémica por la elevada mortalidad registrada en las residencias.
Hasta la fecha, Burgueño no había prestado declaración en ninguno de los procedimientos relacionados con estos hechos en la Comunidad de Madrid, lo que convierte su testimonio en un elemento fundamental para reconstruir la cadena de decisiones adoptadas y determinar quiénes optaron por descartar la medicalización de los centros.
Otros comparecientes y contexto judicial
En la misma jornada judicial han sido citados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, señalados como firmante y autor intelectual, respectivamente, de los protocolos que restringieron la derivación de residentes a hospitales. Ambos ya han declarado como investigados en otras causas abiertas.
El proceso judicial ha experimentado varios retrasos. El pasado 10 de febrero, el juzgado de Collado Villalba llamó a declarar a varios ex altos cargos del Gobierno regional, entre ellos Martínez Peromingo, Mur, Burgueño y una geriatra de enlace. Sin embargo, ni Burgueño ni Peromingo pudieron comparecer y, aunque Mur estaba preparado para declarar, el juez suspendió todas las comparecencias debido a cambios en el tipo penal investigado, posponiendo las declaraciones hasta que se incorporaran formalmente las directrices al proceso.
Para Burgueño, se trata del tercer intento de comparecer ante la justicia en relación con estos hechos. Las dos ocasiones anteriores quedaron suspendidas o interrumpidas por motivos procesales o por la intervención de la jueza, que consideró necesario que su declaración se realizara como investigado y no como testigo.
Expectativas de las familias de las víctimas
Las asociaciones de familiares de las víctimas, como Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, consideran la declaración de Burgueño como un paso clave. Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, destaca que la declaración podría aportar información decisiva sobre el momento en que se diseñó el plan y las decisiones que llevaron a su paralización o modificación. Según López, en una de sus comparecencias anteriores, Burgueño mencionó una reunión con responsables del mando único sanitario, en la que podría haberse determinado el rumbo de la gestión en las residencias.
Por su parte, Carmen Martín, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, señala la importancia de identificar a las personas que ordenaron no ejecutar el ‘Plan de Choque’, dado que su implementación podría haber evitado muchas muertes. Martín subraya que, si bien se puso en marcha el hospital de campaña de Ifema, en sus primeras semanas apenas atendió a 23 residentes, mientras que el número de fallecimientos en residencias se contaba por cientos.
El contenido y los límites del ‘Plan de Choque’
El plan diseñado por Antonio Burgueño incluía la medicalización de residencias, el refuerzo de la Atención Primaria, la hospitalización domiciliaria y la incorporación de personal sanitario en los centros. Sin embargo, según el propio exasesor, muchas de estas medidas no se implementaron, principalmente por falta de recursos y de coordinación. Burgueño ha denunciado públicamente que numerosos residentes no recibieron la atención prevista, lo que, en su opinión, agravó el impacto de la pandemia en estos centros.
Origen de la causa judicial en Collado Villalba
El procedimiento judicial que se instruye en Collado Villalba no surge de las demandas colectivas impulsadas por las principales asociaciones de familiares, sino de la iniciativa individual de un afectado. José Manuel Parceiro, abogado de Alacant, presentó una querella tras la muerte de su padre en la residencia Sanitas Torrelodones durante la primera ola. Parceiro sostiene que a su padre, enfermo de covid-19 y en silla de ruedas, se le negó el traslado hospitalario, lo que interpreta como un caso de discriminación. La querella inicial se ha ido ampliando con el tiempo, incluyendo delitos como homicidio imprudente y denegación discriminatoria de asistencia médica.
Nuevas líneas de investigación
Este jueves está previsto que declare María Teresa Vidán, la doctora señalada por Carlos Mur como autora material de las directrices de no derivación. Su comparecencia se produce en el marco de una investigación distinta, iniciada a raíz de una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de víctimas en octubre de 2024. Esta denuncia abrió una nueva vía penal por denegación discriminatoria de prestación sanitaria, ampliando el alcance de la investigación sobre la gestión de la pandemia en las residencias madrileñas.
Conclusión
La comparecencia de Antonio Burgueño como investigado podría ser determinante para esclarecer quién tomó la decisión de no aplicar la medicalización en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Su testimonio y el del resto de implicados serán clave para depurar responsabilidades y avanzar en la búsqueda de justicia para las familias afectadas.
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